28 de febrero de 2017.- Alrededor de 1.200 escoltas y 12 oficiales de alto rango ingresarán a la Unidad Nacional de Protección para proteger a los integrantes de la dirigencia de las Farc y sus familias. Así lo ordena el decreto firmado por el presidente Juan Manuel Santos, en el marco del uso de las facultades extraordinarias que tiene para implementar el Acuerdo de Paz.
Según este decreto, “los esquemas de seguridad… serán de conformación mixta y estarán integrados por personal de confianza del nuevo partido político o movimiento que surja del tránsito de las Farc hacia la vida legal”. Quienes pasen a integrar la UNP ganarán un salario de $ 1.825.843 y tendrán las prestaciones sociales contempladas en la ley.
Este paso en el cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz contrasta con las denuncias que llegan de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, acerca de la mala prestación de los servicios de salud para los guerrilleros que allí se encuentran, como es el caso de la Zona Veredal Llano Grande, en Dabeiba, Antioquia.
En el puesto de salud permanente de la Zona Veredal Urías Rondón, ubicada en La Macarena, departamento del Meta, no se le prestó atención médica a una guerrillera en estado de embarazo.
En este contexto, la lucha por la implementación del Acuerdo de Paz avanza con tropiezos debido a los constantes incumplimiento del Gobierno Nacional. En las próximas horas se reunirán los integrantes de la Comisión de Seguimiento e Implementación de los Acuerdos para definir si se reforman las fechas de la dejación de armas por parte de las Farc.
