¿Por qué ahora el tema ambiental?

A muchas personas les parece extraordinario el hecho que problemas ecológicos hayan tomado importancia en el debate político nacional. Sin embargo esta situación no es en absoluto sorprendente y hasta cierto punto era algo de esperar. Mas aún, es posible que este escenario se repita en el futuro con mayor intensidad.

¿Por que no deberíamos sorpréndenos? porque el manejo de los temas ecológicos es una de las más grandes debilidades del gobierno y evidentemente esta situación presenta importantes oportunidades para la oposición. En este sentido es incuestionable, más allá de experiencias puntuales1, que actualmente no existe una “política pública ambiental”. De hecho el MPP del Ambiente es una institución de segundo orden que paradójicamente está tutelada en muchos niveles por el MPP de Energía y Minería. Fungiendo (como la experiencia reciente en el río Guarapiche nos muestra) como una suerte de gerencia  de relaciones públicas en asuntos ambientales de la estatal petrolera. Son síntomas notorios de esta carencia, la ligereza con la cual se han designado las cabezas de la cartera ambiental o el hecho que se haya cedido sin ningún pudor la presidencia de Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional (AN) a la oposición. La desorientación actual es igualmente notoria en el plano internacional, donde resaltan los tira y encoge que han caracterizado hasta ahora a los equipos negociadores en las Conferencias de las Partes sobre Cambio Climático (COPs). 

Si bien es cierto que gobierno alguno de este país ha tenido “conciencia ecológica”, también lo es que en ningún otro momento de la historia han existido evidencias tan incontrovertibles sobre los peligros que los problemas ecológicos nos pueden acarrear. Esta última situación ha permitido que este tema se abra paso (si bien muy lentamente) en el imaginario de nuestra sociedad.  Más importante aún es que estos peligros son más acentuados en los sectores mas olvidados y desprotegidos, situación que ha estimulado el surgimiento en el Sur Global de importantes movimientos sociales de resistencia. Si bien no existen movimientos equivalentes en el país, si los hay en países vecinos y es de esperarse que en el futuro próximo surjan aquí, sobre todo a la luz de las ambiciones expresas de duplicar la extracción de petróleo y convertir al país en una potencia energética mundial.

Es cierto que se pudiese plantear como contra argumento que actualmente existen nuevas leyes que explícitamente abordan la temática ambiental. Por ejemplo, en la carta magna existe un capítulo sobre derechos ambientales (ciertamente bastante escueto, sobre todo cuando se piensa en los avances alcanzados en países como Bolivia y Ecuador en sus nuevas constituciones). Muy relacionado a este tema, es justo decir que en la constitución existe también un capítulo sobre derechos de los pueblos indígenas (bastante mas elaborado que el correspondiente al ambiente, pero que de igual manera palidece ante avances en otras constituciones de reciente fecha). Sin desmeritar los importantes logros alcanzados en la constitución (sobretodo en materia indígena), es evidente que estos deben ser desarrollados en profundidad en leyes específicas y sobre todo con acciones. En cuanto a leyes específicas, ahora existe una ley de Gestión de la Diversidad Biológica que presenta aspectos positivos, pero que dista mucho de ser una ley de avanzada. En lo referente a leyes, curiosamente son mayores los avances obtenidos en la agricultura. En este sentido en la constitución (en su artículo 305) se plantea que: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural…” planteamiento que está instrumentalizado por la ley de Salud Agrícola Integral. Aún más importante es la existencia de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Mas allá de consideraciones sobre los alcances de las nuevas leyes, es importante evaluar los hechos concretos que a partir de ellas se han desencadenado. Es precisamente en este punto donde se encuentran grandes fallas, en este sentido vemos como en la agricultura se ha apostado por un modelo muy alejado de la sustentabilidad. Adoptándose medidas que abiertamente contradicen lo planteado en el nuevo marco legal. El ejemplo más esclarecedor de esta situación lo encontramos en la estatización de Agroisleña y en la consecuente creación de la Gran Misión Agrovenezuela. En el marco de estas dos acciones se ha pretendido masificar la producción, distribución y uso de sustancias químicas tóxicas en la agricultura (objetivo que no se ha alcanzado sólo por incompetencia administrativa). Sin embargo esta meta claramente contradice lo estipulado en el artículo 56 (numeral 3) de la ley de Salud Agrícola Integral donde se expresa que es una responsabilidad del ministerio: “Impedir progresivamente la producción, distribución, intercambio, comercialización y uso de insumos químicos tóxicos en los sub-sectores: vegetal, animal, forestal, acuícola y pesquero…”

