El estallido colombiano contra el No futuro del juvenicidio uribista

De todas las rúbricas que ha dejado el estallido social colombiano la que más me ha impresionado es la que ha lanzado la revista juvenil Hekatombe. En su activismo periodístico la revista sostiene que el estallido colombiano es un desencadenamiento de acciones contra el No futuro. En los últimos tiempos el concepto de futuring, no futuro, ha sido acuñado para caracterizar la crisis climática y la sexta extinción masiva de especies generada por las actividades humanas en el planeta. El futuro también ha sido esbozado para definir los racismos coloniales contra los inmigrantes en los países del norte global, o los pobres de los países colonizados del sur global. Para las constelaciones discriminadas por discapacidad o por género el concepto deja en claro la ausencia de una sociedad tolerante y acogedora de un futuro para la diversidad. Pero no futuro significa también el "robo del tiempo" que muchos han invertido en sus estudios y en una carrera profesional con la aspiración de escalar en la pirámide social. Para las poblaciones racializadas la desnaturalización les impone el ‘arresto’ de sus tiempos. En la misma línea de temporalidades maltrechas muchos teóricos hoy también han discutido el presentismo: la incapacidad de la sociedad para imaginarse un futuro realmente alternativo, al tiempo de negar la trascendencia de un pasado de conquistas, de luchas y de lecciones. El No futuro, como se expresa en el estallido colombiano, significa la extinción de la juventud de la clase popular en Colombia.

Cuando Hekatombe insiste en sostener que esta es una protesta contra el No futuro muchos lo pueden entender como el agotamiento del modelo neoliberal y su insistencia en el presentismo de sus garras coloniales, capitalistas, patriarcales, racistas, homofóbicas y especiesistas. Sin embargo, pocos ven el No futuro como síntoma de un juvenicidio en marcha. Por esta razón la pregunta es ¿qué nos dice la desfuturización y el juvenicidio que está tomando lugar en estos momentos en las calles de las urbes colombianas? En lo que sigue del texto me atrevo a esbozar algunas respuestas preliminares.

En primer lugar, que la jornada del 28A, como las centrales obreras bien lo han subrayado, es en el tiempo el segundo round del paro nacional iniciado el 21N del 2019. Sin embargo, es evidente que las centrales obreras, históricamente concebidas por el marxismo ortodoxo como el primer eslabón organizativo de la clase trabajadora para enfrentar a los capitalistas, ya no tiene algún papel de vanguardia popular. Más bien se han convertido en un think tank para un diagnóstico de los motivos económicos del estallido social. En ese papel convocan a jornadas puntuales contra reformas y políticas antiobreras. Pero sin la aspiración de mantener este paro en el tiempo, ni mucho menos proponerse asumir las riendas del aparato productivo para darle otra dirección. Para ese comunismo las centrales obreras ya no están. Para ser realistas, las centrales obreras están muy distantes de ser la verdadera vanguardia social que mantiene algún estallido en alguna parte. Este aspecto es fundamental para descartar las interpretaciones arcaicas del gobierno de Iván Duque, que por un lado reconoce al comité nacional de paro como un interlocutor para sus pantallazos mediáticos, al mismo tiempo que insiste en endilgarle el paro a las disidencias de las Farc y del ELN. Estas dos estructuras, aún más arcaicas, son tomadas sin pudor por el gobierno para justificar el tratamiento de guerra al paro nacional.

En segundo lugar, es evidente que quienes están liderando las resistencias, especialmente en la ciudad de Cali, son los sectores que territorialmente y en el tiempo han sido los más discriminados y explotados de la sociedad colombiana: Los indígenas, los afros y los campesinos desplazados a las ciudades y sus jóvenes. Muchos de ellos han sido despojados del tiempo y esfuerzo invertidos en sus parcelas rurales, para convertirse en los millones de desplazados generados durante la era Uribe. Como desplazados ya han visto el rostro del estado paramilitar más de una vez. Desde los territorios discriminados del campo y ahora desde los barrios que han autoconstruido los desplazados, es desde donde se sostiene la resistencia. Ahora la fábrica de la resistencia es una ciudad autoconstruida. El estallido colombiano es asimismo una revolución urbana.

