En diciembre de 2012, con el sigilo que caracteriza esa clase de actos, se aprobó una reforma constitucional que termina haciendo trizas lo poco que quedaba de ese sueño, ya pesadilla, nacido en 1991. Como un inocentada, el Congreso Colombiano, luego de restringir los derechos sociales (modelo europeo de recortes) mediante el Acto Legislativo de sostenibilidad fiscal, produjo un nuevo esperpento (Acto legislativo 2 de 2012) que, en resumen, deja a los militares con patente de corso para atacar a la población sin ningún control más allá del que se derive del propio cuerpo militar (sic). Esto se justificó de mil maneras entre ellas el consabido teatro de operaciones (al estilo Uribe, disparen y bombardeen desde helicópteros y luego pregunten) así como la especial legalidad del combate y ataque, que difiere de la propia en las zonas de no conflicto. Una Constitución especial para el ataque y la ofensiva militar sin ninguna clase de control judicial real. Nuevamente, apelando a la doctrina de la seguridad nacional, se legaliza el manejo del conflicto interno mediante el mecanismo de tierra arrasada.
Este Acto legislativo se aprueba en medio de un proceso de negociación y sin duda, constituye uno de los ataques más contundentes para evitar cualquier acuerdo. Ya se han visto dos reacciones visibles que se derivan de esa norma. Un exvicepresidente del país, el mismo que dijo que debería emplearse choques eléctricos a los estudiantes universitarios por las protestas de 2011, el mismo que está acusado paramilitarismo, el mismo que pertenece a una de las familias que ha llevado al país a esa guerra sin fin, afirmó que militantes de la Unión Patriótica habían estado en masacres. Es claro, ellos fueron las víctimas de más 3000 asesinatos. Pero, con una declaración tan siniestra, el oligarca quería tensionar el ambiente político frente a la decisión de avalar la existencia de ese partido político por parte del Consejo de Estado, haciéndole el mandado a su patrón. En pocas palabras, se ataca cualquier oposición real política, que, en consecuencia, debe ser criminaliza, bajo el criterio del ataque a la concepción de “todas las formas de lucha” que es, más bien, un slogan claro de la oligarquía en Colombia (magnicidios, desapariciones, masacres, ejércitos paralelos, criminalización de la protesta, etc.) y lo ha sido en todo el planeta (si no que son los drones y las interceptaciones telefónicas y de todas las comunicaciones). La otra ha sido la cruel respuesta a las protestas campesinas en el Catatumbo que sólo piden el respeto a sus derechos, entre ellos, la constitución de una reserva campesina, que incluso es permitida por la ley.
La modelo Catatumbo refuerza, entonces, la presentación militarista del Estado. En apariencia, Santos se alejaba de Uribe en la concepción de tierra arrasada, precisamente por una posibilidad de negociación que, no obstante los ataques que perpetró en su carácter de Ministro de Defensa de su exsocio, lo hacían hasta un posible receptor del premio nobel paz (no se haga raro si el Bush negro, el señor de los drones, del terrorismo de Estado y de las interceptaciones telefónicas, lo fue). Había, además, aprobado una norma de resarcimiento a las víctimas del conflicto armado que se oponía a la ley uribista de inserción del paramilitarismo en todo la sociedad. Ahora, lo cierto es que en plena campaña de reelección, apuesta a lo que mejor le salga. Acude a todos los mecanismos para lograr salir reelecto en 2014 y para ello todo vale para alguien que ha esgrimido un alto nivel de pragmatismo (ha sido liberal gavirista, conservador pastranista en el Ministerio de Hacienda, y Uribista de la U). Incluso, recibe al asesino Capriles cumpliendo la orden de su exsocio. La represión en Catatumbo es una de sus facetas que aplauden tanto el exvicepresidente como su patrón. Para ello, hay que ver en el conflicto social un ataque a la institucionalidad y es necesario criminalizarlo, tildarlo de extensión de las FARC. De eso se ocupan los medios de comunicación. Primero, no informan en absoluto: no es una noticia en modo alguno para que, en ese momento, funcione el teatro de operaciones con sigilo. Luego, si se sale de ese silencio cómplice, es necesario afirmar que los manifestantes están infiltrados por una organización guerrillera. Además, hay que contar con una legalidad que permita que los militares ataquen sin ninguna responsabilidad. Por ello, un ex militante de izquierda, ahora consejero de cualquier cosa de Santos, afirma que los militares fueron provocados por los campesinos y legitima la respuesta violenta que dejó como saldo cuatro fusilamientos y así lo dejan los videos que finalmente fueron difundidos. El vicepresidente, también ex izquierdista y con el mismo apellido del consejero verde de pacotilla, manifiesta que hubo excesos de ”lado y lado”. En efecto, balas y tanques contra arengas. Todo lo anterior por el sólo hecho de una protesta pacífica en pro de una mejor vida en una zona en donde ha arreciado el conflicto y en donde no hay solución alguna para la existencia de los campesinos. Este es el modelo de un Estado al que poco importa su carácter social; en toda su historia republicana, nunca le ha importado y por ello ha utilizado siempre este esquema de criminalización.
Si esto es así, es previsible que otros teatros de operaciones, tanto en la ciudad como el campo, se multipliquen. El modelo Catatumbo en acción y sin control. Es factible, además, que, gracias a esta normatividad, Plazas Vega (condenado por esa acción), el que “defendió” la democracia “maestro” arrasando el Palacio de Justicia y asesinando sin recato a quien se le apareciera (para desaparecerlo), salga en hombros como lo harán otros militares asociados al paramilitarismo.
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