Instituir constitucionalmente el carácter socialista de la República Bolivariana de Venezuela: principal compromiso histórico de la ANC frente al respaldo chavista.
Alfredo Mariño Elizondo.
Desde que el comandante Hugo Chávez incluyo al "socialismo del siglo XXI" como meta central del proyecto revolucionario bolivariano, el termino socialista ha llegado a ser un lugar común dentro del imaginario y la retórica chavista, término del que se usa y abusa como si con sólo invocar su nombre se ahuyentasen los demonios del capitalismo. Lejos de ello, es este un monstruo de mil cabezas e infinitos recursos, que no cree en conjuros mágicos ni frases rimbombantes. Con él, lo que sacas por la puerta vuelve a entrar por la ventana.
Frente a las aspiraciones socialistas, el capitalismo tiene a su favor, en primer lugar, el hecho de contar con la gran ventaja que significan 200 años de vida republicana bajo su dominio, que equivalen, para los sectores populares, a más de doscientos años de explotación y miseria, y para el país, más de 200 años de dependencia y subdesarrollo. Como si fuese poco, tiene a su favor la actual Constitución Bolivariana, que consagra todas y cada una de las garantías necesarias para el funcionamiento capitalista de la economía, funcionamiento que opera de acuerdo al modelo rentista petrolero.
Como señalamos en un trabajo reciente, al cual remitimos al lector al final de este artículo; lo más que puede afirmarse a favor de nuestra actual constitución, es que es una constitución avanzada en términos humanistas, en la medida en que otorga rango constitucional a distintos derechos humanos básicos, que sitúan al individuo como centro de los principios con que fue redactada, principios que poseen un profundo contenido reivindicativo social.
Este genuino y progresivo carácter social de nuestra constitución, tiene su equivalente en la gestión de gobierno bolivariano, gestión que a lo largo de estos 17 años, pese a los muchos errores cometidos, y a estar basada en criterios esencialmente asistencialistas de corte populista, ha significado un avance importantísimo en contra de las políticas neoliberales que tratan de imponer los intereses financieros e industriales del capital internacional aliado a las oligarquías locales, logros que han permitido una mejora significativa en las condiciones de vida de los sectores populares del país, y una influencia crucial para el avance de los procesos sociales anticapitalistas de Latinoamérica.
No obstante este carácter progresista, y este genuino sentido de responsabilidad social que está en la base de nuestra Constitución y del proceso bolivariano, por más que se los declare como tal, no pueden ser confundidos con lo que se entiende por socialismo, sea del siglo XX, con todos los errores que puedan estar asociados a experiencias como las de la Unión Soviética, o del XXI, que se supone debería superarlos.
Como claramente nos lo señalara el comandante Che Guevara: "El socialismo no es una sociedad benéfica, no es un ideal utópico basado en la bondad del hombre como hombre. El socialismo es un sistema al que se llega históricamente y que se asienta en la socialización de los medios fundamentales de producción y la distribución equitativa de todas las riquezas de la sociedad."
Si como nos lo recuerda el Che, el socialismo no es una sociedad benéfica basada en sentimientos de bondad para los que tienen menos recursos, resulta a todas luces evidente que tampoco puede pasar por socialismo las políticas básicamente asistencialistas con que nuestro gobierno asume, a nuestro juicio de manera equivocada, el tema de la "deuda histórica con los sectores populares", a partir de un criterio humanista que tiene más de caridad cristiana que de pensamiento marxista, y más de clientelismo de estilo socialdemócrata adeco que de socialismo.
