"La ciencia es especial porque se basa en los hechos, se supone que los hechos son afirmaciones acerca del mundo que pueden ser verificadas directamente por un uso cuidadoso y desprejuiciado de los sentidos.": Alan F. Chalmers en su libro: "¿Qué es esa cosa llamada ciencia?
Con el fin de ser objetivos en nuestro análisis, haremos un breve recuento de alguno de los hechos ocurridos durante el último tramo de la reciente campaña presidencial y con posterioridad a la misma, que muestran que la realización del "Estado Social y Democrático de Derecho", del que nos habla la constitución de 1991, sigue siendo una tarea pendiente en Colombia.
Polarización emocional sin grandes diferencias ideológicas
La gran mayoría de los colombianos fue víctima de una estrategia de polarización emocional, por no llamarla irracional, que tuvo como base la manipulación del instinto animal-primitivo del miedo al otro, y cuya respuesta, también emotiva, es la de agredir o huir sin reflexionar siquiera un instante, si en verdad el otro es tan diferente como me lo presentan, o las diferencias son meramente adjetivas, insustanciales.
La polarización en realidad fue artificial, ya que, en los temas fundamentales del régimen capitalista, no existió diferencia: los dos candidatos se comprometieron por igual a respetar la propiedad privada de instrumentos y medios de producción. No existió el debate entre propiedad social y propiedad privada. Ni siquiera, en el tema tributario existieron grandes diferencias, ya que los candidatos les garantizaron a los grupos económicos, lo que siempre quieren oír: que no les aumentarían los impuestos y que, por el contrario, tratarían de reducírselos.
Los dos candidatos realizaron por igual sus plegarias a Dios, pidiéndole que les concediera el premio mayor de la presidencia; y para que el compromiso fuera más solemne, ataron a su hijo Jesucristo crucificado a alguna parte de su cuerpo, especialmente a su brazo. No existió un debate entre creyentes y ateos y ni siquiera se defendió el Estado laico. Lo que demuestra que seguimos siendo un Estado confesional, violando de esa manera la constitución colombiana, que no persigue ninguna religión, pero que tampoco patrocina ninguna.
Ambos candidatos coincidieron en que extraditarían a Jesús Santrich, sin examinar las pruebas de su culpabilidad, pues, era suficiente que la hubiera ordenado el amo, y en cambio, alguno se comprometió a NO extraditar a un expresidente, aunque existieran las pruebas de su culpabilidad.
Ambos candidatos desconocieron por igual el artículo tercero de la constitución, que le da la soberanía al pueblo, esto es, el máximo poder político, al renunciar a la Asamblea Nacional constituyente, con lo que se excluyó a todo el pueblo colombiano de la toma de las decisiones que afectan su futuro, para pasársela a la clase política dentro de los oscuros pasillos del Congreso. Algunos, incluso, firmaron esta promesa de no hacer nada por fuera del Congreso y mucho menos revocarlo, alegóricamente, como si fuera uno de los mandamientos de la ley de Dios, dada a Moisés. Sin embargo, debemos recordar que no eran tan imparciales como Moisés cuando lo prometieron, pues, el verdadero Moisés no tenía ya asegurada una curul en el Congreso de Israel.
Ambos candidatos violaron el artículo 9º de la constitución colombiana que establece:
"Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.".
