1. El aumento de las amenazas por parte del aparato de Estado y de la criminalización de sectores de la oposición -incluidos miembro de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos- pautan la fase actual. Esta situación ha llevado al cierre obligado –temporal- de la sede de la Asociación Nicaragüense Por los Derechos Humanos (ANPDH) y al traslado a Costa Rica de su secretario ejecutivo, Álvaro Leiva, ya que los miembros de esta asociación viven bajo amenaza permanente. [1]
2. El exilio forzado del equipo de la ANPDH se debe a las amenazas de muerte y a la inseguridad permanente en su trabajo de defensores de los Derechos Humanos. Esta persecución constituye una violación flagrante de las obligaciones, por parte del Estado nicaragüense, de las normas interamericanas.
3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó la muerte violenta de 317 personas durante la represión de las manifestaciones. La ANPDH registró, por su parte, 448 personas. Ortega reconoció el asesinato de 195 personas. En otros términos y más allá de las cifras vertidas por el gobierno, Ortega reconoce que las fuerzas represivas del Estado han matado a personas sin defensa.
4. El gobierno sigue poniendo obstáculos para llevar adelante su tarea a los equipos de trabajo de la CIDH y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Las actividades de la CIDH, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que debía efectuar una visita de las cárceles nicaragüenses, no han sido autorizadas por el gobierno.
5. Desde fines de julio, el gobierno aplica una nueva forma de represión que apunta a la familia y a la comunidad. El control represivo es ejercido a través de fuerzas irregulares, un ejército paralelo integrado por paramilitares. La represión se ejerce también a través del sistema judicial, oficializando la criminalización de las protestas, sin que exista ninguna garantía en los procesos.
6. En Managua, Masaya, Jinotepe, Diriamba, Jinotega o León, los habitantes viven bajo el terror impuesto por los paramilitares armados y encapuchados. El temor que un pariente o un conocido pueda ser detenido por las fuerzas "parapoliciales" es permanente. La presencia paramilitar tiene por objetivo el de prohibir nuevas expresiones sociales de la protesta cívica así como el de intensificar la persecución de la población en este nuevo contexto de intento de condena y de criminalización oficial de la movilización social.
7. La preocupación sobre la situación de los presos políticos se acentúa, dadas las revelaciones sobre las violaciones de los Derechos Humanos. Efectivamente, las informaciones provenientes de las familias de presos o de otros detenidos, indican que el uso de la tortura es moneda corriente.
8. Miles de familias viven con la angustia y el dolor del asesinato de alguno de los suyos o por aquellos que han sido detenidos, torturados, perseguidos y llevados ante el juez por haber participado en manifestaciones callejeras democráticas y pacíficas, en cortes de ruta (tranques), o por haber resistido detrás de una barricada. La violencia gubernamental ha llegado a límites que nunca hubiéramos imaginado en la Nicaragua de "tiempos de paz".
9. Más de 85.000 personas han perdido su trabajo formal entre el 18 de abril y el 30 de junio de 2018, según las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN). Pero, por su parte, los cálculos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), hablan de la destrucción de 225.000 puestos de trabajo en los sectores formal e informal. Estos últimos son mayoritarios, dado el peso de la "informalidad" en la economía, una informalidad que es funcional al sector formal. (Ver los datos enumerados en el punto 17)
10. El desempleo resultante de la crisis no se debe solo a la semi-parálisis de diferentes actividades económicas (micro empresas, talleres de fabricación de muebles, turismo, comercio), sino también a la represión estatal. Más de un centenar de personas han sido expulsadas del sector público, ya sea porque han participado a las manifestaciones o porque han prestado asistencia a los heridos, como médicos y otros funcionarios de la salud.
11. El gobierno Ortega-Murillo ha ordenado el saqueo de empresas o invasiones de tierras, que eran la base de la inversión extranjera y local y la clave de la creación de puestos de trabajo en los años precedentes. En otros términos, no hay "paz" y la vida no es "normal", para utilizar las fórmulas que utiliza Ortega en sus entrevistas y declaraciones. La ciudadanía se siente impotente, vulnerable, amenazada y aterrorizada.
12. El gobierno Ortega-Murillo ha intensificado la persecución contra los participantes en las manifestaciones. Ha despedido también, de manera arbitraria, personal de hospitales y del sistema de salud pública. Al menos 135 funcionarios fueron despedidos en hospitales de León, Jinotepe, Masaya y Managua, comprendiendo a médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo.
13. La tendencia económica para los años a venir es la siguiente: el endeudamiento público y el desempleo seguirán en aumento; habrá seguramente un estancamiento del crecimiento o un retroceso del PIB, que podría situarse en un terreno negativo…
14. Un grupo de mujeres nicaragüenses cuyo peso es innegable, entre las cuales Gioconda Belli, Cristiana Chamorro, Lea Guido, Rita Delia Caso y otras 12 personalidades, ha firmado un documento dirigido al jefe del Ejército pidiéndole que desarme a los paramilitares que cometen actos criminales contra la población.
15. El gobierno Ortega-Murillo ha declarado que no va a autorizar la Comisión de la OEA a entrar en Nicaragua. Eso podría provocar la congelación del desembolso de préstamos del BID y del Banco Mundial, que juntos representan 68% del financiamiento total de Nicaragua. Con su decisión, Ortega corre también el riesgo de que sea solicitada su renuncia en la próxima reunión del Consejo Permanente de la OEA, tal como fue el caso con Somoza en 1979.
16. El gobierno Ortega-Murillo carece de toda credibilidad ante el consenso que se ha establecido en el seno de la dirigencia política americana. El pedido de elecciones anticipadas en Nicaragua aparece como un medio para resolver la crisis. La clase económica y política de América Central juzga a Ortega como un factor de inestabilidad de la región. Y los Estados Unidos expresan que "constituye una amenaza para la seguridad nacional". Ortega está más solo que nunca. El movimiento de oposición es, de facto, interclasista, un hecho que no es nuevo en enfrentamientos contra este tipo de regímenes autoritarios y represivos, dentro de una formación social (y de su historia).
17. Las estimaciones más realistas prevén una caída de 3% del PIB. Unas 270 empresas han interrumpido sus actividades. El sector del turismo registra pérdidas que alcanzan los 230 millones de dólares y la pérdida de puestos de trabajo en este sector alcanza los 70.000. Unos 800 restaurantes registrados han cerrado sus puertas, así como 80% de los pequeños hoteles. Cuatro compañías aéreas han reducido la cantidad de vuelos entre Nicaragua y los Estados Unidos. La falta de mano de obra de temporada impacta fuertemente la producción de café, con una pérdida de ingresos estimada de 400 millones de dólares. Las "ocupaciones" de tierras, estimuladas por el gobierno con el objetivo de ampliar su base social, impactan también otros sectores de la producción agrícola.
Nota:
[1] Es, entre otros, el caso de Mejía Godoy, autor de más de 200 canciones, la mayoría de ellas comprometidas con la insurrección que derribó a la dinastía somocista el 19 de julio de 1979. Mejía Godoy, compuso también canciones de apoyo a la rebelión cívica que comenzó el 18 de abril de 2018. El cantante nicaragüense exigió que hubiera justicia para las víctimas de la represión y los asesinados. A principios de agosto de 2018, Mejía Godoy anunció que debía exiliarse luego de haber recibido amenazas de muerte claras y explícitas. (Redacción de A l'encontre)
Fuente: http://alencontre.org/