«Estados Unidos transformará Arabia Saudí en un Estado paria». La dureza de las declaraciones de Joe Biden durante la campaña presidencial de 2020 contra un aliado estratégico de primer orden para Estados Unidos sorprendió a muchos y tuvo gran repercusión.

Hubo quien quiso ver en las palabras del entonces todavía candidato presidencial demócrata un anuncio de cambio drástico en la política exterior tradicional de su país, que su gobierno defendería los derechos humanos por encima de cualquier interés económico o político.

Biden se mostraba indignado con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, tras conocer un primer informe de la CIA en el que se lo acusaba de haber ordenado en 2018 el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, muy crítico con su régimen.

Khashoggi vivía en Washington y era colaborador habitual de The Washington Post. El periodista necesitaba actualizar su documentación saudí para casarse con su prometida turca.

Para ello mantuvo una entrevista con el cónsul saudí en Washington, Jaled bin Salman, hermano del príncipe heredero, quien supuestamente le habría dado garantías por su seguridad y le habría índicado que el lugar donde debía hacer el trámite era el consulado saudí en Estambul.

Khashoggi acudió entonces el 2 de octubre de 2018 a ese consulado… pero no salió nunca de él.

Al menos no salió vivo, ni con el cuerpo entero, tal como mostraron las cámaras de seguridad.

Asesinado por escoltas de Bin Salman

El periodista saudí no salió pero sí se vio salir a un nutrido grupo de personajes que habían entrado a la sede diplomática en la noche del 1 de octubre de 2018, un día antes de la llegada de Khashoggi.

Era una quincena de agentes de Inteligencia y otros funcionarios saudíes, cinco de ellos miembros del propio equipo de seguridad personal del príncipe Mohamed bin Salman.

Las cámaras del aeropuerto de Estambul y las cámaras del exterior del consultado permitieron identificar a los quince funcionarios, que llegaron en dos aviones, y así se pudo armar el puzzle de lo ocurrido esos días en la sede diplomática.

Uno de esos funcionarios, Maher Abdulaziz Mutreb, era un acompañante habitual del príncipe heredero en sus viajes, con el que se lo vio en la ONU, en París y que estuvo con él incluso en Madrid. Al menos cuatro de esos individuos habían recibido entrenamiento paramilitar especializado en Estados Unidos, según reveló en octubre de 2020 The New York Times.

El entrenamiento, autorizada por el Departamento de Estado durante la Administración de Barack Obama, fue realizado por Tier Group, una empresa privada de seguridad, e incluyó a numerosos miembros de la Guardia Real saudí entre 2014 y 2017.

Al conocerse el informe acusatorio de la CIA, con pruebas muy contundentes, el reino saudí, que inicialmente había asegurado que Khashoggi salió por su propio pie del consulado tras hacer su trámite, terminó reconociendo que murió en sus dependencias, y responsabilizó de ello a algunos de sus agentes de haberse ‘excedido’ en el interrogatorio. Supuestamente ocho de los autores materiales fueron juzgados y condenados posteriormente.

Mucho se especuló en su momento sobre cómo se deshicieron del cuerpo de Khashoggi sus asesinos. El Gobierno turco ordenó registrar la sede diplomática y dijo posteriormente haber encontrado vídeos, audios y otras pruebas de cómo fue asesinado y cómo se hizo desaparecer su cuerpo, descuartizándolo, información presumiblemente facilitada luego a EEUU y otros aliados, y que habría sido vital para las investigaciones de la CIA.

Una condena con la boca chica

El asesinato provocó la repulsa de numerosos mandatarios, de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, de la ONU y distintas personalidades mundiales.

Sin embargo, muy poco después, a fines de noviembre, a menos de dos meses del asesinato de Khashoggi, el príncipe acudía a la cumbre del G20 en Buenos Aires, donde coincidió con la mayoría de ellos y mantuvo también reuniones bilaterales con líderes de distintos países.

Aún así y durante un tiempo la mayoría de mandatarios evitó visitar Riad y tampoco invitó a sus respectivos países al príncipe. Se evitaba visiblemente ser acusados de blanquear a un asesino. Había que eludir fotos y vídeos estrechando su mano.

Eso sí, tanto Estados Unidos como Francia, Reino Unido, España como otros países siguieron vendiendo armas a Arabia Saudí, inmersa en una cruenta guerra en Yemen.

En concreto, en el caso de España, y pese a las protestas de Unidas Podemos y otros socios de investidura, la Oficina Económica y Comercial de España en Riad ha seguido resaltando las magníficas «oportunidades de negocio» que ofrecen para nuestro país las ventas a las Fuerzas Armadas Saudíes.

Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, solo durante el primer semestre de 2021 España vendió a Arabia Saudí armamento -fundamentalmente munición de artillerías- por valor de 55,1 millones de euros, mientras que en todo 2020 se habían vendido 48,3 millones. La Armada española incluso ha seguido entrenando a miembros de la Marina saudí en el uso de barcos de guerra construidos por Navantia en Ferrol.

