Guatemala, marzo 15 - Movimientos sociales de Guatemala y de la región exigen justicia al Gobierno de Guatemala tras el incendio en el que murieron 40 niñas recluidas en el Hogar Virgen de la Asunción, a cargo del Estado.
Este miércoles, cuando se cumple una semana del suceso, la Alianza de mujeres y mujeres indígenas por el acceso a la justicia en Guatemala se movilizó con el lema "No se inmolaron, a ellas las quemaron", al tiempo que organizaciones feministas convocaron a movilizaciones en las embajadas de Guatemala en Colombia, Nicaragua y España.
En paralelo, un grupo de diputados presentó el martes una denuncia penal contra el presidente guatemalteco Jimmy Morales por su presunta responsabilidad en la muerte de las 40 niñas.
Los movimientos sociales, organizaciones y familiares de las niñas responsabilizan al Gobierno de Morales por no haber evitado este incidente, aun cuando ya se habían hecho denuncias sobre la violación de los derechos humanos en el lugar.
De acuerdo a autoridades policiales, las investigaciones apuntan a que una o varias niñas iniciaron la quema de colchones como medida de protesta a las condiciones infrahumanas en las que vivían.
La defensora de la Niñez, Gloria Castro, que depende de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, informó el pasado jueves que las niñas y adolescentes que murieron en el incendio se encontraban encerradas "bajo llave" cuando se inició el fuego.
Castro explicó que ninguna de las niñas habría podido salvar su vida, ya que las puertas y ventanas del albergue de menores, situado en la localidad de San José Pinula, a unos 20 kilómetros de Ciudad de Guatemala, habían sido selladas como medida de castigo después de que un grupo de 60 adolescentes decidieran escaparse del centro, refiere Prensa Libre.
El Ministerio de Salud de esa nación, registró que 19 de las adolescentes, entre 12 y 17 años de edad, murieron durante el incendio y 21 de ellas en hospitales, por presentar fuertes quemaduras de hasta cuarto grado.
El Estado mantenía internado en este albergue —destinado a niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza o que han sufrido abandono, maltrato, abusos sexuales— más de 700 menores, cuando su capacidad es de 400.
Ante este suceso, el presidente de esa nación, Jimmy Morales, admitió que las niñas se encontraban encerradas como medida para "evitar una tragedia".
"Se tomó la decisión de separar a todos los niños y adolescentes para que no estuvieran hombres y mujeres juntos (...) y evitar agresiones entre sí (...). Estuvo bajo las medidas de seguridad necesarias incluida la llave", dijo el Presidente guatemalteco el pasado viernes a CNN en Español.
El mandatario además solicitó apoyo al gobierno de Estados Unidos que el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) apoye las investigaciones de este suceso.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) en Guatemala pidieron este miércoles crear un Comité de crisis tras el incendio.
Pidieron también que el Estado implemente "de manera urgente" las reformas necesarias para "pasar de un modelo tutelar y de seguridad a un sistema de protección y de derechos humanos de la niñez y de la adolescencia", citó Efe.
Tras el hecho, intelectuales de Guatemala se han expresado contra la violación de los derechos de niños, dolescentes y mujeres. Tal es el caso de la periodista Marielos Monzón, quien en su artículo Las niñas de Guatemala, publicado en Prensa Libre este 14 de marzo manifestó que la muerte de las 40 niñas es "consecuencia inevitable de un sistema de exclusión, violencia y desigualdad, que desecha seres humanos por su condición económica, étnica y/o de género; un sistema en donde todo se compra y se vende, y donde las niñas y adolescentes son consideradas o