Teniendo en cuenta la escasa información que existe del desarrollo de las discusiones en torno a las modificaciones al texto constitucional dentro de la ANC, pensamos que la inclusión de un conjunto de disposiciones que contribuyan a definir concretamente el carácter socialista del proyecto de país contenido en la nueva Constitución Nacional podría fácilmente ser pasada por debajo de la mesa, suposición que, de confirmarse, vendría a ratificar directa y definitivamente nuestra percepción de que al interior de nuestra dirigencia, y de la ANC como expresión de esta, el término socialismo no es más que un eslogan demagógico, igual que lo fue para el liberalismo amarillo en el siglo XIX el concepto de liberalismo, hecho que, durante la Guerra Federal, llevo a Ezequiel Zamora a ponerse a la cabeza del pueblo soberano en contra de la demagogia de los líderes de su mismo partido. Nada distinto está planteado hoy, con la única diferencia de que ya no se trata de un nuevo liderazgo personal, sino de la posibilidad de que sean las clases trabajadoras quienes terminen de asumir definitivamente el liderazgo histórico del país.
Respecto a las implicaciones que es necesario considerar en relación con la declaratoria de este carácter socialista, hemos insistido en que este paso trascendental no puede consistir simplemente en un mero enunciado de carácter general. Al igual que para fundamentar el carácter capitalista de la economía la actual Constitución de la Republica establece un conjunto de garantías económicas y sociales dentro de su articulado; para que el país pueda avanzar en términos de una transformación revolucionaria socialista de las relaciones sociales de producción capitalistas dominantes, es también necesario acompañar la declaración del carácter socialista del proyecto de país contenido en la Constitución Nacional, con un conjunto de garantías constitucionales específicas.
Ya en el documento antes aludido nos hemos referido en forma extensa a los dos requisitos mínimos sin los cuales no es posible avanzar hacia la construcción de una economía socialista:
En primer lugar, la necesidad de superar el monopolio de la propiedad privada de los medios de producción en manos de la burguesía capitalista, medios que son la condición material de toda producción, sin los cuales no es posible producir. Propiedad que permite al capitalista imponer sus condiciones a los trabajadores, a quienes, no poseyendo ni capital ni medios de producción, no les queda otra posibilidad sino la de trabajar para el capitalista por un sueldo que será siempre menor que el valor que su trabajo produce en el tiempo contratado, diferencia que Marx denominó plusvalía.
En segundo lugar, y de forma íntimamente asociada a la condición anterior, la necesidad de entender que el papel protagónico como sujeto fundamental de la transformación revolucionaria socialista corresponde, esencialmente, a los sectores populares, y no a los sectores de clase media de la pequeña burguesía nacional a la cual pertenecen la mayor parte de los cuadros profesionales del país, ni a los sectores de izquierda comprometidos con el proceso revolucionario bolivariano, que se asumen a sí mismos como los llamados a asumir la dirección del Estado en nombre del pueblo, gran parte de ellos pertenecientes a la misma clase media.
Respecto a la primera condición, la reivindicación de hoy por el derecho al acceso a la propiedad de los medios de producción, no es más que la continuidad de la lucha secular de los sectores populares por el derecho a la libertad y a la propiedad de la tierra iniciada durante la colonia. Lucha que dentro de la guerra independentista tiene como hito relevante la Ley de Repartición de Bienes Nacionales del 10 de octubre de 1817 dictada por el Libertador, que otorgaba el derecho a la propiedad de las tierras confiscadas al enemigo a quienes se incorporaran a las filas republicanas. Derecho ganado con heroico sacrificio por un pueblo trabajador, que llevó sobre sus hombros el peso fundamental de la guerra. Derecho escamoteado por la nueva oligarquía que se instala en el poder tan pronto culmina la Guerra Independentista. Lucha que continúa en la primera mitad del siglo XIX, bajo el lema "tierra y hombres libres", cuyo máximo exponente fue E. Zamora. Derecho nuevamente conquistado en cien batallas, para ser nuevamente escamoteado por la oligarquía goda y liberal mediante el asesinato del General de Hombres Libres.
