Por un margen escasamente superior a un punto porcentual, la propuesta
de Reforma Constitucional, sometida a referendum por el gobierno
nacional el 2 de Diciembre, fue rechazada. Con una abstención de
44,11%, y una participación de poco más de nueve millones de votantes,
el margen que decidió el referendum fue de apenas 124 mil votos, para
el primer bloque de artículos propuestos, y 187 mil votos para el
segundo bloque, quedando por contabilizarse alrededor del 3% de los
votos emitidos manualmente y en el exterior.
Se trata de una
derrota electoral sin precedentes para el gobierno. El resultado
sorprendió incluso a la oposición de derecha, la cual se preparaba para
desconocer el resultado, tal y como había venido haciendo en todos los
comicios en los que participaba. El abogado constitucionalista Hermann
Escarrá, vocero de la derecha, incluso había grabado y publicado en
horas de la noche un comunicado en el que llamaba a "desconocer cívica
y constitucionalmente" el resultado, y aseguró que se estaría "en las
horas del fraude del régimen para anular la voluntad mayoritaria
expresada hoy por los electores". (http://www.aporrea.org/actualid
El resultado electoral significa una ganancia
para el fascismo, por cuanto la campaña del "No" se centró en la
explotación de prejuicios conservadores y mentiras anti izquierdistas,
y el gobierno estadounidense fue el primero en aplaudir la victoria de
sus operadores políticos en Venezuela. Mientras que la mayoría de
quienes votaron contra la reforma no simpatizan con el fascismo, y esto
es fundamental asumirlo, la vocería de esa campaña estuvo representada
unánimemente por los sectores fascistas. Esa es la única cabeza visible
de la opción electoral que triunfó, y avanzará políticamente gracias a
ello. Lejos de lo que pregonan los optimistas, la derecha fascista no
cambiará ahora de métodos, precisamente ahora que le han rendido frutos.
Resulta
indispensable analizar por qué una capa importante de la población, que
no simpatiza con el fascismo, antepuso su rechazo a la reforma a la
hora de votar. La explicación a esto sólo puede encontrarse en el
proyecto de reforma mismo y en el fracaso de la campaña realizada por
el gobierno. Las mayorías populares no defendieron ni promovieron una
reforma que no asumían como propia. El resultado electoral aplastó el
mito de la popularidad de la reforma, y con ello a una corriente
intelectual chavista, sobre todo en el exterior, que toma una
fraseología prestada de la tradición revolucionaria para hacer
propaganda, más inspirada en la incondicionalidad a Chávez que en el
análisis de la realidad. Tal es el caso de Alan Woods:
“En
esta batalla ¿quién se opone a la reforma de la Constitución?
Fedecámaras, es decir, los terratenientes, los banqueros y los
capitalistas; la Conferencia Episcopal, que representa a la jerarquía
reaccionaria de la Iglesia; los medios de comunicación de derechas y el
imperialismo. Al otro lado de las barricadas están los trabajadores y
los campesinos, los pobres y los desposeídos, la juventud
revolucionaria y la intelectualidad progresista, en otras palabras,
todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana.” (http://www.rebelion.org
Si
la reforma hubiera tenido un carácter revolucionario, eso hubiera sido
cierto. El reformismo del gobierno tiene por enemiga a una coalición
fascista como la descrita por Woods, sin embargo, mostraron más
entusiasmo a favor de la reforma los Empresarios por Venezuela,
Confagan, y otros capitalistas, que los mismos trabajadores. La
responsabilidad de ello recae sobre el gobierno, que no permitió al
pueblo trabajador participar y apropiarse de la propuesta.
Otra
corriente que ha quedado desprestigiada frente a la izquierda
venezolana ha sido la del intelectual del “Socialismo del Siglo XXI”,
Heinz Dieterich, gracias a su manifiesto derechismo en apoyo al general
Baduel, sus ambigüedades previas al referendum, y su afán de figurar
luego de la votación mediante denuncias anacrónicas. Esperemos que el
reformismo del siglo XXI sufra la misma suerte de uno de sus
principales intelectuales.
