Tiempo atrás apareció el informe anual que, sobre derechos humanos en el mundo, realiza el Departamento de Estado norteamericano. En América Latina, Ecuador se sumó a la “lista negra” de DDHH, donde hace diez años están Venezuela y Cuba de forma ininterrumpida. ¿Qué países del continente no aparecen en el informe y cuál es el motivo? ¿Por qué Honduras, país con creciente persecución a periodistas y campesinos desde el golpe de 2009, ha sido retirado de los casos “preocupantes” para EEUU? El caso paradigmático de Colombia.

A comienzos de marzo, el Secretario de Estado John Kerry presentó ante la opinión pública internacional el informe anual de derechos humanos en América Latina, a través del cual Estados Unidos se arroga la condición de “fiscal” de las democracias en nuestro continente, observando el desempeño de las mismas. En el polémico texto, Ecuador es integrado a la lista de países que, desde la óptica del Departamento de Estado, incumplen el respeto a los DDHH en nuestro continente. El ingreso del país gobernado por Rafael Correa a esta “lista negra” sería a raíz de un supuesto recorte a las libertades de expresión, prensa y asociación en ese país.

Quito respondió al informe, caracterizando a este como “unilateral”, y cuestionando, además, la legitimidad de Washington en la materia. El texto afirma que Estados Unidos presenta “un pobre historial en lo que respecta al cumplimiento de los Derechos Humanos en los últimos años”, recordando la responsabilidad de la administración Obama en las detenciones ilegales y torturas producidas en la cárcel de Guantánamo; su persistencia en el bloqueo a Cuba, hecho condenado sistemáticamente por una mayoría abrumadora en la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el uso -y abuso- de aviones no tripulados contra poblaciones civiles; y la persistencia de la pena de muerte en numerosos estados norteamericanos.

La respuesta presentada por el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, además da cuenta de la no ratificación, por parte de Washington, de cinco instrumentos internacionales vinculados a la materia: la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), la Convención Universal contra la Tortura, la Convención Universal sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, y la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Así, la conclusión que emerge del texto bien podría ser una sugerente pregunta: ¿cuál es el lugar desde el que Washington pretende “evaluar” el respeto o no a los derechos humanos en nuestro continente, visto y considerando que ha desdeñado, tal como ha expuesto Ecuador, algunas de sus herramientas?.

Otro dato del informe llama la atención: la ausencia en la “lista negra” de Honduras, país donde desde el golpe de Estado de 2009 hasta la actualidad han sido asesinados 29 periodistas, y donde se ha incrementado la persecución al movimiento campesino durante el mandato de Lobo, tal como denunció la organización Vía Campesina internacional en septiembre pasado. Todo ello sin mencionar a las polémicas elecciones presidenciales de fines de 2013, donde el conservador Juan Orlando Hernández se impuso por escaso margen sobre Xiomara Castro de Zelaya, momento en el cual la veracidad de numerosas actas fue cuestionada por algunos de los observadores internacionales que se hicieron presentes en Tegucigalpa. Ambas cuestiones, la situación de los derechos humanos “cotidianos” en el país, y las denuncias sobre el propio comicio presidencial, fueron sistemáticamente ninguneadas por los medios masivos privados de comunicación del continente, y no aparecen referidas en el informe de Washington.

¿Y Colombia? Recientemente la candidata a la vicepresidencia Aída Avella sufrió un atentado, con 14 balazos que impactaron en su auto durante una caravana de campaña. Eso, sumado a las inhabilitaciones políticas del alcalde de Bogotá Gustavo Petro y la ex senadora y defensora de derechos humanos Piedad Córdoba, y el encarcelamiento de dirigentes de Marcha Patriótica, no ha tenido lugar en el informe -aunque este sí destaca preliminarmente la acusación a fuerzas del Estado de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas-. Colombia, más allá de las evidencias que el informe muestra o deliberadamente ignora, no aparece en la “lista negra” de DDHH, siendo uno de los países más difíciles para ejercer la oposición política en nuestro continente, tal como lo demuestran los hechos mencionados con anterioridad.

Al parecer, la variable ideológica influye a la hora de “fiscalizar” las democracias para los Estados Unidos: los países de la “lista negra” en nuestro continente pertenecen mayoritariamente al ALBA -Alianza Bolivariana para las Américas-, y han cumplido un papel destacado en otras instancias de integración autónomas de Washington, tales como Unasur, Celac y Mercosur, junto al resto de los gobiernos posneoliberales del continente. Para finalizar, quedan abiertas algunas sugerentes preguntas, tomando en cuenta lo anterior. ¿La “condena” a Ecuador se debe a la situación de DDHH en el país, o más bien, a la posición contestataria que asumió el gobierno de Correa en los foros internacionales contra la injerencia norteamericana en nuestro continente? ¿En cuanto han influído las declaraciones públicas de Correa en torno al papel regresivo que ocupa la “Alianza del Pacífico” en nuestro continente para que EEUU incluya a Ecuador en esta “lista negra”?

jmkarg@gmail.com
Licenciado en Ciencia Política UBA
Investigador del Centro Cultural de la Cooperación - Buenos Aires