Igualmente preocupante es que a causa de estas nuevas estrategias agrícolas se ponen en riesgo logros alcanzados gracias a las nuevas leyes; por ejemplo, en el marco de la Ley de Salud Agrícola Integral se establece la creación de un nuevo ente rector en el área de salud agrícola, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). Esta institución en algunos pocos casos creó procedimientos para adaptarse al nuevo marco legal. Ejemplo de esto lo encontramos en la evaluación de los productos (agrovenenos) que se pretenden introducir al mercado nacional. El procedimiento anterior involucraba sólo la evaluación de la eficacia de estos productos en los organismos a los cuales se los orienta (en jerga agronómica: plagas, enfermedades y malezas), sin embargo en estos procedimientos no se evaluaba su efecto in situ en importantes componentes de los agroecosistemas, como los polinizadores, controladores biológicos y los organismos benéficos del suelo. Con la nueva institución esta situación cambió para bien, sin embargo debido a las contradicciones existente entre la nueva ley y la nacionalización de Agroisleña/Gran Misión Agrovenezuela  este avance corre gran peligro. Situación que se ve agravada debido al importante cabildeo que ejercen las grandes asociaciones de vendedores de agrovenenos.

Los anteriores ejemplos nos revelan una realidad ubicua, la discrepancia abismal existente en el ámbito ambiental entre el discurso y la acción. Incongruencias que evidentemente abren importantes oportunidades para la crítica. Más aún, en muchos casos esta situación es inadvertidamente estimulada de forma torpe. Por ejemplo, como ya se comentó, la presidencia de la Comisión de Ambiente de la AN se encuentra en manos de la oposición, pero esto no revela lo realmente contradictorio de la situación. La presidencia de esta comisión ahora es ejercida por una persona que ha sido un actor importante en la implantación del modelo ecocida de la Revolución Verde en la agricultura venezolana. Persona que ahora irónicamente se ha convertido en un significativo portavoz de las recientes denuncias de contaminación. De esta manera, por una “ligereza” nos encontramos en esta paradójica situación.

De igual importancia son las diferencias que existen entre teoría y práctica con respecto a los pueblos indígenas. En este caso el potencial conflictivo es aún mayor (como cada vez es más evidente). De nuevo, buena parte del problema se encuentra en un desacato al espíritu de las leyes, en este caso a lo establecido con respecto a los derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas. Aquí nos encontramos con los frutos de la incumplida promesa de la auto-demarcación. Estas incongruencias han devenido en situaciones realmente lamentables, particularmente en lo referente a la minería. Entre otros casos igualmente graves, la cadena de desaciertos y frustraciones ha logrado acentuar una situación realmente paradójica: la conversión a la minería de indígenas que tradicionalmente han protegido la naturaleza. Generándose de esta manera graves conflictos que han sido torpemente manejados, reviviéndose así situaciones dignas de la conquista española.

Todo lo antes dicho muestra el tema central, el ambiente está muy lejos de ser una prioridad para la administración publica nacional. Es igualmente notoria la banalización que se ha hecho de importantes temas, en este sentido tal vez el ejemplo más  ilustrativo se encuentre en la noción del Buen Vivir. Noción que ha sido vaciada de todo contenido, vinculándola simplemente con la posibilidad de adquirir bienes materiales. En este marco de abandono y banalización es en donde vemos que ha emergido el ambiente en el debate publico como una prioridad. Cabe mencionar que el tema en su expresión actual ha sido mediocre e irresponsablemente manejado tanto por el gobierno como por la oposición, cayéndose rápidamente en descalificaciones personales y limitándose la discusión a críticas sobre la credibilidad de las personas involucradas.  Esta situación ha impedido que se realice un debate sobre los problemas de fondo. Este tema puede o no seguir formando parte de los argumentos y contraargumentos que se esgrimirán en la campaña electoral y desde este punto de vista la situación actual es sólo coyuntural. Sin embargo existen problemas estructurales que permiten predecir que resurgirá esta temática en el futuro próximo, pero en un tenor completamente diferente. Un tono que seguramente estará caracterizado por la resistencia a la acumulación por desposesión que la expansión petrolera prefigura.

La extracción de petróleo es el problema ecológico central de Venezuela, desconocerlo o impulsar otras temáticas es en última instancia una forma de legitimarlo. Más aún, este problema implica responsabilidades globales que entre otras involucra la creación de inequidades ecológicas, económicas, intergeneracionales, de género, étnicas, culturales y regionales2. Por lo que -dicho sea de paso-  utilizar la renta petrolera para lograr un mundo más equitativo es simplemente una imposibilidad.

