A propósito de la realización de la Cumbre de los Pueblos 2019 en la
Universidad de Santiago, a pesar de la suspensión de la COP25 en aquel
país, ante un proceso político en marcha de carácter destituyente y
constituyente, se hace interesante reflexionar y resaltar sobre lo ocurrido
en la quinta versión del Tribunal Internacional por los Derechos de la
Naturaleza, la cual sesionó el pasado 5 de diciembre en la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Un Tribunal por los Derechos de la Naturaleza que tuvo su primera sesión en
Quito (2014), al ser Ecuador el primer país en el mundo en declarar el año
2008 los Derechos de Naturaleza a nivel constitucional, y que luego ha
tenido sesiones en Lima (2014), Paris (2015), Bonn (2017) y Santiago
(2019), en los cuales lo que ha buscado es investigar, dictaminar y
denunciar sobre las distintas violaciones a los bienes comunes en los
distintos territorios de vida, de parte de Estados, empresas,
organizaciones internacionales y personas del mundo público como privado.

En lo que respecta al jurado para este año en Chile, estuvo conformado por
personas vinculadas a las luchas socioambientales de la región, como lo son
Maristella Svampa de Argentina, Yaku Pérez de Ecuador, Antonio Elizalde de
Chile, Nancy Yañez de Chile, Alberto Acosta de Ecuador, Raúl Sohr de Chile,
Enrique Viale de Argentina (fiscal del tribunal) y Natalia Greene de
Ecuador (secretaria del tribunal), quienes tuvieron la responsabilidad de
escuchar distintos testimonios que evidenciaran las consecuencias de la
Minería de litio en el desierto de Atacama, la amenaza a la Patagonia como
reserva de vida y la privatización del agua en Chile.

En cuanto a la minería de litio, se dictaminó la existencia de violación de
los Derechos de Naturaleza de parte de empresas mineras privadas y el
Estado de Chile, quienes han afectado ecosistemas, seres humanos y no
humanos en el Salar de Atacama, al consumir y contaminar grandes
cantidades de agua para la explotación de distintos, lo que ha traído
consigo desposeer a comunidades y territorios de fuentes básicas para la
reproducción de la vida.

Sobre la amenaza a la Patagonia, también se dictaminó que el Estado de
Chile ha permitido la vulneración de los derechos de la Naturaleza en
aquella reserva de agua y vida, a través de la actividad minera y
salmonicultura, las cuales han afectado el ecosistema. Además se denunció
su complicidad con el genocidio de comunidades indígenas y la destrucción
de sus economías de subsistencia.

Por último, en lo que refiere a la privatización del agua en Chile, el
tribunal condenó rotundamente un modelo de lucro y extractivista que niega
el agua como un sujeto de derechos y lo considera como un mero bien
económico para su explotación y su venta en mercados intencionales, de
manera que recomienda que sea incorporado como derecho en una nueva
constitución para los pueblos.

En consecuencia, este tribunal internacional, con sus dictámenes no hizo
otra cosa que evidenciar la necesidad de la elaboración de una nueva
constitución de la dignidad para los pueblos de Chile, los cuales han sido
postergados en sus derechos no solo humanos sino también como parte de
territorios de vida, los cuales han sido sistemáticamente abusados y
vulnerados por lógicas de saqueo y de despojo.

Por esto, resaltar la importancia de haber realizado igualmente la Cumbre
de los Pueblos, a pesar de la cancelación de la COP25, ya que permitió un
encuentro entre distintos pueblos de la región, en donde convergieron
experiencias y perspectivas provenientes del ecofeminismo, la agroecología,
el buen vivir, el vivir bien, la economía ecológica, el decrecimiento,
entre otras, las cuales pusieron en el centro horizontes como la
sustentabilidad, la justicia ambiental, la soberanía alimentaria, la
defensa de bienes comunes y la ética del cuidado.

En definitiva, el proceso destituyente y constituyente en marcha en Chile,
debiera tomar en consideración todas estas demandas plurinacionales
presentadas en la Cumbre de los Pueblos 2019, las cuales ante la amenaza de
la crisis socioambiental actual, más que una opción debiera ser una
necesidad desprivatizar el agua y la idea de concebir a la Naturaleza o la
Madre Tierra como sujeta de derechos.