El pasado 17 de marzo la Asamblea Nacional aprobó la Reforma Parcial a la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de competencias del Poder Público; donde el Ejecutivo Nacional reasume tres competencias, autopistas-puertos y aeropuertos-, que le había sido transferida al Poder Público Estatal. Es importante indicar que este proceso estaba contemplada en el artículo 8 de la mencionada Ley, antes de la reforma, que dice textualmente lo siguiente: “Los servicios transferidos de conformidad con lo establecido en los artículos 5to y 6to de la presente Ley podrán ser reasumidos por el Ejecutivo Nacional de acuerdo con el siguiente procedimiento:…..”. Como puede apreciarse, el mencionado artículo desmonta la argumentación inconstitucional que señala como siempre el oposicionismo venezolano.
Con la reforma aprobada se busca mejorar la prestación de servicio en las áreas mencionadas, en coordinación con el Poder Pùblico Estatal, tal como lo prevé el Articulo 14 de la mencionada reforma: “Es de competencia de los Estados en coordinación con el Ejecutivo Nacional, la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, asi como, puertos y aeropuertos de uso comercial. El Ejecutivo Nacional ejercerá la rectoría y establecerá los lineamientos para el desarrollo de la coordinación señalada en el presente articulo”. La participación de los Estados no desaparece, se establece un trabajo conjunto para administrar las competencias reasumidas por el Ejecutivo Nacional.
La oposición venezolana con los pequeños caudillos regionales del ayer y los que pretender tener tal posición hoy día, se quejan de manera continua, por supuesto en televisòn, radio y prensa, en relación a la administración principalmente de los puertos y en un segundo término los aeropuertos, ni pendiente con las autopistas. Este comportamiento tiene su explicación en las prebendas y establecimiento de mafias económicas que les otorga un caudal importante de beneficios a nivel personal, al administrar en muchos casos estas instancias bajo la figura de las denominadas concesiones. Para nadie es un secreto el sin fin de procedimientos que se han establecidos en las aduanas, para lo cual existen grupos del mismo seno y fuera de la institución correspondiente que “aligeran” los procedimiento legales, para que la mercancía pueda ser nacionalizada, entre otros “favores”.
Adicionalmente, los defensores de la mal llamada descentralización indican que el Ejecutivo Nacional pretende acabar con las Regiones, por el contrario se ha aplicado una verdadera política de descentralización que no se queda en una gobernación o alcaldía a merced de la voluntad de su gerente, si no que va directamente a las comunidades a través de la construcción del poder popular que viene impulsándose. Es vasto y conocido la participación protagónica del pueblo venezolano en la toma de decisiones y ejecución de sus propuestas a través de un consejo comunal, una mesa tecina de agua, de energía, un comité de tierra, un fundo zamorano, una empresa de producción social, entre otras; en estos espacios se desarrolla la descentralización que promueve nuestra revolución, donde los recursos y funciones los ejerce las comunidades. Esta situación incómoda a la oposición venezolana que observa y siente como cada día que pasa, significa mayor poder para el pueblo y menos poder para ellos, lo cual les impide hacer las marramuncias que hicieron bajo ese concepto mal concebido que ellos tienen de la “descentralización”.
Otra argumentación sin ningún tipo de fundamento, que no sea el propagandístico a nivel de los medios de comunicación, es la confiscación o disminución de recursos hacia Gobernaciones y Alcaldías. Por el contrario, con este Gobierno Revolucionario las comunidades que hacen vida en los estados y municipios se ven cada día más fortalecidas con la transferencia de recursos directos que no pasan por ninguna alcabala, ni se cobra ninguna comisión para la ejecución de determinado proyecto. Esta es la descentralización que defiende la Revolución Bolivariana y con la cual por supuesto no está de acuerdo la oposición interna y externa.
Finalmente, el tema de los puertos y aeropuertos es un problema de seguridad nacional, la cual corresponde garantizarla, como ente rector, al ejecutivo nacional, más aún en las circunstancias actuales donde los que sueñas con el titulo noble de caudillo regional o municipal andan promocionando una especie de separatismo en sus respectivas regiones y haciéndole el juego al imperialismo, que pretender subdividir, ante la imposibilidad de derrotar al pueblo venezolano con su comandante, en regiones más pequeñas que faciliten la intervención.
(*) Econ
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