Brasilia, febrero 14 - La Corte Suprema de Brasil decidió mantener a Wellington Moreira Franco como ministro de la Secretaría General de la Presidencia a pesar de las medidas cautelares de jueces de primera instancia que anularon su nombramiento al estar involucrado en el caso de corrupción en Petrobras.
Dos partidos opositores al Gobierno interino de Michel Temer, Rede Sostenibilidad y Partido Socialismo y Libertad (PSOL), pidieron la suspensión del nombramiento porque Wellington fue citado en al menos una de las delaciones premiadas con la Justicia de los 77 exdirectivos de la constructora Odebrecht, implicada en el gigantesco caso de corrupción en la petrolera Petrobras.
Sin embargo, el magistrado del Tribunal Supremo, Celso de Mello, decidió mantener en el cargo a Moreira Franco, un hombre cercano al presidente Temer. De Mello también le garantizó la condición de fuego privilegiado.
Moreira Franco, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, era hasta su nombramiento como ministro el responsable de un plan de privatizaciones del Gobierno interino.
Con el fuero privilegiado como ministro, solo podrá ser juzgado por la Corte Suprema de Brasil, que suele ser más lenta en las decisiones.
Lo dos partidos que pidieron la anulación del nombramiento se apoyaron en una cautelar dictada en marzo de 2016 por un magistrado de la Corte Suprema, que impidió al expresidente Lula da Silva ocupar un cargo en el gabinete de Dilma Rousseff, víctima de un golpe parlamentario el año pasado y sustituida por Temer.
En ese momento, Lula era investigado por supuesta corrupción, lo que dio lugar al magistrado Gilmar Mendes a aceptar una demanda contra su nombramiento bajo la misma premisa. La cautelar nunca fue analizada por el pleno del Supremo, al cual Lula se dirigió la semana pasada para exigir una corrección de lo que calificó de "error histórico".
Los testimonios dados por los exdirectivos de Odebrecht implicarían a decenas de políticos de varios partidos y también pudieran salpicar al propio Temer quien habría recibido dinero de esa empresa para campañas sin haberlo declarado ante las autoridades electorales como impone la ley.