Por estas razones de tiempo y de espacio, los puntos de resistencia de estos barrios adelantan un experimento de autogestión sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Esta autogestión por primera vez le contesta al estado con acciones propias sobre cómo disponer de los servicios ofrecidos en el espacio territorial. No hablamos acá de infraestructuras monumentales. Sino de una rotonda convertida en la agora pública, la gran plaza de la unión popular y el centro de reunión para las actividades culturales que celebra la resistencia. Desde estos espacios se dan nuevos ordenamientos territoriales para la autogestión alimentaria con cocinas tanto para los jóvenes de la primera línea como para los habitantes en general. Algunos focos de resistencia ya han empezado a sembrar sus huertas comunitarias, visionando un futuro más allá de algunos días de protestas. Además, se han visto cada vez con mayor insistencia la toma de los Centros de Acción inmediata de la policía, los CAI, para convertirlos en sitios de intercambio lúdico, en bibliotecas populares, y centros de atención médica urgente para la población de los sectores y para los demostrativos heridos.

Esta nueva forma de autogestión genera ciertos celos, en especial para quienes de manera histórica se han dedicado a denigrar de los procesos de autoconstrucción de barrios pobres por considerarlos como procesos espontáneos carentes de ideología y de futuro dentro de la matriz de pensamiento hegemónico del marxismo ortodoxo. Algunos activistas históricos de los procesos de autogestión en los países del cono sur se han atrevido incluso a desestimar la autoconstrucción popular como un fenómeno trascendental con el cual apalancar la autogestión que sostiene al paro. Aquí no es un caudillo quien desencadena un proceso de masiva articulación y politización, sino un proceso totalmente horizontal de Unión de Resistencias como el que se ha consolidado en Cali y que se propone enlazar con similares en otras ciudades ahora objeto militar del gobierno de Ivan Duque. Estas medidas represivas tienen por objetivo exterminar el Futuro que promete la autogestión popular de los barrios de la resistencia. La lucha ahora es por sostener sus nacientes estructuras de autogobierno popular contra la violencia estatal y paramilitar desatada por el gobierno central. Aquí estamos hablando de una medición de fuerzas entre la sociedad formal, de privilegios de clase y de raza impuesta con la colonización y continuada con la fundación de las repúblicas, y la sociedad plebeya de las resistencias de antes y de ahora. Es la misma lucha contra la colonización y la colonialidad del poder.

El tercer aspecto importante de resaltar es que la autogestión de estos espacios obedece a diferentes hegemonías de género. Mientras los espacios lujosos de la ciudad formal han mutado de la simbiosis de masculinidades entre terratenientes coloniales y los empresarios paracocaineros – la gente de bien -, los espacios de los barrios en resistencia son gestionados por sus mujeres. Ellas son quienes a su vez están rodeadas por sus cultores, y activistas de otras índoles. Por esta razón es sintomático que la violencia del gobierno contra estos puntos de resistencia siga siendo particularmente brutal. Este misoginismo de estado nos pone una vez más de manifiesto las cualidades de un proyecto patriarcal en su nivel más brutal. El estallido colombiano nos deja en claro que el misoginismo de este patriarcado además de las características anotadas para los demás países de la región, es orgánicamente fascista por su probada connivencia con el paramilitarismo cocainero. Su resonancia en los medios corporativos da cuenta de la forma en que sus periodistas responden a sus misóginos dueños. De ahí que los relatos sobre el paro en estos medios muestran la confluencia de periodistas paramilitofilicos que justifican el genocidio que se adelanta contra las comunidades en resistencia.

