“Los tiempos grandes requieren grandes sacrificios”, le escribía José Martí a Máximo Gómez el 13 de septiembre de 1892, en medio de los preparativos que habrían de desembocar en el reinicio de las guerras de Independencia del pueblo cubano. La carta habría de impactar en el espíritu del destinatario. Los términos en que estaba redactada eran tan firmes como firme debía ser la toma de decisión. En esa misiva, el delegado del Partido Revolucionario Cubano (PRC), luego de ofrecerle al guerrero dominicano-cubano la jefatura del ramo de la guerra, le solicitaba que dejara a su esposa e hijos, al dulce hogar creado en tierra de Quisqueya, para ayudar a Cuba a conquistar su Independencia.
La indispensable y compleja unidad revolucionaria, que había tenido en la fundación del PRC su máxima posibilidad de instrumentarse, se afianzaba con la decisión inquebrantable del general Gómez de aceptar la encomienda martiana. Días antes del histórico encuentro Gómez-Martí en República Dominicana, el general en jefe, electo mayoritariamente entre los veteranos del antiguo Ejército Libertador, reafirmaba su voluntad de apoyo a la liberación de Cuba: “Porque Martí y yo somos dos átomos ante la grande idea de la redención de un pueblo”.
Acababa de sellarse un compromiso político trascendental, pero el empeño organizativo de la Revolución Cubana, en el contexto histórico finisecular en que se fraguaba, exigía del cumplimiento de tareas que rebasaban la mera voluntad de enfrentar el colonialismo español hasta arrancarlo de tierra cubana. En rigor, la independencia de Cuba y Puerto Rico, en modo alguno habría de asumirse al margen de la emergencia del imperialismo en el colosal vecino del Norte y del consecuente desborde de sus capitales hacia las empobrecidas y dependientes naciones de “nuestra América”. Evitar a tiempo esa expansión imperial sería una de las claves de la acción política martiana.
El delegado trabajaría sin descanso en concientizar sobre la trascendental obra libertadora, al mismo tiempo que aunaba voluntades, dentro y fuera de Cuba, limaba asperezas, enfrentaba las campañas de las fuerzas opositoras a la Independencia y concertaba las acciones estratégicas en medio de un sofisticado dispositivo de espionaje español, en contubernio con las autoridades de Estados Unidos.
Mientras la labor unificadora cuajaba, los sucesos se precipitaban. El 8 de diciembre de 1894, José Martí, el general Enrique Collazo, representante del Occidente, y el brigadier José María Rodríguez, comisionado del general Máximo Gómez, acordaban enviar las instrucciones indispensables para el plan de alzamiento. El trascendental texto, preciso en todos sus puntos, disponía el inicio de las acciones para los días finales de ese mes, con plenas garantías de apoyo desde afuera. Los alzados no quedarían abandonados a su suerte, pero, tan pronto recibieran sus jefes “el aviso final” por las vías establecidas, debían aguardar alrededor de diez días antes del levantamiento o proceder, si así lo estimaban conveniente, a “alzarse unánimemente”.
La prudencia se imponía tras la emisión del documento. Los emisarios desde Nueva York se multiplicaban. Cada uno con misiones precisas para el liderazgo en La Habana, Oriente, Camagüey y Las Villas. Martí, por su parte, orientaba directamente a Juan Gualberto Gómez, su delegado en la Isla, el procedimiento a seguir en Camagüey. El plan solo debía llegar a manos de Salvador Cisneros Betancourt, al tiempo que debía mostrarse el mayor respeto a la autonomía de cada comarca, sin dar margen a que aparecieran las sombras nefastas de la propaganda regionalista. La unidad desde la arrancada debía ser un hecho como principal arma política, garante de los futuros éxitos militares.
Año nuevo de 1895. No obstante la incesante labor de espionaje, Martí logra ultimar los detalles de las tres expediciones que habrían de salir con sus respectivos jefes hacia costas cubanas. La hora parece llegar, cuando de pronto un suceso hostil violenta la consecución del plan de alzamiento.
Resultado de la impericia –o tal vez de la traición– queda frustrado el denominado Plan de Fernandina, con la incautación de las embarcaciones que conducirían a la Isla a los principales jefes militares residentes en el extranjero. El 14 de enero, la aduana estadounidense embargaba un cargamento apreciable de fusiles Winchester, Remington, revólveres Colt y otros pertrechos bélicos dirigidos al apoyo del alzamiento interno.
A pesar del fracaso del plan original, los revolucionarios en Cuba mantenían la decisión de levantarse en armas. El golpe a la organización era fuerte, pero Martí planteó su decisión de zarpar “en una cáscara de nuez, o en un Leviatán” hacia costas cubanas. Una vez más se reunía en Nueva York con Collazo y Mayía Rodríguez, en presencia, además, de Gonzalo de Quesada. Informó sobre la situación en la Isla, todo un hervidero de pasiones. Imposible posponer las acciones. Esta vez decidieron emitir la orden de alzamiento, menos detallada que el plan original, pero con instrucciones concretas ajustadas a los imperativos del momento. El alzamiento debía ser simultáneo “o con la mayor simultaneidad posible” durante la segunda quincena de febrero.
Un tabaquero de Cayo Hueso, Juan de Dios Barrios, sería el encargado de hacerle llegar a Juan Gualberto las nuevas instrucciones, las cuales debía dirigir inmediatamente a Guillermo Moncada; en Santiago de Cuba, a Salvador Cisneros; en Camaguey; y a Francisco Carrillos, en Remedios.
Puestos de acuerdo en La Habana, Julio Sanguily, José María Aguirre, Antonio López Coloma, Pedro Betancourt y el delegado de Martí en la Isla, acordaron proponer a los jefes principales del resto de las provincias el 24 de febrero como fecha del levantamiento.
Pero las dificultades no solo fueron de índole externa. El alzamiento tampoco se produjo con la mayor simultaneidad posible en las regiones comprometidas, tal como se dispusiera en la orden cursada a Juan Gualberto. En Occidente y Las Villas los principales líderes, los generales Julio Sanguily y Francisco Carrillo, respectivamente, fueron sorprendidos y capturados el mismo día previsto para el inicio de las acciones. Ello no implicó, sin embargo, que dejaran de producirse pronunciamientos aislados en Ibarra y Jagüey Grande, pertenecientes a Matanzas, así como en Los Charcones y Aguada de Pasajeros, en la provincia de Las Villas. Juan Gualberto Gómez, Antonio López Coloma, Martín Marrero, Joaquín Pedroso, José Álvarez Ortega –conocido por Matagás– se encontraban entre los complotados que acudieron al cumplimiento de la orden de alzamiento.
Otra sería la realidad del 24 de febrero en la región oriental. Días antes de la fecha acordada, sus principales jefes ya estaban internados en los montes. Moncada, Pedro A. Pérez, Bartolomé Masó, Florencio Salcedo, Saturnino Lora, Jesús Sablón Moreno –conocido como Jesús Rabí– tomaron las medidas indispensables en sus respectivas localidades para asegurar las acciones. A pesar de la precariedad de las fuerzas libertadoras sobre las armas y la pertinaz propaganda autonomista contraria al movimiento armado, el estallido y sostenimiento de la guerra en Santiago de Cuba, Guantánamo, Jiguaní- Baire, Manzanillo, Bayamo y Holguín, facilitaron, en su primera etapa (febrero-abril de 1895), el desembarco de los principales jefes de la Revolución y la consecuente consolidación de la lucha armada en la Isla.
