14 Enero 2020 - El movimiento colombiano Marcha Patriótica denunció este domingo “una verdadera crisis humanitaria” luego que en solo dos días hayan sido asesinados cinco de sus integrantes. A su vez, señaló que bajo la presidencia de Iván Duque fueron muertos 43 de sus miembros y desde septiembre del 2011 hasta enero del 2020 la cifra aumenta a 222 asesinatos en todo el país.
El pasado 10 de enero, en distintos municipios del departamento del Cauca, criminales ultimaron a Nelson Enrique Meneses Quiles, Amparo Guejia Mestizo y Juan Pablo Dicué Guejia. Lo mismo sucedió con Tulio César Sandoval Chia en el departamento Norte de Santander y al día siguiente, en Huila, con John Fredy Alvarez Quinaya.
Para Marcha Patriótica estos crímenes poseen patrones en común. Todos ellos son perpetrados “por sicarios” que a su vez “se desplazan en motos”. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas en su hogar o en las inmediaciones y todas participaban activamente “en procesos de movilización social”, explicaron en un comunicado. Además, todas las muertes se sucedieron “en lugares con amplia presencia y control militar de integrantes del Ejército Nacional”.
Asimismo, señalaron que desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares 51 militantes de la organización “han sido asesinados, a lo que se suman las desapariciones forzadas y las amenazas individuales y colectivas que se han realizado” en contra de otros integrantes.
Por su parte, la Pontificia Universidad Javeriana elaboró una base de datos sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas en las sentencias de los tribunales de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los grupos paramilitares. Allí figuran RCN Televisión, la Federación Nacional de Ganaderos, Ecopetrol, Chiquita Brands, Postobón y Cementos Argos, entre otras. Muchas de éstas firmas apoyaron con dinero y logística al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Desde Marcha Patriótica responsabilizaron a Iván Duque por no tomar “las medidas necesarias” para detener esta “alianza criminal” entre empresas y paramilitares que provoca niveles de violencia que en algunas zonas, como en Cauca, se transformó en crisis humanitaria.
Como afirma el académico Giovanny Leal, este “genocidio silencioso” es responsabilidad del Estado Colombiano “por su incapacidad institucional para frenar esta matanza, investigar los autores intelectuales y materiales de este etnocidio y juzgar a los responsables, de cara a garantizar la verdad y la reparación a las víctimas”.
