25 junio 2017 - Los Estados deben ejercer hoy un mayor control sobre las empresas multinacionales que tengan su sede o estén domiciliadas en su territorio y que operan en otros países, según un informe de la ONU publicado aquí.
El documento, elaborado por un grupo de expertos, persigue alertar sobre la necesidad de asegurarse de que las actividades de esas poderosas compañías no afectan los derechos humanos de los ciudadanos.
'Sería contradictorio que un Estado permaneciera impasible si un actor domiciliado en su territorio y, por tanto, bajo su control y autoridad, dañase los derechos de personas de otro país', indica el informe, que responde al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Esta guía señala el deber de vigilar a las corporaciones, operen donde operen, y dar prioridad al bienestar económico, social y cultural de sus ciudadanos por encima del cumplimiento de tratados de inversiones, conforme al Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que la gran mayoría de países adoptaron.
El autor del texto, Olivier De Schutter, sostiene que el Estado tiene jurisdicción sobre una persona física o jurídica domiciliada en un nación, esté donde esté y haga lo que haga, y a actuar si se violan las leyes, incluso si esto ocurre en otro país, donde las normas son menos estrictas.
Proteger el secreto bancario y conceder beneficios fiscales a las empresas, afecta la capacidad oficial de invertir en otras propuestas que beneficiarían a su población, continuó el experto.
Este instó a los Estados a mayor cooperación entre sí, para combatir las prácticas abusivas de las corporaciones transnacionales.
En caso de incumplimiento del pacto, el informe pide a los países que impongan sanciones penales o administrativas, que revoquen las licencias, los subsidios y cualquier apoyo destinado a la compañía malhechora, y facilitar una reparación a las víctimas por los daños sufridos.
La presidencia del órgano que supervisa el cumplimiento del pacto, consideró que estas directrices son esenciales en tiempos en que las inversiones extranjeras y los intercambios comerciales aumentan.
En el documento se consigna, además, la obligación estatal de luchar contra la evasión de impuestos de grandes corporaciones que se sirven de un sistema de sociedades opacas para ocultar capitales en paraísos fiscales.