Es sobre la base de este doble despojo como se impuso en el país, por encima de los valores del trabajo creador y el sacrificio a toda prueba de los sectores populares, los valores de una oligarquía terrateniente explotadora, esclavista y semifeudal, a la que se suma la burguesía parasitaria comercial, contrabandista y usurera, representante de los intereses de las potencias europeas en pleno proceso de desarrollo industrial. Antivalores que hasta hoy prevalecen, como ideología dominante, en todos los ámbitos del país, tal como lo demuestra, fehacientemente, la actual crisis por la que atravesamos, que no es más que el resultado de haber llevado hasta sus últimas consecuencias la cultura de la especulación comercial basada en la importación indiscriminada, que destruye de manera sistemática todo esfuerzo de producción nacional.
Es asimismo sobre la base de esta ideología de raigambre colonial, hoy dominante, que la republica se convirtió, desde el primer día de nuestra independencia, en una república neocolonial dependiente, cuyo único destino ha sido, hasta el presente, el subdesarrollo y la miseria de la mayor parte de la población.
Este, y no otro, es el verdadero contenido de la llamada "deuda histórica": lucha por el acceso a la propiedad de los medios de producción, sin los cuales la clase trabajadora está condenada a la explotación y a la vida de miseria en la que hasta hoy transcurre su existencia. Derecho legítimo no sólo por razones de historia, que ya sería razón más que suficiente, sino también, en razón del origen contemporáneo de los medios de producción en manos de la burguesía, adquiridos fundamentalmente a partir de la apropiación de los ingresos que la nación recibe por concepto de la renta petrolera, ingresos que pertenecen a todos los venezolanos.
Si tomamos en consideración, tal como señala con toda precisión Marx y Engels en el Capítulo I de la Ideología Alemana, que la propiedad privada es en esencia el derecho a disponer de la fuerza de trabajo de otros, es decir, derecho a vivir de explotar el trabajo de los que no poseen capital, y, por consiguiente, de los que no poseen medios de producción para trabajar para su propio beneficio; resulta por demás evidente que ningún estado socialista puede basarse en el predominio unilateral de la propiedad privada.
No obstante, es un hecho objetivo, que en las actuales circunstancias del país y del desarrollo del proceso de la revolución bolivariana, no existen ni el nivel necesario de desarrollo de la conciencia de clase de la población, ni la voluntad política de nuestra propia dirigencia, para plantear la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción a nivel nacional, lo cual supondría la liquidación radical del modo de producción capitalista. Ello implica, en términos concretos, que las garantías constitucionales sobre las que opera el capitalismo en Venezuela seguirán estando vigentes dentro del nuevo proyecto constitucional que presente al país la actual ANC. En estas circunstancias, lo más que podemos razonablemente aspirar, es a que el nuevo proyecto constitucional incorpore, junto a la propiedad privada, un conjunto de artículos en los que, además de consagrar el carácter socialista del Estado Venezolano, se creen las bases necesarias para avanzar en el desarrollo de una economía paralela de carácter socialista. Todo lo cual supondría, en la práctica, un proyecto constitucional de transición al socialismo, que, necesariamente tendría que alternar con las formas de producción capitalistas existentes.
Es de estas razones que se desprende la necesidad y la obligación revolucionaria de la ANC de incluir, junto a la declaratoria del carácter socialista de la Republica Bolivariana de Venezuela, a la par del derecho a la propiedad privada burguesa, y la propiedad cooperativa, ya incluidas en la actual constitución, el derecho a la propiedad colectiva y comunal socialista, así como el derecho constitucional preferencial de los sectores populares al acceso a la propiedad colectiva de los medios de producción cuyo origen provenga de los ingresos de la nación.
Es importante subrayar a este respecto, que este acceso de los sectores populares a la propiedad de los medios de producción, financiados con recursos provenientes de los ingresos de la nación no puede ser planteado en términos de propiedad privada individual, sino como propiedad colectiva, o colectiva con participación mayoritaria del Estado.
