Brasilia, septiembre 11 - Con recursos aún pendientes de juzgamiento en el Supremo Tribunal Federal (STF), el plazo para que la coalición El pueblo feliz de nuevo reemplace el nombre de Luiz Inácio Lula como su candidato presidencial expira este martes.
A las 19:00 (hora local) vencerá el intervalo inicial de 10 días fijado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) para sustituir la candidatura de Lula y éste quedó firme este lunes cuando la titular de esa corte, Rosa Weber, rechazó un pedido del Partido de los Trabajadores (PT) para que el mismo fuera extendido hasta el próximo martes.
Weber, sin embargo, decidió someter a consideración del STF un recurso extraordinario presentado por la defensa de Lula que contesta la decisión proferida el pasado día primero por el TSE rechazando el registro de la candidatura, por entender que el mismo contiene un aspecto constitucional que debe ser discutido.
La víspera, además, fue presentada otra demanda ante el STF solicitando dejar sin efecto la decisión del TSE y extender hasta el 17 de septiembre, fecha límite establecida por el calendario electoral, el plazo para reemplazar el nombre del ex dignatario como candidato al Palacio de Planalto.
Hoy, a partir de las 14:00, sesionarán las dos salas de la Corte Suprema, pero en ninguna de éstas aparece programada la apreciación del caso de Lula, según el sitio web de la institución. Mientras, la próxima sesión en plenario está prevista para el jueves 13.
Según anunciaron ayer los abogados de la defensa de Lula, Valeska Teixeira y Cristiano Zanin, este lunes el Comité de Derechos Humanos de la ONU reiteró que el Estado brasileño debe garantizar a éste el pleno ejercicio de sus derechos políticos, incluso los inherentes a su candidatura presidencial.
Esta nueva resolución deja bien claro que Brasil está vinculado a las decisiones liminares del organismo y que todos los poderes, tanto el Legislativo, como el Ejecutivo y el Judicial, están obligados a acatarlas, manifestó Teixeira.
Mientras, Zanin apuntó que no hay espacio para que esa indicación no sea cumplida, pues como dice el comunicado del Comité, un Estado parte no puede invocar a su ley interna para incumplir la determinación.
El 17 de agosto último, el Comité de Derechos Humanos de la ONU indicó al Estado brasileño que asegurara a Lula el pleno ejercicio de sus derechos políticos, incluso los inherentes a su candidatura presidencial, 'hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo'.
Mas, el 1 de septiembre pasado, por mayoría de votos, el Tribunal Superior Electoral se rehusó a aceptar la resolución y se negó a registrar la candidatura presidencial del líder histórico del PT, además de dar un plazo de 10 días a la coalición El pueblo feliz de nuevo para que reemplazara su nombre en las fórmula electoral.
En dicha sesión extraordinaria, el informante del caso, ministro Luis Roberto Barroso, desconoció el carácter vinculante de la determinación del Comité de Derechos Humanos de la ONU y sostuvo además que la justicia electoral brasileña no está obligada a someterse a la misma.
Barroso y los cinco togados que le respaldaron resolvieron excluir de la contienda electoral al ex dignatario, alegando su inelegibilidad sobre la base de la llamada Ley de Ficha Limpia por estar condenado en segunda instancia; una situación que abogados de Lula han insistido es temporal y pudiera revertirse en las instancias superiores.
