El 15 de octubre, los venezolanos votarán finalmente para gobernadores. Luego de cuatro meses de protestas, la oposición se encuentra dividida y debilitada, aunque la mayoría de la población rechaza al gobierno de Nicolás Maduro.
Venezuela ocupa hoy un lugar preponderante en la coyuntura regional. Para unos se trata de un gobierno de izquierda, antiimperialista, víctima del asedio del gobierno estadounidense y de poderosos actores políticos y económicos del establishment global; para otros de un gobierno corrupto, autoritario, ineficiente, que ha conducido al país a un colapso en cámara lenta, mientras se resiste a salir del poder. Y la verdad es que hay un poco de todo, pero ya queda poca poesía del cambio.
Desde 2013, Venezuela experimenta una crisis política sobrevenida con la muerte del presidente Hugo Chávez en marzo de ese mismo año. Lo que ha ocurrido desde entonces no ha hecho más que evidenciar las profundas debilidades del proceso bolivariano para sortear la caída de legitimidad producida por la desaparición física de su máximo y único líder, combinada con el derrumbe de los precios del petróleo en el mercado internacional. Este último hecho puso en evidencia (una vez más en nuestra historia) la fragilidad y la dependencia del Estado venezolano de la renta petrolera, a pesar de que durante poco más de una década el proyecto bolivariano reivindicó la necesidad de diversificar la matriz productiva y estimuló la creación de fondos de ahorro para la estabilización macroeconómica, dados los antecedentes inmediatos que en la década del 80´ colocaron al país al borde de la quiebra y produjeron el mayor estallido social de nuestra historia contemporánea: el Caracazo.
Es en este contexto que Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de 2013, con la enorme responsabilidad de administrar una crisis cuyos efectos más inmediatos dependían de la capacidad del gobierno de mantener la "unidad de mando" en el interior del Estado. Al mismo tiempo, la oposición de derecha vio su oportunidad para retomar su estrategia insurreccional por medio de manifestaciones violentas, focalizadas territorialmente en localidades gobernadas por partidos de oposición, pero también limitadas por el propio gobierno nacional. Desde hace algunos años, el gobierno chavista ha limitado y/o prohibido cualquier tipo de manifestación en el municipio Libertador, que es donde se sitúan los principales entes gubernamentales. Esta decisión se fundamenta en el hecho de que todas las movilizaciones convocadas por la oposición de derecha en los últimos años se tornan violentas y devienen finalmente en fuertes disturbios y afectaciones a la integridad humana y la infraestructura pública. Sin embargo, esta razón ha sido también una útil excusa para que el gobierno nacional no permitiera ningún tipo de manifestación en el centro de la ciudad, incluyendo aquellas de índole reivindicativo promovidas por sindicatos y diversas organizaciones que nada tienen que ver con la oposición de derecha. En este punto, las únicas manifestaciones y concentraciones permitidas hacia y en el centro de la ciudad son aquellas promovidas y/o convocadas por el propio gobierno y los sectores que le apoyan incondicionalmente.
Las únicas manifestaciones y concentraciones permitidas hacia y en el centro de la ciudad son aquellas promovidas y/o convocadas por el propio gobierno y los sectores que le apoyan incondicionalmente.
Durante 2013 y 2014 el gobierno de Maduro sorteó la crisis afianzando el protagonismo de los sectores militares y con estrategias de corte asistencialista (como sucesivos aumentos de sueldo, creación de nuevas misiones sociales especialmente dirigidas a mujeres pobres y jóvenes, etc.) para contener el malestar de la población frente a la escasez sostenida de productos de la cesta básica (alimentos e higiene personal) y medicinas. La mayoría de los alimentos resultan inalcanzables para la población, que en gran medida vive de los productos asignados por los llamados comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) en medio de un creciente control político de los llamados "colectivos", muchos de ellos armados, en los barrios populares.
Sin embargo, fue en 2015, cuando la oposición ganó la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, y generó un estremecimiento en las bases y dirigencia del chavismo, cuando se percibió la posibilidad real y cercana de sacar a Maduro del poder por la vía electoral. Esta nueva composición de la Asamblea Nacional facultaba a la oposición a instrumentar una serie de mecanismos para forzar la salida del gobierno. Institucionalmente tenía varias opciones: convocar a un proceso constituyente, reformar la Constitución para modificar la duración del período presidencial, interpelar y destituir a miembros del Ejecutivo, incluyendo al vicepresidente de la República. Pero también tenían la posibilidad de estimular la participación ciudadana para promover un referéndum revocatorio del mandato presidencial, siendo que para el año 2016 Maduro cumpliría la mitad de su período de gobierno.