De concretarse el planteamiento anterior, surge de inmediato la necesidad de considerar las implicaciones que tendría para el país, y para la misma propuesta de reforma constitucional, el hecho de incluir, al mismo tiempo, junto a las garantías para el funcionamiento capitalista de la producción, las garantías mínimas para comenzar a crear las bases de una economía socialista planificada, dentro de lo que sería la transición al socialismo del siglo XXI.
Entendiendo que la transformación socialista del país tiene como propósito central la superación de la condición de dependencia estructural, y, consecuentemente, la superación de la condición de subdesarrollo en que vivimos, para lo cual es necesario concentrar todos los esfuerzos y recursos del país en función de su desarrollo económico, social y cultural. Resulta evidente que bajo ningún concepto es posible pensar que estos objetivos puedan ser alcanzados a partir de los mismos criterios de manejo de la economía que caracterizan al denominado "modelo rentista petrolero", que es el instrumento fundamental a través del cual la oligarquía, a la que se ha sumado hoy la boliburguesía surgida a la sombra del chavismo, se apropia de la mayor parte de la renta petrolera, renta cuyo destino final termina siendo la descapitalización permanente del país a través de la fuga de divisas y las importaciones indiscriminadas y fraudulentas, en perjuicio de la producción nacional.
Consecuentemente, la industria y el comercio privado, cuyas garantías consagra la constitución, debe pasar a operar conforme a sus propias reglas de juego, es decir, a partir de los criterios que ellos mismos defienden, de libre mercado y de no injerencia del Estado en lo que concierne a sus actividades económicas y comerciales, con excepción de las leyes antimonopolio, tributarias y normativas técnicas vigentes. Ello quiere decir, que, en su condición puramente privada, deben pasar a operar a partir de sus propios capitales, cuya mayor parte guardan celosamente en el exterior, o a través del financiamiento de la banca privada, sin el auxilio del Estado. Lo mismo debería suceder en relación a la banca privada: debe existir prohibición total para que, ni el Estado, ni ningún ente público, puedan manejar los recursos públicos a través de la banca privada.
Al mismo tiempo el Estado, instrumento necesario para la construcción planificada de una economía socialista, una vez deducido el gasto corriente estrictamente necesario, debería dedicar íntegramente el excedente que recibe la nación (que hasta hoy ha ido a parar sistemáticamente a las manos de la oligarquía nacional y extranjera), a la inversión productiva y al desarrollo de la infraestructura a él asociada, labor dentro de la cual los sectores populares están llamados a ejercer su rol protagónico al que aquí nos referimos. Como tales serán los destinatarios preferentes del financiamiento para proyectos de producción de las pequeñas y medianas empresas de producción industrial y agrícola en propiedad comunitaria o comunal.
De igual forma, el Estado financiará los proyectos mixtos de desarrollo industrial y agrícola con empresas privadas con capital mayoritario del Estado.
En este sentido, es necesario señalar que es falso que, tal como está pensado, el paquete de medidas para la reactivación de la producción nacional de los 15 motores, que el ejecutivo discute actualmente con los denominados "sectores progresistas de la burguesía empresarial del país", vaya a significar la liquidación del modelo rentista. La reactivación del abastecimiento y de la producción nacional no equivale necesariamente a poner fin al conjunto de consecuencias asociadas al modelo rentista: No garantiza el fin del traspaso sistemático de los recursos que la nación recibe, provenientes de la renta petrolera, a manos de la vieja oligarquía y la nueva boliburguesía clientelar formada a la sombra del bolivarianismo de estos 17 últimos años. No es garantía de liquidar la fuga milmillonaria de dólares que descapitalizan en forma sistemática a la nación año tras año. Tampoco es garantía, tal cual está estructurada esta reactivación económica, de acabar con la política de otorgamiento de dólares preferenciales a empresas privadas, la mayoría de maletín, para importaciones otorgadas de forma clientelar, que a la larga terminan siempre desplazando la producción nacional, y son la base con que opera el enriquecimiento fraudulento a costa de los recursos del Estado. Por último, no garantiza ni la fiabilidad técnica de los proyectos, que muchas veces son un simple parapeto, ni el seguimiento riguroso de los mismos, de forma que el financiamiento otorgado sea invertido coherentemente en los respectivos proyectos, y que existan garantías para la obtención de los resultados comprometidos. Tal como se ha venido manejando todo lo relacionado con la asignación de los miles de millones destinado por el Estado para el financiamiento de proyectos productivos de estos 17 años de revolución, estos no han servido sino para enriquecer a los que lo recibieron, sin que al final nada se produzca y nadie se responsabilice de nada, como bien lo demuestra la crisis total de la producción en que nos encontramos hasta el día de hoy. Desde esta perspectiva, el proyecto de reactivación de la economía de los 15 motores, estructurado sobre estos mismos criterios, no tiene por qué ser sino más de lo mismo. Sólo otra oportunidad para que los enchufados de siempre sigan medrando de los recursos de la nación. Cambiar toda esta práctica viciada y profundamente arraigada requiere igualmente de un conjunto de disposiciones básicas constitucionales que deben acompañar a las disposiciones de carácter más general.