El cuarto aspecto tiene que ver con una diferencia generacional frente a quienes sostienen la resistencia. Como con los muertos del 21N, estas víctimas nos recuerdan una generación estudiantil, llena de talento y alegría buscando la matrícula cero. Su continua movilización desde el gobierno de Santos, nos lleva a entender la desnaturalización contra la que están luchando los adolescentes colombianos en estos momentos. Aquí ya no hablamos de un movimiento estudiantil únicamente universitario y filosófico a la manera del 1968-francés. Sino de adolescentes y jóvenes de clase popular que en la mayoría de los casos han tenido que abandonar sus estudios de secundaria para sumarse a la informalidad de la economía popular. Las medidas adoptadas por el gobierno para grabar con impuestos a los sectores informales, con la excusa de tapar el déficit fiscal generado por la pandemia y por su rampante corrupción, le roban a todos estos sectores juveniles lo poco que tenían en tiempo y en metal para construir un futuro en lo inmediato. Y lo peor, en el presente, las reformas del paquete neoliberal del gobierno uribista condenan a los jóvenes a morirse de hambre, y sin asistencia de salud. Esto hace que los jóvenes asuman su lucha como un dilema entre vencer o morir.

Al visibilizar el carácter generacional, este jovenicidio ya tiene un antecedente grotesco en el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez (2002-2010), con el concurso de su ministro de guerra Juan Manuel Santos, quien además lo sucedió. Ambos estaban urgidos de mostrar resultados positivos con la denominada "seguridad democrática" en su lucha contra las guerrillas de las Farc. Miles de jóvenes de clase popular fueron secuestrados por soldados del ejército, quienes prometían llevarlos a un trabajo con el cual sostenerse a sí mismos y a sus familias. Cuando llegaban a sus destinos eran asesinados en serie por los "héroes de la patria", y sus ropas cambiadas con uniformes militares para reportarlos como "guerrilleros caídos en combate." Bajo el sistema de recompensas instaurado por el gobierno uribista miles de militares fueron o ascendidos o premiados con recompensas monetarias por sus "resultados positivos". Con esta horrorosa política de "falsos positivos" por parte del estado hasta el momento 6402 jóvenes han sido tipificados como víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares colombianas según la Justicia especial para la Paz, JEP. Al día de hoy ni Uribe ni Santos, los directos responsables de este juvenicidio han sido judicializados.

Finalmente, la protesta histórica contra el juvenicidio uribista vino de parte del feminismo barrial de las madres de Soacha. Las madres han insistido en la verdad, la justicia y la reparación sobre el juvenicidio de sus hijos e hijas. Durante este paro es aleccionador la forma en que las madres de la primera línea, así como las madres de Soacha, se han puesto al frente de alianzas para exigir justicia, resistir y acompañar a sus hijos/hijas para protegerlos de los asesinos del estado. Esta práctica de acompañar a les muchachas de la primera línea ya había sido iniciada tanto por activistas de derechos humanos, médicos y enfermeros anónimos, como por fotógrafos libres o de canales institucionales como el Canal 2 de Cali. Sus registros han sido replicados por las organizaciones defensoras de los derechos humanos dedicadas a recopilar evidencias audiovisuales de las violaciones y abusos policiales contra los derechos humanos de los manifestantes. El ojo visor de los teléfonos de los miembros de las primeras líneas, y de los habitantes de los barrios agredidos por la policía han generado un tsunami de información que ya nadie puede ocultar. Sin embargo, el ejemplo más contundente de acompañamiento para detener el juvenicidio lo hizo La Gran Minga Indígena. Ésta desplazó alrededor de 5000 miembros de su ancestral Guardia Indígena para hacer vigilia en los puntos de resistencia del paro en Cali. Este voluminoso acto de presencia, fue atacado con una furia xenófoba sin precedentes, uniendo "La gente de bien" de sectores residenciales burgueses como Ciudad Jardín con las fuerzas policiales. Ambos se dieron a una "cacería" contra la guardia indígena que dejó diez heridos de bala cuando cruzaron Ciudad Jardín. La guardia respondió masivamente a este ataque persiguiendo a los homicidas que se dieron a la fuga. La presencia activa de la guardia indígena, y sus formas de defensa pacífica siguen siendo el mejor ejemplo de cómo hacer presencia activa para defender la vida de los manifestantes.