Si se puede afirmar que se trata de
una victoria para la derecha fascista, es importante aclarar que la
izquierda había sido derrotada antes de la medición electoral. Es
correcto que un proyecto socialista no se construya con la
participación de los explotadores o las mafias que se deben al
usufructo de las injusticias, pero no es eficaz que en la concepción de
ese proyecto se excluya a las organizaciones populares y
revolucionarias que han defendido el proceso de cambios en Venezuela.
El pueblo trabajador debe ser el beneficiario y el primer defensor de
tal proyecto, su papel protagónico es imprescindible. Fue el gobierno
quien excluyó a los sectores más avanzados del movimiento popular de la
discusión de la reforma, y preparó una propuesta que más allá de la
propaganda no podría calificarse de socialista o revolucionaria. Si
bien la reforma contenía algunos elementos progresistas, también
significaba un claro retroceso con relación a varios aspectos de la
constitución vigente, particularmente los referidos a la participación
democrática del pueblo; y dejaba intactos aquellos elementos que
definen al marco legal venezolano como capitalista, sin introducir
herramientas para la transición al socialismo.
La
campaña enfrentó a dos bloques de mentiras. Sin duda el más macabro fue
el del No, que planteaba, de aprobarse la reforma, un escenario
apocalíptico que no se correspondía en nada con el contenido de la
propuesta. La defensa de la “libertad” y la “propiedad” eran su eje:
pregonaban los fascistas que la reforma acabaría con toda libertad
personal y propiedad individual, incluyendo curiosamente como una forma
de propiedad a “los hijos”, y planteando que también serían
estatizados. La defensa de la propiedad como un derecho fundamental,
por cierto, implica la negación de la propiedad privada, que sólo puede
existir para pocos a condición de la privación de muchos. Semejantes
consideraciones, por supuesto estuvieron completamente ausentes en el
debate, y las críticas de la izquierda revolucionaria fueron
prácticamente invisibilizadas. Por otro lado, el gobierno aseguraba que
la reforma era socialista, aún cuando dejaba intacto el principio de la
libre competencia capitalista como uno de los fundamentos del régimen
socioeconómico, consagrado en el artículo 299 de la Constitución. La
reforma consagraba la propiedad privada de grandes medios de
producción, y elevaba a rango constitucional a las empresas mixtas. El
socialismo no es una economía mixta, ni se construye en sociedad con
los capitalistas, a través de mayorías accionarias. En aquellas ramas
de la industria de los hidrocarburos en las que existe actualmente una
situación de dependencia tecnológica o de alguna otra índole que haga
indispensable la asociación con el capital extranjero, la asociación
tendría que hacerse sobre la perspectiva de superar esa dependencia en
plazos definidos, nunca como un fin en sí mismo, ni mucho menos como
una forma de “socialismo”.
La
crítica fundamental no consiste en reclamar que la reforma “no
decretara la revolución”, sino que, lejos de plantear un modelo de
transición, consagraba las características del status quo actual, y lo
hiciera a nombre del socialismo. Por ejemplo, en lo tocante al Estado,
se elevaba a rango constitucional el modelo asistencial de las
“misiones”, como un modelo burocrático alternativo frente a la
burocracia estadal tradicional. Nacidas como una respuesta experimental
a la incapacidad del Estado para atender los problemas sociales más
urgentes, las misiones se han ido contagiando gradualmente de los
vicios burocráticos tradicionales, mientras que el aparato del Estado
no ha sufrido ningún cambio sustancial. El cambio constitucional
propuesto consagraba esa dualidad poco revolucionaria. Este método
reformista de proceder a incorporar mampostería “socialista” a la
estructura capitalista está destinado al fracaso.
La
falta de claridad en cuanto al carácter y los alcances de figuras
organizativas como los consejos de estudiantes, obreros, y campesinos,
se tradujeron en la escasísima movilización de la población en defensa
de instrumentos que le atañen directamente. La experiencia concreta de
los consejos comunales dice que estas figuras, en un marco capitalista,
terminan siendo instancias de legitimación de la gestión burocrática y
de tercerización de las obras y los servicios públicos, y de ninguna
manera son instancias de Poder Popular. Ni los millones de miembros de
los consejos comunales, ni los más de cinco millones y medio de
aspirantes a militantes del PSUV, votaron a favor de la reforma
constitucional. Son hechos que deben llevar a una revisión del manejo
oficial del tema del poder popular, y del problema del partido.