Este valor y este principio constitucional, fue violado de varias maneras: primero, poniéndose al servicio de los intereses petroleros de una potencia extranjera, lo que es una violación de nuestra soberanía nacional y de la de los estados en los cuales queremos hacer injerencia. Es una violación, también, del principio de autodeterminación de los pueblos, propugnado por todos los socialdemócratas del mundo y que fue un avance fundamental del derecho internacional moderno, frente a lo que existía antes, que era el derecho de cualquier Estado, comenzando por las grandes potencias, de intervenir, invadir y sojuzgar a cualquier otro Estado, con el pretexto de que no le gustaba su gobierno, lo que era fuente perenne de guerras internacionales o de guerras civiles. Precisamente, con el fin de lograr la paz internacional, era necesario que los estados se abstuvieran de intervenir en los asuntos internos de otros estados y que fueran los propios pueblos de esos estados, quienes decidieran cuándo y cómo cambiar a sus gobiernos. Si de verdad amamos la paz, tenemos que respetar el principio de autodeterminación de los pueblos y aprender a coexistir pacíficamente con gobiernos y pueblos que sean distintos a nosotros. Se violó también por los candidatos, el valor y el principio constitucional de que la política exterior de Colombia tiene como objetivo la integración latinoamericana y del Caribe, pues, nuestras peleas con los gobiernos y nuestros hermanos latinoamericanos, nos alejan cada día más de este mandato constitucional. Mi experiencia, después de haber estudiado durante varios años el proceso de integración más grande del mundo, el de la Unión Europea, con lenguas, religiones, nacionalidades, tradiciones culturales diversas (lo que no sucede, por regla general, en América Latina y el Caribe), es que tenemos que integrarnos entre latinoamericanos y caribeños, si de verdad queremos hacer presencia en el escenario mundial y especialmente en el de la economía mundial, pues hoy, desafortunadamente, no existimos ni contamos al momento de tomar las decisiones que afectan al mundo. Los colombianos tenemos que dejar nuestra fementida "superioridad" frente a los ecuatorianos, panameños, venezolanos, peruanos, centroamericanos, etcétera; aceptar que somos distintos, pero no mejores ni peores, simplemente iguales en derechos a ellos, unirnos entre todos, si de verdad queremos incidir en el escenario internacional, pues, lo que sí es claro, es que el desarrollo no nos lo van a regalar, ni Estados Unidos de Norteamérica, ni la Unión Europea, ni Rusia ni los tigres de Asia y China. Lo debemos conquistar nosotros mismos, con nuestro propio esfuerzo y unión.
Lo que callaron los candidatos
Las semejanzas entre los candidatos no solo se presentaron en relación con lo que dijeron, sino también en relación con lo que callaron. Ninguno se opuso con argumentos fuertes a la decisión del gobierno Santos de asociarse a la OTAN, organización creada como una maquinaria de guerra, que interviene cuando no le gustan los gobiernos de otros estados. ¿Qué compromisos adquirió Colombia con la OTAN? ¿Será que sus obligaciones, implican también la obligación de gastar un mínimo de su PIB en armamentos, como el presidente Trump le exige a países de esa organización más poderosos, como Alemania? ¿Será que los recursos que le íbamos a quitar a la guerra, con el proceso de paz, para destinarlos a educación, a la salud y al trabajo de los colombianos, se nos irán ahora en las guerras de la OTAN? No es un secreto que el aumento de los gastos militares, dentro de la OTAN, beneficien directamente a la maquinaria de guerra de los Estados Unidos que será el mayor proveedor de esas armas a la OTAN, y por esa vía, obtendrá ingentes ganancias del sudor y la sangre de los pueblos cuyos gobiernos pertenecen o están asociados a la OTAN, incluido el nuevo asociado, Colombia.
Ninguno de los dos candidatos se atrevió a presentar una propuesta fundamental para la lucha contra la corrupción. El hecho tozudo es que el 90% de los casos de corrupción estatal pasa por la contratación administrativa, cuyo nudo gordiano se encuentra en el concubinato entre políticos y contratistas del Estado que consiste en que estos últimos financian campañas de políticos para que estos desde la presidencia, las gobernaciones y alcaldías, les den nuevos contratos. Los presidentes, gobernadores y los alcaldes por esta vía, se ponen al servicio de los contratistas y en contra de los intereses del pueblo.
Una propuesta muy simple, que hemos hecho desde hace tiempo, que sí es de verdad fundamental para la lucha contra la corrupción y que ninguno de los candidatos acogió, ni quiere acoger, es que quien los haya financiado políticamente en sus campañas, no puede ser contratista ni directa ni indirectamente del funcionario que han ayudado elegir y que correlativamente quien es contratista de la administración pública, no puede financiar ni directa ni indirectamente a ningún miembro de la administración que dio el contrato. Lógicamente ninguno de los candidatos quería poner en evidencia el hecho que, algunos de quienes les estaba financiando sus campañas políticas, eran sus antiguos contratistas que, a su vez, serían sus nuevos contratistas. Nada de esto propusieron en su lucha contra la corrupción, ni tampoco se encuentra en el referendo anticorrupción. Paradójicamente, la norma más importante para la lucha contra la corrupción en Colombia, ni siquiera se menciona de lejos en la próxima consulta contra la corrupción.