Es realmente alarmante que los temas de fondo relativos al ambiente no formen parte del debate o de las propuestas de las partes en pugna en la contienda electoral. De esta manera mientras las acusaciones van y vienen nadie se toma la molestia de cuestionar las razones por las cuales ocurren -en última instancia-derrames de petróleo. Este silencio en realidad dice mucho, habla sobre como el episteme del progreso basado en el petróleo, norma y estructura nuestra sociedad. En este escenario nadie cuestiona los planes de incrementar la extracción de petróleo. Es como si esto fuese un hecho irremediable -nuestro destino- una sentencia de la historia. Sin embargo, es una necesidad abrir un debate nacional  sobre los megaproyectos petroleros que se adelantan. Lastimosamente ésta no es sólo una situación local, en realidad forma parte de la re-primarización general de las economías de nuestra región (sin importar las pretendidas o reales afinidades ideológicas de cada gobierno). Aquí, como en el resto de Sur América la discusión a nivel de gobierno gira entorno a la forma en la cual utilizar la renta (petrolera o minera), no sobre la necesidad de superar la dependencia en ella.

Tiene particular importancia encontrar cuales son las causas por las que no nos cuestionamos el extractivismo petrolero. Realizar esto pasa por cuestionar las nociones de desarrollo que generalmente se vinculan al uso de la renta petrolera. Es igualmente importante que admitamos que está profundamente arraigado en nuestra idiosincrasia el imaginario de una supuesta riqueza que se encuentra bajo nuestros pies. Esta situación genera una suerte de frustración colectiva al creernos ricos, pero estafados por políticos corruptos (lamento tan viejo como la Venezuela petrolera). Pero aquí hay que decir una verdad de Perogrullo, la riqueza petrolera es sólo una ilusión.  Esta riqueza  está sobrevalorada debido a la forma en que la crematística ortodoxa omite (hace externalidades) los costos sociales y ambientales vinculados a ella. Pero son precisamente estas externalidades las que darán origen a los futuros conflictos. 

Es ampliamente conocido que la abrumadora mayoría de los países con economías primo-exportadoras sufren de crónicos problemas económicos; es tanto así, que inclusive se le ha puesto un nombre a esta situación: “la paradoja de la abundancia”. Además son igualmente sabidos los nefastos problemas inflacionarios que la Enfermedad Holandesa  causa en las economías dependientes de rentas ricardianas, en escenarios de tasas fijas de cambio e incrementos abruptos en las exportaciones. De esta manera los vaticinios económicos para la faja petrolera no son necesariamente buenos. Es también importante considerar que para ser consecuentes con el espíritu protagónico y participativo que la constitución asigna a nuestra sociedad, es legítimo pedir un debate público sobre la pertinencia de adquirir los cuantiosos endeudamientos necesarios para llevar a cabo los proyectos (exploración, extracción y mejora) de la faja petrolera. También es importante reconocer que en la configuración del sistema mundo colonial moderno, la extracción de “materias primas” es precisamente el rol que se le ha asignado al Sur Global3. De esta manera parece –por decir lo menos- una ingenuidad intentar emanciparse de este sistema sin siquiera cuestionar la función que en él nos ha sido asignada.

Llama la atención que en el discurso en el cual se promueve la extracción de petróleo, siempre se vincule esta actividad al impulso del desarrollo nacional. Esta construcción discursiva es común a los gobiernos con afinidades a la ideología económica neoclásica, así como también a aquellos que se autodenominan socialistas o revolucionarios. De esta manera la legitimidad de aspirar al desarrollo se torna incuestionable. Todo está claro: somos países subdesarrollados y como tales nuestra única meta es desarrollarnos (corolario: el futuro está determinado). En este sentido es una ideología teleológica, que plantea una verdad universal incontrovertible. Pero como ya alguien dijo: lo absolutamente cierto como tal es siempre carente de libertad4. Esta es en gran medida la razón por la cual los gobiernos vinculados al extractivismo en términos generales se caracterizan por5: presentar un alto grado de centralización en la toma de decisiones, por tener instituciones débiles y supeditadas al poder central, por asumir conductas autoritarias, por estar  supeditados a capitales internacionales (necesarios para la inversión en las industrias petroleras-mineras), por la discrecionalidad en el uso de los recursos y por establecer relaciones clientelares con los movimientos sociales.

Para que todo esto ocurra es necesario que la noción de desarrollo se legitime y para esto primero es indispensable que se establezcan concepciones particulares en relación a la naturaleza. Esto es necesario debido a que el desarrollo está estrechamente ligado a la idea de crecimiento económico, el cual en última instancia requiere del uso siempre incrementado de elementos de la naturaleza (irrealmente tratados como bienes inagotables), los cuales han sido hábilmente reducidos en el discurso economicista a “recursos naturales”. Para que esta reducción opere es necesario crear un abismo ontológico4 entre los seres humanos (o más precisamente entre el hombre) y el resto de la naturaleza. Esto se logra gracias a las nociones que plantean la necesidad de someter a la naturaleza a través del conocimiento. Lográndose así lo que se ha llamado el desencantamiento del mundo. De esta manera la naturaleza es reducida a una cosa, a un recurso natural o a un factor de producción a ser explotado. El final lógico de este enunciado es la completa supeditación de lo ecológico a lo económico, es decir la completa mercantilización de la naturaleza, proyecto que actualmente se encuentra en curso con ímpetus renovados bajo el engañoso nombre de Economía Verde.