Las
fallas estructurales del reformismo oficial, fueron las responsables de
la derrota electoral. Mientras tanto, la campaña fascista no sólo echó
mano de la violencia simbólica. También utilizó habilidosamente un
recurso grotesco, al alternar el terrorismo crudo con los llamados a la
paz, todo bajo la amplificación mediática de los canales privados de
televisión. En Mérida, las mafias estudiantiles utilizaron la
Universidad de los Andes como centro de operaciones para efectuar
cortes en las avenidas y tirotear policías, al amparo de la
inviolabilidad del recinto universitario y el apoyo logístico de las
autoridades universitarias. En Caracas, grupos fascistas intentaron
linchar y quemar a más de cien estudiantes en la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad Central de Venezuela, y lo habrían logrado de
no haber actuado un grupo de choque para desalojar de la edificación a
los estudiantes sitiados.
En
Valencia, fascistas que realizaban una toma de una carretera tirotearon
a un grupo de trabajadores, asesinando a uno de ellos, de 19 años.
Además de herirlo de bala, los fascistas le dieron una golpiza brutal.
En el oriente del país, los terroristas prendieron fuego a un
estudiante, hijo de un conocido periodista, quien repartía propaganda a
favor de la reforma. Fascistas lanzaron un ataque incendiario en contra
de la sede del PCV en San Cristóbal.
Lamentablemente,
ante cada agresión en contra del pueblo, el gobierno ha complementado
el clima general de impunidad con llamados a la reconciliación con los
criminales y los fascistas. Esa estrategia le da fuerza al chantaje
propagandístico, que anuncia que la paz será el resultado del triunfo
político de la derecha, y desmoviliza a las bases populares bajo el
argumento del respeto a una legalidad que no ha existido para los
fascistas en estos ocho años, y que no se ha aplicado a la derecha. Un
ejemplo patético de esto es el caso del fiscal Danilo Anderson,
asesinado por perseguir judicialmente a los golpistas de abril de 2002.
No sólo no han sido castigados los autores intelectuales de su
asesinato, sino que los casos abiertos por Anderson con relación al
golpe han sido abandonados por la Fiscalía General de la República.
Otros casos emblemáticos son los de las víctimas del golpe del 2002,
los campesinos sin tierra, asesinados por el sicariato ganadero; o los
camaradas de la Coordinadora Simón Bolívar atacados por el gobierno y
asesinados por sicarios por haber protestado en contra del canal
Globovisión.
Este
es el verdadero rostro de la política de la conciliación de clases:
dado que la derecha no aspira a ninguna reconciliación que no nazca de
la rendición incondicional de sus adversarios, el gobierno sacrifica en
sus entendimientos con la burguesía a quienes están más dispuestos a
defender al proceso revolucionario. La tarea más urgente del gobierno
para evitar una derrota total en el mediano plazo es abandonar esa
política perniciosa. Para castigar el desenfreno violento de los medios
de comunicación privados, particularmente Globovisión, bastaría con la
aplicación de las leyes vigentes, no haría falta restringir el derecho
a la información en los estados de excepción, como planteaba la reforma
del artículo 337 de la constitución.
El
gobierno tiene la oportunidad de reevaluar los resultados de su
política y buscar las razones de su aislamiento con respecto a las
bases populares. Con la voluntad política para aplicar hasta sus
máximos alcances la Constitución vigente; creando leyes nuevas que
permitan hacer valer los elementos más progresistas de la propuesta de
reforma, como la reducción de la jornada laboral y la universalidad de
la seguridad social, el gobierno puede reforzar la base social
necesaria para una reforma constitucional que refleje las conquistas
obtenidas con la movilización popular en todos estos años. Esto implica
valorar y difundir las experiencias más avanzadas de la lucha social,
como el control obrero de Sanitarios Maracay. Para expropiar a un
criminal de cuello blanco y conspirador como Álvaro Pocaterra y
entregarle Sanitarios Maracay a sus trabajadores no hace falta un
cambio constitucional, sino voluntad política: la Asamblea Nacional
podría decretar mañana mismo la utilidad pública de la empresa. Si el
gobierno se ha ensañado en contra de la experiencia de Sanitarios
Maracay, a través del Ministerio del Trabajo y la burocracia sindical
del CTR, o si ha permitido que se cometan impunemente crímenes en
contra de los trabajadores de la Planta de Tratamiento de Desechos
Sólidos de Mérida y los bienes públicos contenidos en ella, es porque
su política inspirada en la conciliación de clases le lleva
inevitablemente, al procurar un punto medio entre explotadores y
explotados, a favorecer al capital y a golpear a los trabajadores.
