En todos los casos el elemento común es la denuncia del desalojo de sus tierras

Asesinan en Colombia a defensores de víctimas de los paramilitares

24 de febrero 2009. - Al menos 20 líderes de grupos de defensa de víctimas de paramilitares de extrema derecha en Colombia fueron asesinados en los últimos tres años por hombres no identificados por las autoridades, pero posiblemente involucrados con organizaciones armadas que durante los años 80 y 90 arrebataron bienes a campesinos y cuya posesión pretenden asegurar ahora, mediante nuevos crímenes y acciones al margen de legislación nacional.

La señal de alerta fue lanzada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el organismo creado por Estado colombiano para garantizar el cumplimiento de una legislación que facilitó la desmovilización de organizaciones armadas ilegales, la Ley de Justicia y Paz.

Los crímenes contra líderes de las organizaciones de víctimas de paramilitares ocurrieron en la región de Urabá, en el noroccidental departamento de Antioquia, una de las más azotadas por el conflicto armado interno en la década de los 90, según un informe de la CNRR, divulgado este domingo por el diario El Tiempo.

"En todos los casos, el elemento común" es el reclamo de campesinos desplazados a quienes los grupos de paramilitares les arrebataron sus bienes "a sangre y fuego", señaló el reporte de la CNRR, presidida por el académico Eduardo Pizarro, quien asumió el cargo para asegurar que la legislación no fuera eludida por los individuos que se entregaron a las autoridades judiciales, conocidos como "desmovilizados".

Al menos 30 mil miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron en 2007, al acogerse a la legislación propuesta por el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

La llamada Ley de Justicia y Paz obliga a los ex combatientes acusados de crímenes de lesa humanidad a confesar sus delitos y entregar la totalidad de sus bienes ilícitos para reparar a las víctimas, a cambio de penas de prisión de máximo ocho años.

Desmovilizados poseen bienes ilícitos con prestanombres

Según Pizarro, presidente de la CNRR, muchos desmovilizados tienen previsto que al salir de prisión en un plazo máximo de ocho años tendrán la oportunidad de gozar de otros bienes adquiridos ilegalmente, dejados en manos de prestanombres.

Por ello, señaló Pizarro, cada persona que aparece ante las autoridades para reclamar lo que muchos ex paramilitares escondieron, se convierte en una amenaza potencial que los podría enviar a prisión por 40 años, "y algunos están haciendo lo que sea para evitar ese riesgo".

En consecuencia, la CNRR teme que la violencia contra las víctimas se dispare, como ocurre en el departamento de Antioquia, en el que se habla de 525 amenazados, 463 de los cuales pidieron protección al gobierno en 2008.

Además de la desmovilización de combatientes paramilitares, líderes de sus organizaciones como Salvatore Mancuso fueron extraditados a Estados Unidos.

Las declaraciones de los desmovilizados dieron lugar también a destapar un escándalo conocido como la narcoparapolítica, en el que se han visto involucrados legisladores y funcionarios públicos del gobierno nacional y departamentales con dirigentes paramilitares.

La narcoparapolítica también salpicó a empresarios como el propietario de un equipo de futbol, Eduardo Dávila Armenta, dueño del Unión Magdalena, a quien el jueves pasado le giró orden de captura la Fiscalía General.

La desmovilización forma parte de una política más amplia del gobierno de Uribe denominada "seguridad democrática", que no sólo ha sido cuestionada por sectores de izquierda en Colombia, sino también por políticos como el ex presidente César Gaviria, quien en una entrevista publicada esta semana en El Tiempo, dijo:

El paramilitarismo "no se ha acabado, entre otras cosas, porque es una secuela del narcotráfico, y mientras en Colombia haya tanto narcotráfico, habrá paramilitarismo. Ese es un mundo de señores que se adueñaron de la tierra rural y la han defendido a sangre y fuego. La pelean para laboratorios de droga, para producir coca y para acumular riqueza. Eso es el paramilitarismo de hoy. Es una terrible contrarreforma agraria que se ha dado por años sin que el Estado haga nada para evitarlo. El gobierno pareciera más interesado en legitimarlo".

Investigan espionaje a políticos, magistrados y periodistas

Agentes de la Fiscalía General catearon este domingo la sede central del servicio secreto de Bogotá, al comenzar a investgigar una denuncia periodística sobre actividades ilegales de espionaje contra dirigentes de la oposición, magistrados y periodistas.

Por la tarde, el director del organismo, Felipe Muñoz, informó de la destitución del subdirector de Inteligencia del Departamento Autónomo de Seguridad, Jorge Alberto Lagos, quien se desempeñaba en el cargo desde hace tres años.


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