Con respecto a este último punto no se puede dejar de señalar las tensiones y contradicciones que se dan en el gobierno entre el discurso y el hecho  en el manejo de los temas ambientales en el marco de las negociaciones que se dan a nivel de los organismos multilaterales. En este sentido, fácilmente se pueden apreciar discursos profundamente contrahegemónicos, acompañados por  acciones de diferente índole.  A titulo de ejemplo, en estos espacios nuestras delegaciones tienen vetado el hablar sobre la deuda ecológica. Como una muestra de estas contradicciones basta con recordar las diferencias evidentes en las posturas de la delegación venezolana en la COP-15 (Copenhague) en comparación con la asumida finalmente en la COP-16 (Cancún). De esta manera se aprecia que  mas allá de toda retórica antiimperialista, a la hora de las chiquitas se pueden asumir posturas profundamente antagónicas a las aspiraciones de los movimientos sociales.

Es realmente importante poner en el debate público las posiciones que son asumidas por estas delegaciones, posturas que hasta ahora no han sido consultadas. La posibilidad de que el conjunto de la población esté informada sobre estos temas y participe en su discusión, es un requisito indispensable  para lograr que se asuman posiciones coherentes, que en última instancia se traduzcan en los cambios que son necesarios para que siga siendo viable nuestra existencia en este planeta. En este sentido es bueno recordar que próximamente se van a realizar en Rio de Janeiro dos reuniones de particular importancia, la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental en Defensa de los Bienes Comunes y la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Desarrollo  Sustentable Rio + 20. Es importante resaltar que la última de estas reuniones tiene el objetivo expreso de legitimar la Economía Verde. Esto es algo tan importante que no se puede tolerar  que la posición que asuma el país en esta conferencia dependa simplemente de la discrecionalidad de unos pocos funcionarios públicos. Este tema trasciende la simple opinión de expertos, atañe a la sociedad en su totalidad.

Es evidente que los problemas ecológicos seguirán estando presentes en nuestro país, esto sin importar si forman parte o no de las noticias. Sin embargo, dada la envergadura de los megaproyectos petroleros en curso, con sus consecuentes e inevitables repercusiones sociales y ecológicas, no es descabellado pensar que se pudieran desencadenar reacciones sociales de gran envergadura. Esta es una situación de carácter general en nuestra región, articulada en un movimiento que lucha en contra de lo que se ha denominado neodesarrollismo. Este es un movimiento con un gran potencial real y simbólico, ya que inherentemente involucra una crítica a la noción de desarrollo y por lo tanto tiene un fuerte componente anticolonial. En él se plantea la necesidad de trascender el ideal de desarrollo y por lo tanto la lógica petrolera-minera en la cual éste se basa. 

Finalmente, es indiscutible -así sea simplemente por razones de agotamiento de las existencias- que la civilización petrolera llegará a su fin. Tarde o temprano deberemos afrontar esta situación y empezar a la recorrer la transición. Sin embargo, plantearnos como objetivo prioritario convertirnos en una potencia energética es un paso en la dirección equivocada, paso que compromete nuestro futuro de diferentes formas (e.g., financieramente, ecológicamente y socialmente). Tal vez sea hora de avanzar realmente a contracorriente. Evidentemente nadie espera que este cambio se produzca de un día para el otro, pero si es urgentemente necesario que se establezcan estrategias sinceras –mas allá del simple discurso político- que nos permitan planear la transición  hacia un modelo de sociedad post-petrolera.

1 En este punto es importante resaltar la iniciativa de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica (MPPA) mediante la cual se ha intentado construir de forma participativa la estrategia nacional en el área. Este es un importante ejemplo que pudiera servir como modelo para abrir la discusión entorno a otros temas de igual importancia.

2, 5 Acosta, A. 2012. Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. En: Más allá del desarrollo  (Grupo permanente de trabajo sobre alternativas al desarrollo). Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala

3Adorno, T. 1970. Sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento. Monte Ávila Editores.

4 Este tema se encuentra particularmente bien desarrollado en: Lander, E. 1997. Modernidad, colonialidad y postmodernidad. Economía y Ciencias Sociales. Número 4.

6 Puleo, A. 2011. Ecofeminismo para otro mundo posible. Editorial Cátedra.



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