Venezuela y Colombia se encuentran ante un momento de definiciones para su devenir histórico: en una encrucijada en la cual se va a determinar el método para resolver los conflictos.
Precisamente, entre junio y julio de 2017 convergen dos circunstancias cruciales para ambos países:
Por una parte, el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP están en una fase cumbre, con la dejación de armas concretada el día 27 de junio de 2017. No obstante de los múltiples obstáculos y detractores, el cronograma ha sido cumplido con rigurosidad por la insurgencia, en acato estricto a los acuerdos y como expresión de voluntad política para materializar una salida política al conflicto que durante más de medio siglo ha enlutado al pueblo colombiano.
Mientras tanto, en Venezuela se acentúan las tensiones sociales y políticas, primordialmente por el despliegue de una agenda de violencia implementada por sectores de derecha que pretenden imponer una guerra civil, enmarcada en una situación de asedio geopolítico cuyo fin último es la intervención explícita para controlar los recursos energéticos que yacen en el subsuelo venezolano. En ese escenario convulso se ha planteado un proceso constituyente que tiene como finalidad crear herramientas para enfrentar la crisis actual.
Colombia: Un proceso de paz hostigado
A pesar de las contradicciones desatadas en la opinión pública y en la clase política colombiana (con notable influencia sobre la población de las grandes ciudades), el proceso de paz es un logro del pueblo, especialmente de las víctimas del conflicto y de los sectores marginados del país.
Además del baño de sangre y las incuantificables e inenarrables atrocidades sucedidas en el marco del conflicto colombiano, la guerra ha significado un gran negocio para sectores oligárquicos en alianza con los intereses de la industria bélica mundial; para el despojo de millones de hectáreas de tierras productivas, que ha derivado en el desplazamiento interno de 7,2 millones de personas –el más escandaloso del mundo según la ACNUR[1]-; y en una gran excusa para justificar un aparato de represión que de acuerdo con cifras del Banco Mundial, para el año 2016 implicó un gasto militar del 3,38% del PIB de ese país, el más elevado de toda América Latina[2].
Por tanto, los avances alcanzados hasta ahora en el proceso de paz con las FARC-EP, así como el proceso de diálogos iniciados con el ELN, representan una conquista de valor inconmensurable para el pueblo colombiano, y podrían generar las condiciones para que en Colombia se concrete una paz estable y duradera.
Sin embargo, la paz de Colombia tiene poderosos enemigos. Además de los sectores reaccionarios que sustentan su base social en un discurso belicista promovido por la industria cultural, el proceso de implementación de los acuerdos con las FARC-EP, ha enfrentado obstáculos desde el mismo Estado colombiano.
Los poderes públicos –ejecutivo, legislativo y judicial- han entorpecido y en el mejor de los casos han actuado con negligencia para garantizar el cumplimiento de los acuerdos con las FARC-EP, en temas sensibles como la jurisdicción especial de paz, los indultos ejecutivos a presos políticos y las garantías mínimas para las Zonas Veredales de Transición a la normalidad (ZVTN).
De igual manera, el proceso de paz ha sido atacado mediante: una campaña mediática de tergiversación y satanización. Incluso se han dado incidentes por la acción provocadora de las FF.AA. de Colombia, por la violación de protocolos de seguridad de los puntos transitorios de normalización y más grave aún, por la detención e incluso el asesinato de dirigentes guerrilleros a pesar del cese al fuego bilateral.
Asimismo, el proceso de paz es amenazado por el reimpulso del paramilitarismo y de la violencia terrorista (ante el silencio y la indiferencia del Estado), que ha redundado en el asesinato sistemático de 156 líderes sociales entre enero de 2016 y febrero de 2017[3], así como 500 líderes amenazados en 23 departamentos (según informe de la Defensoría del Pueblo de ese país).
Cabe subrayar que no parece un hecho aislado que un momento clave del proceso de paz, se produzcan hechos terroristas como el sucedido en Bogotá el pasado 17 de junio. Hecho ante el cual surgieron voces acusatorias hacia la insurgencia –sin ningún sustento-, precisamente de parte de los sectores vinculados con el paramilitarismo y el belicismo en Colombia.
La mencionada entrega de armas al Mecanismo Internacional de Monitoreo y Verificación encabezado por la ONU, significa un hecho de gran trascendencia, que supone un nuevo escenario político: el movimiento social que sostuvo la lucha armada de las FARC-EP, es un nuevo factor del espectro político de Colombia. Sin embargo, todo parece indicar que el proceso sigue en riesgo, pues todos los sectores belicistas que dominan el espectro del poder político y económico en Colombia, seguirán atacando la esperanza de una paz duradera y estable.
Por tanto, el momento actual determinará la materialización un proceso de paz (en el único país en el que persiste una guerra civil en el continente, cuya duración es mayor a medio siglo), que reivindica las aspiraciones de la Colombia profunda, o en su defecto, como tragedia, nuevamente los sectores oligárquicos asociados al gran capital impongan su agenda de guerra.
Venezuela en el ojo del huracán
Las reservas energéticas y minerales de Venezuela han derivado en que hoy nuestro país sea objeto de una guerra multidimensional, la cual se despliega desde frentes diversos y mediante la combinación de formas de lucha.
Esta guerra multidimensional se concreta a través de múltiples operaciones simultáneas, entre las que destacan: asedio diplomático, campañas de desprestigio, operaciones de guerra psicológica, hostilidades geopolíticas y agresiones económico-financieras; las cuales son combinadas con: movimientos militares de intimidación, una invasión paramilitar y una agenda de violencia y acciones terroristas cuya finalidad es desatar una guerra civil para justificar una intervención extranjera en Venezuela.
