Comunicado: La soberanía, la dignidad y la paz de los pueblos mineros

Las mujeres mineras organizadas como Comité de Mujeres por la Justicia, la Soberanía, la Dignidad y la Paz de los Pueblos Mineros, en lucha permanente por fortalecer el proceso revolucionario que nos legó el Comandante Supremo y Eterno de Venezuela, nos pronunciarnos ante hechos no acordes con los propósitos de la Revolución Bolivariana.

El Pueblo Minero de Venezuela, legitimado por el Gobierno Bolivariano a través del reconocimiento de nuestras comunidades con el Decreto de Áreas de Uso Minero Ecosocialista[1] y con la suscripción de Alianzas Estratégicas para ejercer la minería de forma conjunta al Estado Venezolano ha demostrado su compromiso y voluntad productiva al arrimar más de 16.000 Kg de oro al BCV. Ante el actual escenario económico de saboteos y desabastecimiento, nos hemos constituido en la principal fuerza productiva del país, demostramos que constituidos en un Poder Popular Minero podemos levantar un tejido industrial minero soberano.

Nosotros, pequeños y pequeñas mineras venezolanos, trazamos la ruta para la generación de una minería sustentable y soberana donde desarrollemos de manera plena las actividades de exploración, aprovechamiento y procesamiento de mineral aurífero, arrimando el 100% de la producción con el BCV. En éste modelo minero se asumen las responsabilidades tributarias, sociales y ambientales derivadas del ejercicio legítimo de nuestra actividad productiva. De este modo, trazamos la alternativa para desestimular las actividades ilegales que alimentan al contrabando y generan la incontrolable y agresiva minería que tanto afecta nuestros recursos estratégicos y ambientales.

Sin embargo, debemos denunciar el surgimiento de turbios intereses contra este emergente tejido industrial de pequeños mineros. Desde el mes de mayo, se han producido un conjunto de acciones para sabotear nuestra principal consiga: el arrime de la producción al BCV. La primera operación para alcanzar tan fin fue la persecución política y judicial del joven DOARWIN ALAN EVANS, quién desde la Vicepresidencia de MINERVEN, hacía posible la procura la producción aurífera entre los compradores autorizados del BCV y las unidades productivas de los Pequeños Mineros.

Evans ha sido un luchador incansable por la reivindicación del pueblo minero y el fortalecimiento y organización del Poder Popular Minero. Al ser incluido en la lista de buscado de la operación "Manos de Metal" igualándolo con reconocidos y arraigados líderes negativos del Sur de Venezuela se inicia una campaña para detener la pequeña minería. Tras su entrega voluntaria a los cuerpos de seguridad del estado, quedaron detenidas las compras auríferas. Sucesivamente se detiene al ciudadano Edgardo Parra, representante de la empresa Tesoro de Dios C.A. No pasó mucho tiempo para que funcionarios del DGCIM accedieran a las instalaciones de ésta empresa destruyendo y sustrayendo todo objeto a su paso. Recientemente los mineros legítimos que ocupan el área minera del Perú, fueron hostigados por funcionarios del DGCIM que pretendían desalojarlos de sus desarrollos mineros desconociendo las Alianzas Estratégicas suscritas con el Estado Venezolano.

Detener a la pequeña minería no tiene más propósito que fortalecer la crítica situación productiva y financiera del país. Nuestro musculo productivo es vanguardia económica de la patria, y por eso somos una amenaza contra los intereses del reducidísimo grupo de contrabandistas, traficantes y negociadores que desangran al país aumentando sus riquezas y empobreciendo al pueblo venezolano.

Por eso nosotras, mineras, bateeras, suruqueras, cocineras, compañeras, madres, y trabajadores, nos agrupamos para señalar los nefastos intereses que pretender sumergir a la pequeña minería en la invisibilidad y en el terrible pasado de la ilegalidad. Ante esto, denunciamos de forma pública las persecuciones y arremetidas mezquinas. Pedimos a nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, al Vicepresidente del Área Económica Tareck El Aissami, al Ministro de Desarrollo Minero Víctor Cano y a todas las autoridades de nuestro Gobierno Bolivariano protección para el Pueblo Minero trabajador.

Clamamos a las autoridades la celeridad a para le realización de las diligencias fiscales que darán los elementos de convicción que prueben la inocencia de Evans y de Parra, por el respeto a los derechos humanos y ciudadanos de estos compañeros.

Al pueblo venezolano le decimos que nosotras y nosotros, somos y hemos sido la solución frente a los grandes males generados por la mega minería y la minería ilegal. Nosotros no somos ni hemos sido depredadores y/o saqueadores. Somos hijos de la gesta emancipadora de Bolívar y de Chávez, somos y seremos la fuerza productiva que apalancará la economía nacional para generar un fuerte sistema productivo que venza de una vez por todas y para siempre a esta nefasta Guerra Económica.

 
   

[1] Decreto Presidencial N° 41.294



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