"Perú país minero" es el slogan político que caracterizó a nuestra "Nación" entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Y es que con el derrumbe del nacionalismo velasquista se fue el sueño de un país con diversificación productiva y de "desarrollo agroexportador".
Hoy, la crisis de Las Bambas (produce el 16% del cobre nacional y el 2% mundial), que comenzó como una crisis por mayor compensación monetaria (MMG produce más de 400 mil toneladas de cobre al año y tiene ganancias por aproximadamente $2700 millones al año), por el uso transnacional minero de su carretera ($150 millones), se ha tornado en una crisis medioambiental (por el polvo que levantan aproximadamente 600 camiones de carga pesada todos los días), legal (al eludir Xtrata el pago de $1300 millones por transacción financiera, evadir el canon minero, IGV, Renta, quitarle a la población el carácter de comunidad indígena para evitar la consulta previa, evadir tres Estudios de Impacto Ambiental (EIA), no cumplirse con las actas y compromisos suscritos por la empresa china MMG), y política (por los 2000 millones de soles que se comprometió en invertir Vizcarra en la región), que plantea un punto de inflexión para la Administración Vizcarra, que puede desembocar en la caída del Ministro de Minas, el premier Del Solar, de Vizcarra o en su defecto profundizar la tendencia a la baja popularidad del mismo (cayó del 60% al 45%; y 57% cuestiona el manejo gubernamental de Las Bambas).
En otras palabras, con sus matices, es la continuación de la crisis del Arequipazo, de ¡Conga no va! (Cajamarca), del Baguazo, etc. que derribaron varios gabinetes, y que pone sobre el tapete la urgente necesidad de replantear la relación comunidad-Empresa transnacional-Estado burgués y la bancarrota de la regionalización impuesta por el prófugo Toledo.
Y es que en Apurímac (donde se desarrolla el proyecto Las Bambas), según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), a julio del 2018, el 58.8% de los niños apurimeños presentan anemia (producto de la pobreza). A la vez, según la Defensoría del Pueblo, el costo de la corrupción en el 2017 habría sido por 20 millones 964 mil 595 soles. Además, el MIMP señaló que el 78% de mujeres han sido víctima de violencia. A esto hay que sumar que el 15 de enero del 2019, y después de mesas de diálogo estériles, 300 comuneras/os del pueblo Huanca Umuyto (distrito Haquira, provincia Cotabambas), bloquearon la carretera y tomaron las instalaciones del proyecto Utunsa (de la empresa Anabi SAC), por varios días (aparte en el 2015-2016 hubo 4 comuneros muertos por protestas contra la minera). Y en los últimos meses, hubo varias protestas de miles de mineros artesanales, taxistas, comerciantes, etc. por sus reivindicaciones sociales.
Estas contradicciones, aunada a un Estado de Sitio de dos años y una huelga indefinida de dos meses de la comunidad (a la que se pliega la provincia de Cotabambas), pintan un panorama explosivo. Tanto así que la dinámica de la lucha de clases ya superó la problemática de Fuerabamba (que probablemente llegue a un Acuerdo contradictorio por el tema de sus asesores legales con un dirigente liberado conciliador y un vicepresidente y bases radicalizadas por seguir el gobierno con más promesas –de levantar el Estado de emergencia- y la presión de las comunidades aledañas), semiparalizando al gobierno e incrementando su disgregación política (bancada quebrada en pedazos, contradicciones y prometiendo el premier viajar a la zona el jueves 11), con amenazas de cese de la empresa china, y un Paro de 48hrs en toda la región y parte del Cusco que ha sido contundente.
Así las cosas, el impase del semibonapartista Vizcarra en Las Bambas (si reprime se empeora la crisis –se puede extender a nivel nacional como reguero de pólvora- y si no reprime y dialoga comprometiéndose a ceder en sus reivindicaciones y darle una compensación por el uso de la carretera a la comunidad, la burguesía le puede bajar el dedo y plantear su salida del poder), acelera el Pacto, del borrón y cuenta nueva, en las alturas, con el aprofujimorismo congresal para imponer la política pro capitalista que se expresa legalmente en la profundización del DS 345 o paquetazo antilaboral (un salto cualitativo como plan técnico y sistematizado).
No obstante, un cierra filas en las alturas para evitar el derrumbe del discurso económico "neoliberal" e imponer el proyecto para ir a una mayor confrontación contra los de abajo (donde el Andahuaylazo está todavía fresco en las nuevas generaciones), con comuneros que han sido reservistas (y que confraternizan con la tropa de las FF.AA. y PNP), y con una comunidad empresarial con autodefensa armada en Pamputa (3ra fase del proyecto Las Bambas), la perspectiva apunta probablemente hacia una "guerra civil" en el corto o mediano plazo (al menos que Vizcarra logre apaciguar al movimiento comprando "paz temporal" al darle compensación monetaria a las comunidades como acaba de plantear al Ministro Edmer Trujillo -350 millones a 38 comunidades del Corredor como antes dio 16 millones a las comunidades de Pomamarca y Choquecatío por 46 km de 324 km-).
César Zelada. Director de la revista La Abeja (Teoría, análisis y debate).