La intensificación de las agresiones hacia Venezuela, derivan en que nuestro país se enfrente a una coyuntura decisiva, en este caso no está en juego la continuidad del gobierno bolivariano o del proceso revolucionario, sino que además están en juego elementos esenciales de la república: como la continuidad o la ruptura del Estado de Social de Derecho y de Justicia e incluso, la integridad territorial y el sublime derecho de vivir en paz.
Los factores que imponen la agenda de violencia en Venezuela no tienen como objetivo la toma del poder político, sino la destrucción sistémica de la república mediante una guerra de alta intensidad que garantizaría el control de nuestras reservas energéticas a las transnacionales petroleras, así como la aniquilación física y simbólica del proyecto histórico-político de la revolución bolivariana (lo que implica un genocidio político de gran escala).
El pueblo de Venezuela –más allá de sus parcialidades políticas-electorales-, ha demostrado su vocación democrática y su compromiso con la paz. En el momento actual, debe enfrentar y derrotar los vientos de guerra que se imponen desde factores reaccionarios.
Geopolítica de la paz y de la guerra
Las contradicciones dadas en el marco del proceso de paz en Colombia, y del conflicto político venezolano y su tendencia a intensificación por parte de la derecha internacional no son hechos aislados.
El capital transnacional tiene como finalidad desmovilizar y desarmar a la insurgencia de las FARC-EP para garantizar la explotación de recursos naturales estratégicos ubicados en territorios controlados por la guerrilla, y para inhabilitar un aliado de la revolución bolivariana. Es decir, el propósito de la burguesía mundial –que dirige a Santos- no es la paz, sino nuevas condiciones de explotación de recursos, así como la supresión de un enemigo histórico-geopolítico.
Por su parte en Venezuela, como se refirió someramente, el imperialismo requiere de una ruptura violenta –un shock- que permita: el control de la industria petrolera; la implementación de un ajuste neoliberal; y la represión del movimiento bolivariano. Por tal motivo las agencias subordinadas a los intereses del capital, actúan en función de desatar una guerra civil, y en todos los casos niegan de manera rotunda el diálogo, el derecho a la autodeterminación y la soberanía nacional.
El valor geopolítico-económico de Venezuela y Colombia para el sistema mundo, explica la agudización de las contradicciones. La esquizofrenia del gobierno de Santos respecto a la implementación de los acuerdos con las FARC-EP, y sus actuaciones desproporcionadas y hostiles contra Venezuela, es una expresión de esas contradicciones, las cuales se enmarcan en la lucha de clases mundial.
Encrucijada para los pueblos
Los pueblos de ambos países tenemos la responsabilidad histórica de contener los vientos guerra que pretenden imponerse desde el gran capital, como medio para garantizar su dominio sobre nuestros recursos y para justificar su intervención militar permanente y directa sobre nuestros territorios (tal como sucede en la actualidad con las bases militares de los EE.UU. en Colombia).
En el caso colombiano, la insurgencia prevé un nuevo escenario, pues ha asumido la lucha política-electoral (FARC-EP) y el inicio de un nuevo proceso de diálogo en Quito (ELN), en el marco de circunstancias adversas, evidenciadas en la arremetida criminal contra líderes sociales. En el caso venezolano, se ha planteado una Asamblea Nacional Constituyente, como instancia para promover el diálogo político, y para realizar ajustes fundamentales a la carta magna de 1999, que permitan enfrentar la naturaleza compleja y multidimensional de la agresión imperialista de la cual es objeto nuestro país.
En ambos países se presentan situaciones complejas, que pueden derivar por una parte, en un –trágico- nuevo episodio de guerra en Colombia, mientras que por otra parte, ante la concentración de poderes que asedian a Venezuela, resulta factible un hecho desencadenante que redunde en un -no menos trágico y terrible- conflicto de alta intensidad.
La opción del movimiento popular en ambos países es la unidad orgánica binacional, en torno a la necesidad de defender el derecho de vivir en paz. En un contexto global en el que el capital transnacional promueve la guerra, como medio para asegurar su dominio y como instrumento para el despojo, los pueblos de Colombia y Venezuela –con la solidaridad explícita de los pueblos de todo el continente y del mundo- debemos luchar por la paz. Para tal efecto es preciso construir espacios de encuentro y canales de comunicación permanentes.
En Colombia es esencial que el nuevo movimiento político en proceso de fundación, tenga la capacidad de contrarrestar la carga histórica de anticomunismo y de convertirse en una referencia política que derive en una fuerza hegemónica.
En Venezuela es fundamental que tengamos la capacidad de detener la arremetida de violencia actual, que sea el pueblo mediante los mecanismos constitucionales previstos el que decida el destino del país, y desde el punto de vista estratégico, de fortalecer los movimientos venezolanos, primordialmente a través de la batalla ideológica y la formación política, de manera de organizar y movilizar al pueblo para reimpulsar el proceso revolucionario.
La historia de Venezuela y Colombia, desde sus antecedentes más remotos, hasta sus procesos de fundación republicano y su desarrollo como formaciones económico-sociales ha sido indisoluble. Las amenazas que enfrentamos –dadas por la acción de un enemigo común-, nos exigen nuevamente el encuentro para defender los intereses y las aspiraciones más sublimes de nuestros pueblos.
"El Orinoco y el Magdalena se abrazarán" Alí Primera
Bolívar vive en la conciencia de nuestros pueblos
[2] http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=VE-CO&view=chart En la gráfica disponible en el link, se aprecia la asimetría entre el gasto militar de Colombia y Venezuela con respecto a su PIB. Este dato demuestra que es falsa e hipócrita la hipótesis emitida desde el establecimiento colombiano en la que se acusa a Venezuela de emprender una carrera armamentista.