Ese
punto medio no existe, y los capitalistas nunca acompañarán un proceso
que avance hacia una sociedad justa, sin explotación. No podemos
esperar que los explotadores nieguen su propia condición, y si somos
socialistas y revolucionarios, tampoco podemos negar la nuestra a
nombre de que estamos en el siglo XXI.
Para demostrar que se
busca un modelo de desarrollo económico socialista, se puede dar el
ejemplo en la Sierra de Perijá, privilegiando a las poblaciones
originarias y las fuentes de agua de la población zuliana por encima de
los apetitos de las transnacionales del carbón. Abandonando los
tratados contra la doble tributación y otros instrumentos legales a
favor de la rapiña de la inversión extranjera. Ciñendo la participación
del capital transnacional en el negocio petrolero a través de empresas
mixtas, al criterio que ya esbozábamos, de una progresiva recuperación
de la soberanía económica y tecnológica. Confiando realmente en el
poder popular y estimulándolo al calor de la lucha, y no procurando su
subordinación y cooptación. Un primer gesto simbólico y práctico a la
vez sería remover a todos los ministros procapitalistas, o por lo menos
a aquellos más activamente comprometidos con políticas antiobreras y
antipopulares.
La reforma venía a reforzar las premisas
equivocadas sobre las cuales se llevó a cabo la política gubernamental
luego del triunfo en el referendum presidencial del 2004. El fracaso de
la reforma puede ser aprovechado como una oportunidad única para evitar
el fracaso total del proceso revolucionario. Lo que se frustró fue un
gran paso en falso, por lo que se está en la posibilidad de dar un giro
hacia una política que permita avanzar en el sentido correcto, hacia
sociedad verdaderamente justa y libre, sin explotación. Lamentablemente
la línea oficial, expresada por el propio presidente Chávez, está muy
lejos de anunciar la profundización de la revolución: 'Quizás no
estamos maduros para empezar un proyecto socialista, sin temores. No
estamos listos todavía para emprender un gobierno abiertamente
socialista'. (http://www.aporrea.org/actualid
Esta
línea refuerza las posiciones antisocialistas, tanto en la oposición
como en el gobierno. Y si ese es el diagnóstico del alto gobierno, que
la reforma era “demasiado avanzada” y que no estamos listos para el
socialismo, cabe esperar más bien que recrudezcan las políticas de
derecha en el gobierno. Del diagnóstico estratégico errado, esbozado
por el presidente Chávez, se derivan tácticas erradas. Luis Tascón
reivindica al MVR, como una maquinaria para ganar elecciones, frente al
PSUV. No se le ocurre que los vicios del PSUV son la herencia de la
burocracia del MVR y, sobre todo, se derivan de su concepción
policlasista. (http://www.aporrea.org/actualid
El
Ministerio del Trabajo, José Ramón Rivero, anuncia que se reunirá con
Fedecámaras y la CTV el 4 de Enero. De esta manera revela en toda su
crudeza el objetivo de su lucha encarnizada contra el sindicalismo
clasista y la Unión Nacional de Trabajadores. (http://www.rnv.gov.ve/noticias
Estos
importantes síntomas evidencian que la burocracia gubernamental huirá
por la derecha, y hará todo lo posible por establecer un pacto de
gobernabilidad con los fascistas. En ese contexto se hace más urgente
que nunca impulsar una política revolucionaria no subordinada al
gobierno, y procurar instrumentos organizativos propios para el
movimiento popular y los trabajadores. Estamos a tiempo para avanzar en
esa dirección.
timoteocuica@yahoo.com
