Una derrota para el reformismo, una oportunidad para la revolución

Por un margen escasamente superior a un punto porcentual, la propuesta de Reforma Constitucional, sometida a referendum por el gobierno nacional el 2 de Diciembre, fue rechazada. Con una abstención de 44,11%, y una participación de poco más de nueve millones de votantes, el margen que decidió el referendum fue de apenas 124 mil votos, para el primer bloque de artículos propuestos, y 187 mil votos para el segundo bloque, quedando por contabilizarse alrededor del 3% de los votos emitidos manualmente y en el exterior.

Se trata de una derrota electoral sin precedentes para el gobierno. El resultado sorprendió incluso a la oposición de derecha, la cual se preparaba para desconocer el resultado, tal y como había venido haciendo en todos los comicios en los que participaba. El abogado constitucionalista Hermann Escarrá, vocero de la derecha, incluso había grabado y publicado en horas de la noche un comunicado en el que llamaba a "desconocer cívica y constitucionalmente" el resultado, y aseguró que se estaría "en las horas del fraude del régimen para anular la voluntad mayoritaria expresada hoy por los electores". (http://www.aporrea.org/actualidad/n105765.html). Estuvo a punto de desconocer su triunfo. Contrastando con esta tradición antidemocrática de la derecha opositora, el presidente Chávez, a nombre propio y de su gobierno aceptó los resultados apenas fueron anunciados. Los voceros del gobierno tratan de minimizar el significado político de una elección que el gobierno definió torpemente en términos de “Con Chávez o contra Chávez”, y tratan de pintar un escenario en el que el fascismo asumirá un comportamiento democrático en el futuro. De esa manera se alimentan expectativas absurdas y contraproducentes.

El resultado electoral significa una ganancia para el fascismo, por cuanto la campaña del "No" se centró en la explotación de prejuicios conservadores y mentiras anti izquierdistas, y el gobierno estadounidense fue el primero en aplaudir la victoria de sus operadores políticos en Venezuela. Mientras que la mayoría de quienes votaron contra la reforma no simpatizan con el fascismo, y esto es fundamental asumirlo, la vocería de esa campaña estuvo representada unánimemente por los sectores fascistas. Esa es la única cabeza visible de la opción electoral que triunfó, y avanzará políticamente gracias a ello. Lejos de lo que pregonan los optimistas, la derecha fascista no cambiará ahora de métodos, precisamente ahora que le han rendido frutos.

Resulta indispensable analizar por qué una capa importante de la población, que no simpatiza con el fascismo, antepuso su rechazo a la reforma a la hora de votar. La explicación a esto sólo puede encontrarse en el proyecto de reforma mismo y en el fracaso de la campaña realizada por el gobierno. Las mayorías populares no defendieron ni promovieron una reforma que no asumían como propia. El resultado electoral aplastó el mito de la popularidad de la reforma, y con ello a una corriente intelectual chavista, sobre todo en el exterior, que toma una fraseología prestada de la tradición revolucionaria para hacer propaganda, más inspirada en la incondicionalidad a Chávez que en el análisis de la realidad. Tal es el caso de Alan Woods:

“En esta batalla ¿quién se opone a la reforma de la Constitución? Fedecámaras, es decir, los terratenientes, los banqueros y los capitalistas; la Conferencia Episcopal, que representa a la jerarquía reaccionaria de la Iglesia; los medios de comunicación de derechas y el imperialismo. Al otro lado de las barricadas están los trabajadores y los campesinos, los pobres y los desposeídos, la juventud revolucionaria y la intelectualidad progresista, en otras palabras, todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana.” (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=59717)

Si la reforma hubiera tenido un carácter revolucionario, eso hubiera sido cierto. El reformismo del gobierno tiene por enemiga a una coalición fascista como la descrita por Woods, sin embargo, mostraron más entusiasmo a favor de la reforma los Empresarios por Venezuela, Confagan, y otros capitalistas, que los mismos trabajadores. La responsabilidad de ello recae sobre el gobierno, que no permitió al pueblo trabajador participar y apropiarse de la propuesta.