Rápidamente, el gobierno movió sus fichas y logró la remoción de tres diputados opositores alegando fraude en el proceso electoral, lo que dejó a la oposición de derecha sin la mayoría absoluta para proceder institucionalmente a cualquier iniciativa para la salida del gobierno y, luego de esta controversia, dejó a la Asamblea "en desacato". Días después el Ejecutivo promovió la jubilación adelantada de 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que aún estaban a años de culminar su período, lo que facultó a la Asamblea Nacional chavista (saliente) a nombrar a los nuevos magistrados cuyo período de ejercicio es de 12 años.
Es así que durante 2016, año en el que además debían realizarse las elecciones regionales, el gobierno nacional apeló a numerosas maniobras para eludir cualquier proceso electoral que pusiera en evidencia la sostenida pérdida de apoyo popular que viene experimentando el chavismo desde 2007, cuando por primera vez en casi una década perdió las elecciones para refrendar una serie de reformas a la Constitución, y que alcanzó su clímax en esa última elección del año 2015.
Mientras todo esto ocurría, la situación socioeconómica de la inmensa mayoría del pueblo venezolano no hacía más que deteriorarse aceleradamente. De acuerdo con los últimos datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de familias pobres en el primer semestre de 2015 alcanzaba el 33,1% de la población. El número de familias en pobreza extrema también ascendió y se ubicó en torno al 9,3% de la población. Esta cifra pone en evidencia el aumento de la pobreza extrema, ya que 2012 había cerrado en 6%. La escasez de alimentos y medicinas –junto una inflación que podría superar este año el 600%– ha traído consigo problemas asociados como la desnutrición infantil, el aumento y expansión de enfermedades epidémicas como la malaria, altísimas tasas de mortalidad materna e infantil asociadas a la pobreza, así como también a una severa crisis en el sistema de salud debido a la falta de insumos y medicinas esenciales que ha ocasionado la muerte de cientos de venezolanos los últimos 4 años. Esta situación, indiscutiblemente, ha empeorado de forma dramática, a pesar de la ausencia de cifras oficiales. Basta con recorrer las calles y conversar con la gente de a pie para constatarlo.
En este contexto, el gobierno de Maduro ha privilegiado el pago de la deuda externa, contrayendo severamente las importaciones de insumos básicos como alimentos y medicinas, pero también insumos para la producción, afectando así las pocas y vulnerables cadenas productivas que se sostienen en el país, así como toda la red de servicios e infraestructura (cortes de luz, serias deficiencias en el transporte público, deficiencia en el servicio de agua -calidad y cantidad-, fallas recurrentes en el servicio de telefonía y conectividad de internet son parte de la cotidianidad del venezolano actualmente). A esto se añade una franca erosión de la capacidad gestión eficiente y universal por parte de las instituciones a escala nacional.
El gobierno de Maduro ha privilegiado el pago de la deuda externa, contrayendo severamente las importaciones de insumos básicos como alimentos y medicinas.
Esta decisión soberanísima del gobierno de Maduro de privilegiar el pago de la deuda ha tenido un severo impacto en las condiciones de vida de toda la población, muy especialmente de los sectores populares y las capas medias que también se han empobrecido aceleradamente. El mismo Maduro ha informado en reiteradas ocasiones al país que se ha pagado en 24 meses la escandalosa suma de 65.000 millones de dólares en compromisos de deuda. Lo que habría podido significar un alivio para el pueblo en el marco de esta profunda crisis, el gobierno lo ha destinado para honrar deudas con acreedores internacionales.
A su vez, este giro que ha tomado el actual gobierno proyecta la profundización del país en su rol histórico dentro de la división internacional trabajo, la de seguir fungiendo como proveedor de materia prima, mediante la flexibilización jurídico-institucional para que el capital depredador se siga instalando, ahora con mayores garantías y facilidades. Venezuela ya ha empezado a pagar a sus aliados económicos más cercanos con commodities, como ya ocurre con China. Todo ello en medio de una deriva gangsteril de la dirección del Estado. El propio fiscal general encargado, Tarek Saab, denunció desfalcos millonarios en contratos de la estatal PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Esta cruzada de acudir a la diversificación del extractivismo en Venezuela como engañosa forma de paliar la crisis se ha evidenciado con la creación en febrero 2016 del Arco Minero del Orinoco, que garantiza a capitales transnacionales la constitución de empresas mixtas para la extracción de minerales como oro, diamante y coltán en Guayana, al sur del país. Se trata de una de las regiones más biodiversas del planeta, ya azotada por la mineria ilegal y grupos armados que controlan los territorios mineros con la anuencia del Estado desde hace más de diez años. El llamado Arco Minero representa nada menos que el 12,4% de todo el territorio nacional, convertido ahora por decreto presidencial en un gigantesco nicho de "vocación minera", constituido jurídicamente desde la razón neoliberal de las Zonas Económicas Especiales que garantiza el despojo de los bienes comunes y suprime derechos fundamentales mediante la prohibición y criminalización de la protesta social, la organización sindical-laboral, la consulta previa a los pueblos indígenas, y los condicionantes estudios de impacto ambiental, provocando una acentuación sin precedente alguno en las proyecciones de contaminación y devastación con irreversibles consecuencias incluso fuera de nuestras fronteras.