Otras formas de acompañamiento a los manifestantes vienen formándose para enfrentar las medidas de estado de excepción adoptadas por Duque contra el paro. Por ejemplo, los curas de la primera línea. Abogados liderados por Miguel Angel del Río han conformado la primera línea jurídica. Èsta se propone defender a los manifestantes que han sido privados de la libertad y están siendo judicializados indebidamente por las fuerzas policiales. Otro frente de acción consiste en defender a los propietarios de los vehículos a los que la fiscalía (en lugar de investigar los 69 asesinatos cometidos por la policía) les ha impuesto extinción de dominio por prestarse para bloquear las vías durante el paro. Al escribir estas líneas se vienen formando primeras líneas de psicólogos y de trabajadores sociales, y seguramente seguirá creciendo este tsunami de solidaridad intra-social.

El acompañamiento deja de todas maneras un enorme sinsabor en torno a la división social del trabajo dispuesto para sostener el paro. El ejemplo de acompañamiento de La Minga Indígena, y de las madres de la primera línea, de los médicos y enfermeras, así como la de sacerdotes y activistas de derechos humanos, debería ser emulada de una manera mucho más consecuente para proteger y prevenir más delitos contra la integridad de los jóvenes manifestantes. Esta observación es especialmente pertinente para quienes desde ya empiezan a extraer réditos políticos de las movilizaciones en los puntos de resistencia. En lugar de acompañarlos, resulta insólito ver cómo la farándula política encabezada por Gustavo Bolivar han lanzado un vaki por la primera línea. Es decir, una colecta para equipar a las primeras líneas. Hasta el caricaturista Matador, con sus miles de seguidores se ha sumado a esta campaña grotesca. Esta generación de dadivosos comunistas liberales, como diría Slavoj Zizek, representada en las élites culturales de la oposición liberal actúan como si fuesen los nuevos mariscales de la izquierda colombiana. Proponen un pacto histórico a partir de su capital cultural, pero no ponen el pecho en las demostraciones para detener el actual juvenicidio. Ellos no luchan en las calles, no acompañan, sino que se proponen equipar los jóvenes para la gran batalla final contra el ejército más brutal del continente. ¿Es esto un guión para una película? ¿A que puede llevar esta confrontación sino a un juvenicidio aún más consensuado?

No, la salida inicial tiene que empezar porque todos los jóvenes manifestantes puedan regresar a estudiar, en condiciones de calidad, con seguridad alimentaria para ellos y sus familias. Este sería el único medio de crearles el futuro que se les está robando. Este regreso a las aulas con condiciones plenas para tener éxito escolar debería ser la principal exigencia del paro para ser levantado, de lo contrario, las dilaciones reformistas y las promesas de campaña verán dilapidar el tiempo escolar de millones de niños y jóvenes. Urge crear futuro hoy con el paro. Esto ya se puede hacer garantizando una adecuada escolaridad con seguridad alimentaria, salud y vivienda para cada colombiano en edad escolar.

En fin, el estallido colombiano da cuenta de un poder popular resistiendo en los barrios autoconstruidos que seguramente siguen siendo vistos como zonas verdes en los mapas de las ciudades. Resisten con su autogestión, y con su generación de relevo que es lo último que les queda. Esta generación de luchadores es una especie en vías de extinción, están condenados al No futuro con la acción genocida de un gobierno paramilitar y del populismo cobarde de los mariscales de la nueva izquierda liberal. De nosotros depende que nuestras protestas allí donde estemos generen las condiciones para que la sociedad colombiana pueda crear un futuro con el cual detener este juvenicidio.

Juan Velásquez Atehortúa es catedrático de la universidad de Gotenburgo, y miembro de Academia Antiracista de Suecia.



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