Otra corriente que ha quedado desprestigiada frente a la izquierda venezolana ha sido la del intelectual del “Socialismo del Siglo XXI”, Heinz Dieterich, gracias a su manifiesto derechismo en apoyo al general Baduel, sus ambigüedades previas al referendum, y su afán de figurar luego de la votación mediante denuncias anacrónicas. Esperemos que el reformismo del siglo XXI sufra la misma suerte de uno de sus principales intelectuales.

Si se puede afirmar que se trata de una victoria para la derecha fascista, es importante aclarar que la izquierda había sido derrotada antes de la medición electoral. Es correcto que un proyecto socialista no se construya con la participación de los explotadores o las mafias que se deben al usufructo de las injusticias, pero no es eficaz que en la concepción de ese proyecto se excluya a las organizaciones populares y revolucionarias que han defendido el proceso de cambios en Venezuela. El pueblo trabajador debe ser el beneficiario y el primer defensor de tal proyecto, su papel protagónico es imprescindible. Fue el gobierno quien excluyó a los sectores más avanzados del movimiento popular de la discusión de la reforma, y preparó una propuesta que más allá de la propaganda no podría calificarse de socialista o revolucionaria. Si bien la reforma contenía algunos elementos progresistas, también significaba un claro retroceso con relación a varios aspectos de la constitución vigente, particularmente los referidos a la participación democrática del pueblo; y dejaba intactos aquellos elementos que definen al marco legal venezolano como capitalista, sin introducir herramientas para la transición al socialismo.

La campaña enfrentó a dos bloques de mentiras. Sin duda el más macabro fue el del No, que planteaba, de aprobarse la reforma, un escenario apocalíptico que no se correspondía en nada con el contenido de la propuesta. La defensa de la “libertad” y la “propiedad” eran su eje: pregonaban los fascistas que la reforma acabaría con toda libertad personal y propiedad individual, incluyendo curiosamente como una forma de propiedad a “los hijos”, y planteando que también serían estatizados. La defensa de la propiedad como un derecho fundamental, por cierto, implica la negación de la propiedad privada, que sólo puede existir para pocos a condición de la privación de muchos. Semejantes consideraciones, por supuesto estuvieron completamente ausentes en el debate, y las críticas de la izquierda revolucionaria fueron prácticamente invisibilizadas. Por otro lado, el gobierno aseguraba que la reforma era socialista, aún cuando dejaba intacto el principio de la libre competencia capitalista como uno de los fundamentos del régimen socioeconómico, consagrado en el artículo 299 de la Constitución. La reforma consagraba la propiedad privada de grandes medios de producción, y elevaba a rango constitucional a las empresas mixtas. El socialismo no es una economía mixta, ni se construye en sociedad con los capitalistas, a través de mayorías accionarias. En aquellas ramas de la industria de los hidrocarburos en las que existe actualmente una situación de dependencia tecnológica o de alguna otra índole que haga indispensable la asociación con el capital extranjero, la asociación tendría que hacerse sobre la perspectiva de superar esa dependencia en plazos definidos, nunca como un fin en sí mismo, ni mucho menos como una forma de “socialismo”.
La crítica fundamental no consiste en reclamar que la reforma “no decretara la revolución”, sino que, lejos de plantear un modelo de transición, consagraba las características del status quo actual, y lo hiciera a nombre del socialismo. Por ejemplo, en lo tocante al Estado, se elevaba a rango constitucional el modelo asistencial de las “misiones”, como un modelo burocrático alternativo frente a la burocracia estadal tradicional. Nacidas como una respuesta experimental a la incapacidad del Estado para atender los problemas sociales más urgentes, las misiones se han ido contagiando gradualmente de los vicios burocráticos tradicionales, mientras que el aparato del Estado no ha sufrido ningún cambio sustancial. El cambio constitucional propuesto consagraba esa dualidad poco revolucionaria. Este método reformista de proceder a incorporar mampostería “socialista” a la estructura capitalista está destinado al fracaso.

