A escasos días de que se acordara adoptar un plan de ruta para favorecer las conversaciones tendientes a resolver el conflicto, Ortega propuso fortalecer el tribunal electoral e implementar con "propuestas de reformas (...) que perfeccionen procesos electorales, libres, justos y transparentes", recomendados por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo, ofreció fortalecer las libertades y derechos, pedir a la comunidad internacional que no aplique sanciones al país y liberar a detenidos en las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.
Sin embargo, un comunicado gubernamental destacó los liberados serían aquellas personas "que aún no han sido juzgadas", mientras que en el caso de los ya procesados "se revisarán sus expedientes" para no generar "impunidad".
El diálogo entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) se mantiene por el momento en un "impasse", luego que los representantes de la Iglesia católica se retiraron del mismo tras anunciar que no participarían en las conversaciones personalmente.
El "impasse" debe servir para que el gobierno reflexione y comience a dar "signos de voluntad política" de que está interesado en superar la crisis, comentó el jefe de la delegación de la ACJD, el exdiplomático Carlos Tünnermann.
La ACJD, en la que están agrupados estudiantes, campesinos, empresarios y sociedad civil, afirmó que reconsideraría su continuación en la mesa de diálogo. Asimismo, indicó ha planteado la presencia de la OEA y de Naciones Unidas como garantes para que se cumplan los acuerdos que se logren en las negociaciones.
El organismo anunció que, a solicitud del gobierno, enviará el lunes al representante Luis Ángel Rosadilla para analizar junto a "los actores" de las negociaciones una eventual participación de la OEA en el proceso.
Las pláticas se reanudaron el 27 de febrero, en momentos que el gobierno enfrenta problemas financieros y encara sanciones de Estados Unidos que le impedirán acceder a créditos de organismos multilaterales.
Las protestas en Nicaragua se iniciaron luego que el gobierno presentara una reforma a la seguridad social, la cual fue rechazada por la sociedad civil. Las autoridades reprimieron las manifestaciones populares luego que éstas exigieran la renuncia de Ortega.
Hasta el momento, la crisis ha dejando unos 325 muertos, 700 presos -aunque un centenar pasó a arresto domiciliario al iniciarse el diálogo el 27 de febrero- y miles de exiliados.