En lo que a la segunda condición para el socialismo concierne, junto al reconocimiento del indiscutible potencial histórico revolucionario de los sectores populares, y de los valores que como clase social trabajadora le asisten, es necesario tener presente que, también aquí, no todo es color de rosa.
Al igual que en todos los demás sectores sociales del país, la mayor parte de los sectores populares permanecen en alta medida prisioneros de la ideología del individualismo consumista propia del capitalismo global dominante; ideología que en estos últimos años, lejos de ser combatida como parte integral de las políticas impulsadas por el Estado bolivariano, ha sido más bien reforzada a partir de las distintas formas de clientelismo y asistencialismo populista y electorero que han prevalecido y siguen proliferando.
Pese a ello, existen indicios positivos en cuanto al desarrollo de su conciencia de clase que hacen pensar que, más allá de su arrastre personal, el mensaje fundamental del Presidente Eterno, ha encontrado terreno fértil.
El resultado de las dos últimas elecciones nacionales es muestra del genuino protagonismo a que están llamados por la historia los sectores populares. Contrariamente a los cálculos de la derecha, las bases naturales del chavismo han llegado a entender que a pesar de todas las graves dificultades y penurias por las que están atravesando, dificultades que son en gran parte resultado de los errores, la ineficiencia y la corrupción reinante dentro de nuestro propio gobierno, su enemigo fundamental es el capitalismo representado por la oligarquía y la burguesía golpista y apátrida. Consecuentemente, han seguido apoyando firmemente a nuestros actuales dirigentes, apoyo que no puede ser explicado sólo como el resultado de las políticas asistencialistas y clientelares del gobierno, políticas que son apenas un débil paliativo en relación a la situación presente.
Como quiera que sea, los sectores populares tienen hoy, más que nunca, pleno derecho a exigir a esos mismos dirigentes y constituyentistas, la garantía presente y futura del cumplimiento de sus reivindicaciones sociales y económicas fundamentales a mediano y largo plazo, garantías todas que pasan por la necesidad de avanzar en la construcción de una alternativa socialista a la economía capitalista dominante, dominio que incluye los 17 años de gobierno bolivariano.
Este, y no la continuidad de las políticas asistencialistas y populistas de corte adeco, asociadas al mal llamado "pago de la deuda social", es, y debería ser, el principal interés de clase de los sectores populares.
Sobre la necesidad de discutir, junto a los temas aquí planteados, un conjunto más amplio de propuestas constitucionales que vengan a completar las medidas necesarias para avanzar en la transformación socialista del país, invitamos a revisar nuestro trabajo publicado recientemente: ANC: ¿VENTANA HACIA EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI O NUEVA FORMA DE SOCIAL DEMOCRACIA DE ESTILO ADECO? http://www.rebelion.org/docs/232946.pdf o, https://www.aporrea.org/actualidad/a253753.html
