Empresa estadounidense Ocean Infinity, intentará localizar submarino argentino

El submarino argentino desaparecido, ARA San Juan

El submarino argentino desaparecido, ARA San Juan

Credito: Archivo

Buenos Aires, 17 de Agosto - La empresa estadounidense Ocean Infinity intentará localizar el submarino argentino ARA San Juan luego de que durante nueve meses fracasaran todas las tareas de rastreo del sumergible desaparecido en el Atlántico Sur con sus 44 tripulantes a bordo.

“Es un alivio que se haya elegido a una empresa como Ocean Infinity que es de lo mejor del mundo, con un buque de 110 metros de eslora... con tecnología y experiencia importantísimos”, dijo el viernes a The Associated Press Luis Tagliapietra, padre del submarinista del ARA San Juan Alejandro Tagliapietra.

Una vez que el Ministerio de Defensa comunicó el jueves por la noche la decisión de contratar a la empresa, los familiares de los tripulantes que acampaban desde hace 52 días cerca de la casa de gobierno en reclamo de la aparición del submarino comenzaron a desmontar sus carpas.

Luis Antonio Niz, padre de Luis Alberto Niz, técnico sonar del sumergible, destacó ante periodistas la batalla librada por los allegados de los submarinistas para que no sean olvidados. “Sin lucha no se consigue, lo logramos. El 19 de agosto mi hijo cumple 28 años y por lo menos tenemos la esperanza de que lo van a ir a buscar”, afirmó.

Ocean Infinity cobrará 7,5 millones de dólares “solamente si encuentra el submarino”, indicó el Ministerio de Defensa. La empresa estuvo rastreando, aunque de forma infructuosa, el avión de Malaysia Airlines que desapareció en 2014 sobre el Océano Índico con más de 200 pasajeros.

Ocean Infinity señala en su página de internet que cuenta con vehículos autónomos sumergibles que pueden operar a 6.000 metros de profundidad recolectando “datos de alta resolución”. Esta flota es acompañada por vehículos de superficie para asegurar de forma precisa las posiciones y una constante comunicación.

El ministerio informó “la contratación directa de urgencia” de la firma, seleccionada tras la intervención de dos comisiones de asesoramiento de la Armada argentina. No precisó cuándo comenzará la búsqueda.

Cuatro familiares de los tripulantes desaparecidos se embarcarán en el buque de la empresa para supervisar las operaciones de localización. Entre ellos estará Tagliapietra.

“Iré embarcado para verificar que todo se haga como corresponde. Es muy importante para mí poder ir a buscar a mi hijo”, afirmó.

Las familias de los submarinistas redoblaron en los últimos meses sus protestas para que el gobierno definiera cuanto antes la empresa privada a cargo de la búsqueda del sumergible.

El submarino diésel eléctrico clase TR-1700 de fabricación alemana y en operaciones desde los años 80 desapareció a la altura del Golfo San Jorge cuando navegaba desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, hacia su base en Mar del Plata situada a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, tras participar de un ejercicio de adiestramiento.

El día que desapareció el comandante del ARA San Juan informó que había sufrido una avería a raíz de la entrada de agua a las baterías a través del snorkel -el dispositivo por el cual el sumergible toma aire de la superficie para operar sus motores-, pero que el incidente había sido resuelto. Horas después se registró una explosión cerca de donde se había perdido contacto con la nave.

Una veintena de familiares son querellantes en la causa judicial que busca determinar qué le ocurrió al submarino y a la que fue incorporada una auditoría de fines de 2016 que indicó que sufría una treintena de fallas, algunas preocupantes.

El operativo para localizarlo llegó a sumar a 18 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido. Decenas de objetos detectados en el fondo marino fueron descartados.

En abril Rusia, el último país que colaboraba con alta tecnología, se retiró de la búsqueda. Las tareas quedaron a cargo de unas pocas unidades de la Armada argentina con tecnología insuficiente.

La licitación para adjudicar la búsqueda se frustró en julio luego de que la adjudicación a la empresa española Igeotest Geoscience fuera cuestionada ante la justicia penal por abogados de algunas familias, lo que obligó a reiniciar el proceso para dar con una empresa adecuada.



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