¿Por qué le tienen tanto miedo a Lula libre?

Hace un año que estoy preso injustamente, acusado y condenado por un delito que nunca existió. Cada día que pasé aquí hizo aumentar mi indignación, pero mantengo la fe en un juicio justo en el que la verdad prevalecerá. Puedo dormir con la conciencia tranquila de mi inocencia. Dudo que tengan un sueño tranquilo los que me condenaron en una farsa judicial.

Lo que más me angustia, sin embargo, es lo que pasa con Brasil y el sufrimiento de nuestro pueblo. Para imponerme un juicio de excepción, quebraron los límites de la ley y de la Constitución, fragilizando la democracia. Los derechos del pueblo y de la ciudadanía vienen siendo revocados, mientras imponen el ajuste salarial, la precarización del empleo y el alto costo de vida. Entregan la soberanía nacional, nuestras riquezas, nuestras empresas y hasta nuestro territorio para satisfacer intereses extranjeros.

Hoy está claro que mi condenación fue parte de un movimiento político desencadenado a partir de la reelección de la presidenta Dilma Rousseff en el 2014. La oposición, derrotada en las urnas por cuarta vez consecutiva, escogió el camino del golpe para volver al poder, retomando el vicio autoritario de las clases dominantes brasileñas.

El golpe del impeachment a la presidenta Dilma, sin que hubiese pruebas, fue contra el modelo de desarrollo con inclusión social que el país venía construyendo desde 2003. En 12 años, creamos 20 millones de empleos, sacamos a 32 millones de personas de la miseria, multiplicamos el PIB por cinco. Abrimos la universidad para millones de excluidos. Vencimos el hambre.

Aquel modelo era y es intolerable para una camada privilegiada de la sociedad llena de pre conceptos. Hirió poderosos intereses económicos fuera del país. Mientras el pré-sal (importantísimo yacimiento de petróleo submarino descubierto el año 2007), despertó la codicia de las petroleras extranjeras, empresas brasileñas pasaron a disputar mercados con exportadores tradicionales de otros países.

El impeachment vino para traer de vuelta el neoliberalismo, en una versión todavía más radical. Para lograrlo, sabotearon los esfuerzos del gobierno Dilma para enfrentar la crisis económica y corregir sus propios errores. Hundieron el país en un colapso fiscal y en una recesión que todavía perdura. Prometieron que bastaba con sacar al PT del gobierno para que los problemas do país se acabasen.

El Pueblo luego percibió que había sido engañado. El desempleo aumentó, los programas sociales fueron desmontados, escuelas y hospitales perdieron recursos. Una política suicida implantada por la Petrobras tornó prohibitivo el precio del gas de cocina para los pobres y llevó a la paralización de los camioneros. Quieren acabar con la jubilación de los viejitos y de los trabajadores rurales.

En las caravanas que hice por el país, vi en los ojos de nuestra gente la esperanza y el deseo de retomar aquel modelo que comenzó a corregir las desigualdades y que dio oportunidades a quien nunca las tuvo. Ya a comienzos de 2018 las encuestas apuntaban que yo vencería las elecciones en la primera vuelta.

Era necesario impedir mi candidatura a cualquier precio. La llamada Operación Lava Jato (juicios contra la corrupción), que era la tela de fondo en el golpe del impeachment, atropelló plazos y prerrogativas de la defensa para condenarme antes de las elecciones. Habían intervenido ilegalmente mis conversaciones, los teléfonos de mis abogados y hasta las de la presidenta de la República. Fui objeto de una detención ilegal, un verdadero secuestro. Registraron mi casa, revolvieron mi colchón, agarraron celulares y hasta tablets de mis nietos.

Nada encontraron para incriminarme: ni conversaciones de delincuentes, ni maletas de dinero, ni cuentas en el exterior. Mismo así fui condenado, en tiempo record, por el juez Sergio Moro y por el por Tribunal Regional Federal-4 (TRF-4 de la ciudad de Porto Alegre), por "actos indeterminados", sin que encontrasen cualquier conexión entre un apartamento, atribuido a mí, que nunca fue mío y supuestos desvíos de la Petrobras. El Tribunal Supremo de Justicia me negó un justo pedido de habeas corpus, bajo presión de los medios, del mercado y hasta de las Fuerzas Armadas, como lo confirmó recientemente el presidente Jair Bolsonaro, el mayor beneficiario de aquella persecución.

Mi candidatura fue prohibida contra viniendo la ley electoral, la jurisprudencia y una determinación del Comité de Derechos Humanos de la ONU para garantizar mis derechos políticos. Y mismo así, nuestro candidato Fernando Haddad, tuvo una expresiva votación y solo fue derrotado por la industria de mentiras de Bolsonaro en las redes sociales, financiada con recursos ilegales y, según la prensa, hasta con dinero extranjero.

Los más renombrados juristas de Brasil y de otros países consideran absurda mi condenación y señalan la parcialidad del juez Sergio Moro, confirmada en la práctica cuando aceptó ser ministro de Justicia del presidente que él ayudó a elegir con mi condena. Todo lo que quiero es que presenten contra mí, aunque sea una prueba.

¿Por qué le tienen tanto miedo a Lula libre, si ya alcanzaron el objetivo que era impedir mi elección, si no hay nada que sustente esa prisión? En verdad, lo que ellos temen es la organización del Pueblo que se identifica con nuestro proyecto de país. Temen tener que reconocer las arbitrariedades que cometieron para elegir un presidente incapaz y que hoy nos llena de vergüenza.

Ellos saben que mi liberación es parte importante de la retomada de la democracia en Brasil. Pero son incapaces de convivir con el proceso democrático.

(*) Luiz Inácio Lula da Silva,
Ex-presidente de la República Federativa de Brasil (2003-2010)

Originalmente publicado en la Folha de S. Paulo, 07 de abril de 2019

Traducción del portugués: Anisio Pires

anisiopires1992@gmail.com (Correo del traductor Anisio Pires)

 

 



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