Biden baja el tono con el príncipe heredero

El 11 de febrero de 2021, con Biden ya en el poder, y en un acto poco habitual, la Casa Blanca desclasificó el informe de tres páginas de la CIA donde se aportaban las pruebas de que el príncipe Mohamed bin Salman había ordenado el asesinato de Khashoggi y se aseguraba que los asesinos descuartizaron e hicieron desaparecer su cadáver. La difusión pública del informe suponía sin duda un cambio frente a la tibieza con la que actuó la Administración Trump sobre este tema.

Horas después de conocerse ese informe de la CIA el Departamento de Estado anunciaba restricciones de visado para 76 funcionarios saudíes de los que se sospechaba controlaban y amenazaban a otros disidentes del reino en el extranjero.

Pero hasta ahí llegaron las sanciones. Biden ya no se mostraba tan duro como durante su campaña electoral. Siguió condenando el crimen pero dijo que tomar represalias contra el régimen de Riad debilitaría la lucha contra el terrorismo, afectaría los intereses geopolíticos de EEUU, y que tendría consecuencias muy negativas para el mercado energético mundial.

En una entrevista concedida en 2021 a The Atlantic, el príncipe heredero saudí dijo sobre las críticas de Biden: «Simplemente no me importa, mejor que se preocupe por los problemas de Estados Unidos». Bin Salman llegó a insinuar suavemente la posibilidad de una ruptura en las relaciones con Estados Unidos.

Fue suficiente para que Biden evitara volver a hablar del asesinato de Khashoggi, asunto zanjado.

Encuestas realizadas en Estados Unidos mostraban que el 62% de los electores demócratas reclamaban al Gobierno de Biden que mejorara las relaciones con Arabia Saudí e incluso con Irán y Venezuela si con ello se lograba bajar el precio de la gasolina.

Ese mismo año, Boris Johnson y Emmanuel Macron rompían la veda y visitaban al príncipe en su palacio. La operación blanqueo ya estaba en marcha. El foco estaba puesto en la pandemia, no en el asesinato de un periodista crítico saudí salvajemente asesinado tres años antes.

En julio de 2022, con la guerra de Ucrania en pleno apogeo y con la crisis energética y alimentaria declarada Biden se rendía ante el príncipe Mohamed bin Salman, y visitaba Riad como parte de una visita a Oriente Medio. Pocos días después, un triunfante Bin Salman hacía su primera visita a Europa después del asesinato de Khashoggi.

Pero aún faltaba una pieza para el blanqueo total del príncipe heredero. La prometida del periodista asesinado, la turca Hatice Cengiz y Democracia Ahora por el Mundo Árabe (DAWN, la organización defensora de los derechos humanos que Khashoggi había creado) tenían presentado desde 2020 una denuncia de 61 páginas por asesinato contra Bin Salman ante un juzgado federal de Washington.

Para evitar cualquier posibilidad de ser afectado por esa causa abierta en Estados Unidos, el acusado se hizo nombrar en septiembre de 2022 primer ministro y su equipo de abogados reivindicó desde ese momento que estaba totalmente blindado jurídicamente ante cualquier tipo de denuncia judicial. ¿Fue un acuerdo secreto con EEUU para poder cerrar ese ‘molesto obstáculo’ entre los dos países?

El caso es que a instancias del Departamento de Estado el Departamento de Justicia presentó ante los tribunales documentación para salvar de su acción al flamante ‘primer ministro’.

«El Departamento de Estado reconoce y permite la inmunidad del primer ministro Mohamed bin Salman como jefe en ejercicio del Gobierno de un Estado extranjero», sostenía el documento, por lo que, al menos mientras este dure en su cargo sería imposible juzgarlo.

Bin Salman ha ganado el pulso, y lo ha hecho sin haber cedido siquiera hasta ahora a una condición que le habría puesto sobre la mesa Joe Biden cuando lo visitó en Riad: que Arabia Saudí aumentara la producción de su petróleo para ayudar a bajar el precio del crudo.

Riad hizo lo contrario, junto con Rusia y los otros once países miembros de la OPEP decidieron reducir dos millones de barriles diarios la producción, lo que supuso no solo una bofetada en plena cara para Biden sino también una gran victoria para Putin. Y el presidente estadounidense, otra vez, ha advertido de las «graves consecuencias» que tendrá esa jugada de Riad.

Mientras tanto, Mohamed bin Salman, el hombre que la propia CIA asegura que ordenó el asesinato de Khashoggi, podía ser visto el pasado domingo por cerca de 5.000 millones de telespectadores sentado sonriente en el palco principal que presidía la ceremonia de inauguración del Mundial Catar 2022, junto al emir de Catar y el presidente de la FIFA.

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*Periodista y escritor. Autor de «El imperio global», «La impunidad imperial» y «Drones: la muerte por control remoto».

 

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