La falta de claridad en cuanto al carácter y los alcances de figuras organizativas como los consejos de estudiantes, obreros, y campesinos, se tradujeron en la escasísima movilización de la población en defensa de instrumentos que le atañen directamente. La experiencia concreta de los consejos comunales dice que estas figuras, en un marco capitalista, terminan siendo instancias de legitimación de la gestión burocrática y de tercerización de las obras y los servicios públicos, y de ninguna manera son instancias de Poder Popular. Ni los millones de miembros de los consejos comunales, ni los más de cinco millones y medio de aspirantes a militantes del PSUV, votaron a favor de la reforma constitucional. Son hechos que deben llevar a una revisión del manejo oficial del tema del poder popular, y del problema del partido.

Las fallas estructurales del reformismo oficial, fueron las responsables de la derrota electoral. Mientras tanto, la campaña fascista no sólo echó mano de la violencia simbólica. También utilizó habilidosamente un recurso grotesco, al alternar el terrorismo crudo con los llamados a la paz, todo bajo la amplificación mediática de los canales privados de televisión. En Mérida, las mafias estudiantiles utilizaron la Universidad de los Andes como centro de operaciones para efectuar cortes en las avenidas y tirotear policías, al amparo de la inviolabilidad del recinto universitario y el apoyo logístico de las autoridades universitarias. En Caracas, grupos fascistas intentaron linchar y quemar a más de cien estudiantes en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, y lo habrían logrado de no haber actuado un grupo de choque para desalojar de la edificación a los estudiantes sitiados.
En Valencia, fascistas que realizaban una toma de una carretera tirotearon a un grupo de trabajadores, asesinando a uno de ellos, de 19 años. Además de herirlo de bala, los fascistas le dieron una golpiza brutal. En el oriente del país, los terroristas prendieron fuego a un estudiante, hijo de un conocido periodista, quien repartía propaganda a favor de la reforma. Fascistas lanzaron un ataque incendiario en contra de la sede del PCV en San Cristóbal.

Lamentablemente, ante cada agresión en contra del pueblo, el gobierno ha complementado el clima general de impunidad con llamados a la reconciliación con los criminales y los fascistas. Esa estrategia le da fuerza al chantaje propagandístico, que anuncia que la paz será el resultado del triunfo político de la derecha, y desmoviliza a las bases populares bajo el argumento del respeto a una legalidad que no ha existido para los fascistas en estos ocho años, y que no se ha aplicado a la derecha. Un ejemplo patético de esto es el caso del fiscal Danilo Anderson, asesinado por perseguir judicialmente a los golpistas de abril de 2002. No sólo no han sido castigados los autores intelectuales de su asesinato, sino que los casos abiertos por Anderson con relación al golpe han sido abandonados por la Fiscalía General de la República. Otros casos emblemáticos son los de las víctimas del golpe del 2002, los campesinos sin tierra, asesinados por el sicariato ganadero; o los camaradas de la Coordinadora Simón Bolívar atacados por el gobierno y asesinados por sicarios por haber protestado en contra del canal Globovisión.

Este es el verdadero rostro de la política de la conciliación de clases: dado que la derecha no aspira a ninguna reconciliación que no nazca de la rendición incondicional de sus adversarios, el gobierno sacrifica en sus entendimientos con la burguesía a quienes están más dispuestos a defender al proceso revolucionario. La tarea más urgente del gobierno para evitar una derrota total en el mediano plazo es abandonar esa política perniciosa. Para castigar el desenfreno violento de los medios de comunicación privados, particularmente Globovisión, bastaría con la aplicación de las leyes vigentes, no haría falta restringir el derecho a la información en los estados de excepción, como planteaba la reforma del artículo 337 de la constitución.

El gobierno tiene la oportunidad de reevaluar los resultados de su política y buscar las razones de su aislamiento con respecto a las bases populares. Con la voluntad política para aplicar hasta sus máximos alcances la Constitución vigente; creando leyes nuevas que permitan hacer valer los elementos más progresistas de la propuesta de reforma, como la reducción de la jornada laboral y la universalidad de la seguridad social, el gobierno puede reforzar la base social necesaria para una reforma constitucional que refleje las conquistas obtenidas con la movilización popular en todos estos años. Esto implica valorar y difundir las experiencias más avanzadas de la lucha social, como el control obrero de Sanitarios Maracay. Para expropiar a un criminal de cuello blanco y conspirador como Álvaro Pocaterra y entregarle Sanitarios Maracay a sus trabajadores no hace falta un cambio constitucional, sino voluntad política: la Asamblea Nacional podría decretar mañana mismo la utilidad pública de la empresa. Si el gobierno se ha ensañado en contra de la experiencia de Sanitarios Maracay, a través del Ministerio del Trabajo y la burocracia sindical del CTR, o si ha permitido que se cometan impunemente crímenes en contra de los trabajadores de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de Mérida y los bienes públicos contenidos en ella, es porque su política inspirada en la conciliación de clases le lleva inevitablemente, al procurar un punto medio entre explotadores y explotados, a favorecer al capital y a golpear a los trabajadores.