Premisas fácticas ciertas/conclusiones jurídicas falsas
El debate emotivo oscureció la falta de lógica en la argumentación de los candidatos. En muchos casos, a pesar de que algunas de sus premisas podían ser verdaderas, sin embargo, sacaron conclusiones jurídicas falsas. Ambos se comprometieron a no expropiar, aunque la propiedad privada entrara en conflicto con la utilidad pública o interés social del pueblo, lo que equivale, en la práctica, a violar el artículo 58 de la constitución que establece:
"Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.".
Lo más grave es que renunciaron a la función social de la propiedad sobre la cual no debería existir ninguna confusión para ningún ciudadano, mucho menos para un candidato presidencial, como quiera que esta norma existe desde la constitución de 1936, es decir, hace 82 años.
Por ejemplo, un candidato acusaba al otro de estar apoyado por un grupo político integrado por terratenientes que, además, tenían sus tierras improductivas… Y ponía como ejemplo paradigmático de esta situación, el caso de un expresidente. La solución del acusador, era que él le compraría esas tierras improductivas que no cumplían con la función social de la propiedad. Una solución impropia violatoria de la constitución, ya que, si la finca del expresidente no cumplía con la función social de la propiedad, lo que manda la constitución es la extinción del dominio, cosa distinta a la expropiación.
La extinción del dominio es una sanción que no puede recibir ninguna indemnización. El pago solo tiene cabida bajo el supuesto de que la propiedad privada, a pesar de estar cumpliendo con la función social, se necesita para satisfacer una necesidad pública o interés social. En este caso, y sólo en este caso, es justo que al particular se le pague su propiedad.
Si la premisa es que la propiedad no está siendo adecuadamente explotada, la conclusión que manda la constitución es la extinción del dominio (aunque no haya necesidad pública o interés social de por medio), NO el pago; y quien pague, no sólo está violando la constitución, sino también, cometiendo un delito de prevaricato.
Van por todo el poder del estado
Quienes obtuvieron la mayoría del ejecutivo, no se van a conformar con esta sola rama del poder público. Ya se apoderaron de la legislativa, luego seguirán con los organismos de control y, finalmente, tratarán de apoderarse de la rama judicial del poder público, pues, se trata de las mismas fuerzas políticas que tienen desde hace 20 años, un proyecto de poder total, como su ideología totalitaria. Característico de esa ideología, es que existen personas que se encuentran por encima de la constitución y de la ley, como es el caso del fuhrer, el duce o el caudillo, y por lo mismo, gozan de una impunidad casi absoluta. Por el contrario, en el verdadero Estado Democrático de Derecho, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la constitución y la ley, es el gobierno de las leyes, no de los hombres. La garantía de que este valor y principio fundamental del Estado se haga efectivo, es una rama judicial integrada por jueces independientes e imparciales; capaces, honestos y defensores de los derechos humanos y de los ciudadanos.
Los violadores de los derechos humanos saben que esto es así y que la garantía de su impunidad perpetua, está en apoderarse de la rama judicial o en destruirla, por cualquier medio: desde politizar los procesos judiciales, tachándolos de persecución política, pasando por las vallas a favor de ciertos ciudadanos y en contra de los jueces, hasta las amenazas contra los últimos.
En la coyuntura actual, donde existen, como arriba demostramos, tantas tareas pendientes sobre el Estado de Derecho en Colombia, que van desde la separación de Iglesia y Estado (Estado laico); la separación de los poderes públicos para evitar un Estado totalitario; el respeto por parte del gobierno del principio de autodeterminación de los pueblos hermanos de Latinoamérica (que es la única garantía de paz en las relaciones internacionales), transitando por el principio de que quien no cumple con el deber de la función social de la propiedad, debe ser sancionado con la extinción del dominio de la misma, hasta llegar a la más importante: que ninguno por muy poderoso que sea, política o económicamente, está por encima de la constitución y de la ley.
En esta coyuntura, debemos rodear a la Corte Suprema de Justicia, para que de manera independiente e imparcial, respetando el debido proceso, investigue todos los hechos y las personas que sea necesario investigar, si de verdad queremos hacerle honor al nombre que nuestra constitución le puso a Colombia, de Estado Social y Democrático de Derecho.
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Posdata. - Es el momento de reconocer los esfuerzos que hace la propia Corte Suprema de Justicia, motu propio, por auto reformarse para mejorar y corregir errores del pasado.
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