25 de junio de 2018.- .El Movimiento Sindical Costarricense, que agrupa a las principales organizaciones obreras de Costa Rica, reiteró este domingo su llamado a una movilización nacional para este lunes 25 de junio, en la denominada "primera gran huelga", de la administración de Carlos Alvarado, quien asumió la presidencia el pasado 8 de mayo.
"Por la reapertura de paritarias, por el pase a planta permanente y la reincorporación de los despedidos y despedidas", reclaman desde el sector público. En el caso de la ATE el paro será de carácter activo con actos, asambleas y movilizaciones en distintos lugares del país.
Del mismo modo, el presidente de la CLATE manifestó su solidaridad y adhesión con la convocatoria a huelga general en Costa Rica. La Unidad Sindical Nacional de Costa Rica, integrada por gremios de todo el país, convocó a una gran huelga regionalizada para el lunes 25 de junio.
La Capital
En San José, los manifestantes marcharán desde distintos puntos hacia la Asamblea Legislativa y hacia Casa Presidencial.
En apoyo a la protesta, gran número de maestros pidieron a las familias no enviar a sus hijos a clases este lunes. Por su parte, la mayoría de los centros de salud aseguran que sólo atenderán emergencias y cuidados intensivos.
El 25 de abril, en la primera huelga general contra el plan fiscal, participaron al rededor de 200 mil personas.
¿Qué propone el Gobierno en su plan fiscal?
El Fortalecimiento de las Finanzas Públicas implica, entre otras medidas, gravar numerosos servicios que hoy están exentos. Por ejemplo, imponer una tasa del 13 por ciento a servicios informáticos, de abogados, gimnasios, espectáculos, alquileres, electricidad, transportes privados, juegos de azar y exposiciones comerciales.
Además, propone una tasa del 4 por ciento para la educación y la salud privadas, así como para los libros en todos sus formatos, los boletos aéreos, la compra de empaques y embalajes y sus materias primas, también a equipo y maquinaria y a los servicios para la producción agropecuaria y agroindustrial.
Costa Rica enfrenta un déficit fiscal que en 2017 superó un 6,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), problema financiero que el país arrastra desde hace más de una década