La interferencia de la industria tabacalera en las políticas antitabaco en México

En mayo del 2004, mediante la firma del expresidente Vicente Fox, México ratificó el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMTC). Hoy, más de 10 años después, el país sigue estancado en materia de políticas públicas antitabaco. Mientras las autoridades simulan estar cumpliendo con el tratado internacional promovido por la Organización Mundial de la Salud, la realidad demuestra que poco se ha hecho hasta ahora para reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo del mismo, dos principios fundamentales del acuerdo. El ejemplo más reciente es el del sistema de códigos de seguridad implementado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para marcar las cajetillas de cigarros, detrás del cual se escondería la influencia directa de la industria tabacalera y el temor a que se repita la misma historia que con Codentify, el sistema de códigos creado por Philip Morris International para autorregularse. Este ejemplo reafirma que, en los últimos años, los pasos dados por las autoridades para abordar esta problemática han sido menores que aquellos dados por los líderes de la industria para desestimarlos.

Las cifras no hacen más que demostrar la ineficacia de las medidas antitabaco implementadas en los últimos años en México. Según las últimas estimaciones, el comercio ilícito de cigarros en el país alcanza 17% de participación de mercado. Esto se traduce en 6 mil millones de pesos perdidos en evasión fiscal anual. Además, tras la implementación de la Ley General para el Control de Tabaco en 2008, el número de fumadores aumentó a 17 millones. Otro dato a destacar es que según se desprende de un estudio presentado por la Universidad de Bath, dos tercios de los cigarrillos del mercado negro mundial proceden de las propias tabacaleras. Lo que reafirma el rol de las tabacaleras a la hora de fomentar el contrabando de tabaco. Con estos números sobre la mesa, queda en claro qué rol cumple cada actor en este entramado.

Los ejemplos que evidencian la influencia de la industria tabacalera en las políticas públicas en México son muchos. Uno de los casos más actuales es el de la interferencia de las compañías de tabaco en la Cámara de Diputados para regular productos nocivos. Cabe recordar que el representante de Philip Morris fue convocado para participar del "foro sobre el cigarro electrónico y la regulación de nuevos productos" en marzo de este año. La participación de un líder de la industria en un debate en la Cámara de Diputados va contra el CMTC al violar el artículo 5.3 del convenio que establece que quienes ratifiquen el tratado deben actuar protegiendo "las políticas de salud pública en contra de los intereses comerciales creados por la industria tabacalera". Lamentablemente, esta no es la única forma en la que México está incumpliendo con el tratado.

Para comprender la estrategia de la industria tabacalera, basta con mirar el ejemplo de los códigos de seguridad en las cajetillas de cigarros. La nueva medida surgió a partir de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la cual dispone que los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, deben imprimir un código de seguridad en cada una de las cajetillas que se vende en México. Esto no solo les permite a los consumidores consultar a través de una app el origen de las cajetillas que adquieren, sino también le permite al SAT, rastrear los productos y obtener información precisa sobre la producción de cigarros para luego compararla con la que realmente se declara. De esta forma, el SAT puede verificar que la recaudación de impuestos coincida con los niveles de producción y comercialización. En teoría, así es cómo debería funcionar el sistema. Sin embargo, en la práctica, no todo parece ser tan transparente.

A primera vista, la noticia parecía haber sido bien recibida, hasta que la administradora general de Servicios al Contribuyente del SAT, María Vanessa Rivadeneyra Navarro, anunció que las empresas tabacaleras son quienes están a cargo de la impresión de los códigos. Lo que se contradice con el CMTC y con el Protocolo de Comercio Ilícito de tabaco, ya que autoriza a la industria tabacalera a imprimir sus propios códigos, por ende, también a autorregularse. En definitiva, pareciera que la historia se repite. No es la primera vez que las tabacaleras se las arreglan para manejar el sistema de códigos. De hecho, en 2010, Philip Morris International (PMI), creó su propio sistema llamado Codentify, que sorpresivamente, mantiene varias similitudes con el sistema empleado en México.

Si bien Codentify fue creado por PMI, la empresa decidió ceder gratuitamente su licencia a tres de sus competidoras. Juntas comenzaron a ejercer presión para que mundialmente, los distintos gobiernos adoptaran este sistema como método mundial de seguimiento y rastreo de tabaco. Lo que implica, un control total de las tabacaleras sobre el proceso de trazabilidad de los productos de tabaco, algo que debería estar restringido a actores independientes de la industria. Lamentablemente, pareciera que esa presión surtió efecto en México, donde el sistema actual de códigos presenta características peligrosamente similares a aquellas de Codentify. Esto le daría una puerta de acceso secreta a las tabacaleras para controlar y manipular la información correspondiente al tabaco ilícito, que recordemos, proviene en su gran mayoría de las propias tabacaleras. Al avalar estas prácticas, las autoridades estarían actuando en violación de las normas internacionales y fomentando el problema que supuestamente, buscan detener.

Como bien dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Y detrás del esfuerzo disfrazado de las autoridades mexicanas por hacer alarde de su supuesto modelo innovador, se encuentra un sistema corrompido. Bajo otro nombre, pero con condiciones similares, el sistema de códigos demuestra que México sigue sin hacerle frente al comercio ilícito de cigarros. De esta manera, se sigue perdiendo dinero proveniente de los impuestos y las cifras de contrabando siguen creciendo. Basta con mirar los números para darse cuenta que los intentos maquillados, no han dado frutos. Mientras tanto, el lobby tabacalero se pasea por los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro, con la tranquilidad de saber que aún logran influenciar a las autoridades. Desde allí, siguen intentando manejar los hilos de la política antitabaco mexicana.

guadalupe.dltorre@outlook.com



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