Fue en el marco de esta situación compleja y crítica que el Ejecutivo decidió imponer de forma ilegítima e inconstitucional una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Según el gobierno, ésta significaría el retorno a una paz que además solventaría los problemas y carencias fundamentales del pueblo venezolano. Para los sectores sociales que lo apoyan, que actualmente representan la más importante minoría en el país, reflejaría la audacia revolucionaria con este salto hacia adelante. Pero lo cierto es que con esta imposición Constituyente se pasó por encima a los dispositivos que claramente establece la Constitución (promovida por el propio Chávez) de 1999 para convocar y activar legítimamente este importantísimo espacio diseñado para refundar la República. Maduro, con la anuencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral, evitaron cumplir con mandatos constitucionales como el del referéndum para la activación de la ANC, violentaron el derecho a la proporcionalidad territorial y a la universalidad del voto, así como cometieron evidentes irregularidades y maniobras en el proceso de inscripción y reconocimiento de candidatos para un proceso electoral que se saltó múltiples mecanismos auditables, lo que terminó generando serias dudas sobre los resultados y, por ende, sobre un sistema electoral otrora consistente y confiable. Y a ello se añadió el sistemático chantaje por parte del gobierno, que amenazó con despidos laborales y supresión de las bolsas de comida como respuesta a la abstención popular en dicha elección.
La instalación de la Constituyente ciertamente permitió desactivar el clima de violencia que azotó por cuatro meses (de abril a julio) las principales ciudades de Venezuela, mediante manifestaciones sistemáticamente reprimidas por los organismos de seguridad. Aunque en un principio tenía mayoritariamente un cariz pacífico, la protesta fue mutando en expresiones claramente insurreccionales, mediante mecanismos y acciones que atentaban contra la vida de los propios manifestantes y de la población en general: personas quemadas vivas o asesinadas a balazos, con objetos contundentes o con armas caseras por parte de opositores, pero también de asesinatos por la represión desmedida de los cuerpos de seguridad estatales; destrozos en calles, edificios, casas, en zonas residenciales y comerciales así como de instituciones públicas; afectaciones al libre tránsito mediante bloqueos y barricadas, incluyendo el asedio y agresión a todo lo que pareciera chavista en estas zonas. El saldo: más de 130 fallecidos en estos aciagos meses.
Esta cruzada de acudir a la diversificación del extractivismo en Venezuela como engañosa forma de paliar la crisis se ha evidenciado con la creación en febrero 2016 del Arco Minero del Orinoco, que garantiza a capitales transnacionales la constitución de empresas mixtas para la extracción de minerales.
La ANC, constituida solo por miembros o aliados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), donde toda decisión se aprueba por mayoría absoluta y/o por aclamación, no ha servido para dirimir las agudas diferencias políticas entre los actores en pugna, mucho menos para proponer soluciones concretas y viables a la profunda crisis que atraviesa Venezuela. Más bien, como se avizoraba desde múltiples voces críticas, ha servido para que el Ejecutivo gobierne de facto, sin ningún contrapeso de algún poder institucional. Su primera medida fue la destitución de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, ya anunciada antes de las elecciones en incontables oportunidades por la dirigencia burocrática del PSUV, lo que apenas es una muestra evidente de que la ANC es más un "congresillo" del partido de gobierno que una "soberana y constituyente" asamblea. Además, pareciera que las necesarias medidas económicas son la papa caliente que ni Maduro ni sus aliados de la ANC han querido asumir y anunciar, dado las consecuencias en el escaso aservo político y márgen de maniobra que les queda que no sea mediante una pax forzosa.
El próximo domingo 15 de octubre serán las elecciones regionales, las cuales se realizarán con casi un año de retraso, en las que el gobierno no escatimó en "viveza criolla" para salir airoso. Y aunque la oposición es claramente mayoría en el país, paradójicamente, parece ser el bloque que se medirá en una situación de mayor vulnerabilidad y que deja muchas incertidumbres sobre los resultados. Y es que la Mesa de Unidad Democrática (MUD), una vez más, se encuentra en un limbo discursivo, sumamente contradictorio, que refleja las pugnas internas sobre la hoja de ruta a seguir.
Luego de una agenda de violencia como instrumento esencial para sacar del poder a Maduro, ahora ha desencajado las expectativas de muchos opositores al apostar nuevamente a la vía electoral. La respuesta de las bases que siguen a la MUD ha sido la de las críticas más duras, a tal punto de que el PSUV está aprovechando este clima de desmoralización y desmovilización que él mismo también ha propiciado para hacerse de varias gobernaciones -contra todo pronóstico- gracias a la posible e importante abstención opositora. En todo caso, el próximo 15 de octubre se definirá una nueva etapa de nuestra eterna coyuntura nacional.