14-09-18.-La Fiscalía de Ecuador anunció la creación de una mesa de trabajo con la Comisión Nacional Anticorrupción, para indagar sobre las denuncias de supuestos delitos de lesa humanidad atribuidos al expresidente Rafael Correa (2007-2017), reseña la agencia Efe.
La Comisión Anticorrupción presentó al fiscal general del Estado, Raúl Pérez, documentos sobre supuestos delitos cometidos por el exmandatario durante la asonada policial del 30 de septiembre de 2010, conocido como caso “30-S”, que Correa interpretó como un intento de golpe de Estado en su contra.
El Ministerio Público informó en su cuenta de Twitter de que el fiscal Pérez pidió a la Comisión Anticorrupción el “compromiso de trabajo conjunto para seguir impulsando casos que esperan respuesta”.
“Este es un día histórico” porque la Fiscalía decidió conformar una mesa de trabajo con la Comisión Anticorrupción “para el seguimiento de casos relacionados al 30-S”, precisó el fiscal general del Estado.
Además, Pérez indicó que a la mesa de trabajo para indagar a Correa se invitará a la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador (UAFE).
Según la Comisión, el exmandatario sometió a una persecución política a quienes consideró responsable de la revuelta policial, que empezó como una protesta por salarios y derivó en un alzamiento de proporciones que, incluso, mantuvo retenido a Correa por más de nueve horas en un hospital de la institución del orden.
El exmandatario, que reside en Bélgica, reaccionó a la decisión de la Fiscalía y la Comisión Anticorrupción, y dijo que ello es un invento de sus enemigos políticos.
“Ahora también somos criminales de ‘lesa humanidad’: el 30-S nuestros pechos y cabezas atacaron salvajemente a las balas asesinas”, escribió de forma irónica Correa en su cuenta de Twitter.
“¡Ya no saben qué más tonterías inventar estos payasos! (¡Ya van 8 o 9 “denuncias” penales!)”, añadió el exgobernante.
La Comisión Anticorrupción también ha presentado otras denuncias contra la administración de Correa relacionados con supuestos delitos de corrupción cometidos en contratos de obras públicas.