Ese punto medio no existe, y los capitalistas nunca acompañarán un proceso que avance hacia una sociedad justa, sin explotación. No podemos esperar que los explotadores nieguen su propia condición, y si somos socialistas y revolucionarios, tampoco podemos negar la nuestra a nombre de que estamos en el siglo XXI.

Para demostrar que se busca un modelo de desarrollo económico socialista, se puede dar el ejemplo en la Sierra de Perijá, privilegiando a las poblaciones originarias y las fuentes de agua de la población zuliana por encima de los apetitos de las transnacionales del carbón. Abandonando los tratados contra la doble tributación y otros instrumentos legales a favor de la rapiña de la inversión extranjera. Ciñendo la participación del capital transnacional en el negocio petrolero a través de empresas mixtas, al criterio que ya esbozábamos, de una progresiva recuperación de la soberanía económica y tecnológica. Confiando realmente en el poder popular y estimulándolo al calor de la lucha, y no procurando su subordinación y cooptación. Un primer gesto simbólico y práctico a la vez sería remover a todos los ministros procapitalistas, o por lo menos a aquellos más activamente comprometidos con políticas antiobreras y antipopulares.

La reforma venía a reforzar las premisas equivocadas sobre las cuales se llevó a cabo la política gubernamental luego del triunfo en el referendum presidencial del 2004. El fracaso de la reforma puede ser aprovechado como una oportunidad única para evitar el fracaso total del proceso revolucionario. Lo que se frustró fue un gran paso en falso, por lo que se está en la posibilidad de dar un giro hacia una política que permita avanzar en el sentido correcto, hacia sociedad verdaderamente justa y libre, sin explotación. Lamentablemente la línea oficial, expresada por el propio presidente Chávez, está muy lejos de anunciar la profundización de la revolución: 'Quizás no estamos maduros para empezar un proyecto socialista, sin temores. No estamos listos todavía para emprender un gobierno abiertamente socialista'. (http://www.aporrea.org/actualidad/n105788.html)

Esta línea refuerza las posiciones antisocialistas, tanto en la oposición como en el gobierno. Y si ese es el diagnóstico del alto gobierno, que la reforma era “demasiado avanzada” y que no estamos listos para el socialismo, cabe esperar más bien que recrudezcan las políticas de derecha en el gobierno. Del diagnóstico estratégico errado, esbozado por el presidente Chávez, se derivan tácticas erradas. Luis Tascón reivindica al MVR, como una maquinaria para ganar elecciones, frente al PSUV. No se le ocurre que los vicios del PSUV son la herencia de la burocracia del MVR y, sobre todo, se derivan de su concepción policlasista. (http://www.aporrea.org/actualidad/n105839.html)

El Ministerio del Trabajo, José Ramón Rivero, anuncia que se reunirá con Fedecámaras y la CTV el 4 de Enero. De esta manera revela en toda su crudeza el objetivo de su lucha encarnizada contra el sindicalismo clasista y la Unión Nacional de Trabajadores. (http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=57296)

Estos importantes síntomas evidencian que la burocracia gubernamental huirá por la derecha, y hará todo lo posible por establecer un pacto de gobernabilidad con los fascistas. En ese contexto se hace más urgente que nunca impulsar una política revolucionaria no subordinada al gobierno, y procurar instrumentos organizativos propios para el movimiento popular y los trabajadores. Estamos a tiempo para avanzar en esa dirección.

timoteocuica@yahoo.com



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Simón Rodríguez Porras

Músico y militante del Partido Socialismo y Libertad.

 @guitarraylapiz

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