Hace 28 años, una vez más, el pueblo venezolano se rebeló contra las ataduras de la clase dominante. El 27 y 28 de febrero de 1989, la gente trabajadora de Caracas, Guarenas y otras ciudades del país repudiaron el nuevo atentado que contra ellos estaba perpetrando el Gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Bajo el eufemismo de medidas económicas, CAP anunció el 16 de febrero de ese año la solución a la crisis en la que se encontraba sumida la economía nacional. Alza de precios en bienes y servicios de primera necesidad, eliminación de los subsidios y congelación de sueldos y salarios, fueron algunas de las soluciones ordenadas por el Fondo Monetario Internacional al mandatario nacional. Orden que fue acatada sin reparar en el enorme costo social que eso implicaría para los pobres.
Hoy se cumplen 28 años de aquel 27 de febrero cuando el pueblo venezolano fue estremecido por una explosión social que tuvo su origen en la ciudad de Guarenas, estado Miranda y que se extendió a Caracas, propagándose a otras ciudades del país, como consecuencia de esas medidas impuestas a sólo 25 días de haber asumido por segunda vez la presidencia de la República, bajo la promesa de que "Con AD se vive mejor".
Más balas que gente
Ese día, sin una dirección política visible, los sectores populares salieron a las calles movidos por una mezcla de impotencia, rabia e incertidumbre, ante los inhumanos acaparamientos de productos de la dieta diaria, por parte de comerciantes inescrupulosos. Los hombres, mujeres, niños y ancianos tomaron de los depósitos de los comercios los artículos que hacía rato no veían en sus mesas.
Hacia los centros comerciales, como las principales vitrinas de la ostentación, orientaron sus pasos los rebelados. El desconcierto confundía autoridad uniformada con civiles necesitados. Las primeras horas de ese día, los uniformados se encargaron de poner orden en la rebelión, para entrar en los comercios "con calma" a tomar lo que cada quien necesitaba.
Esa complicidad, nacida por la coincidencia de carencias y necesidades, se trasmutó horas después, cuando el Gobierno del hombre "que va de frente y da la cara" ordenó la supresión de Garantías constitucionales en las ciudades afectadas. Esta decisión arrojó un saldo de más de tres mil víctimas, entre muertos, heridos y desaparecidos.
Policía Metropolitana, Guardia Nacional y efectivos militares, bajo el amparo del inédito Toque de Queda, sitiaron principalmente las barriadas populares de Caracas y Guarenas, convirtiendo estas comunidades en espacios desolados, donde lo único que sobraba eran el abuso policial, atropellos, vejámenes, balas, lágrimas, tristeza y mucho dolor de un pueblo noble que había soportado durante varias décadas la inclemencia de sus gobernantes.
Sectores como La Quebradita, San Juan, El Guarataro, así como los bloques del 23 de Enero, Propatria, El Valle, Menca de Leoni en Guarenas, parecían escenarios de prácticas de tiro al blanco. Muchas fueron las víctimas que perdieron la vida aun dentro de sus viviendas.
No hubo responsables
Sobre esa tragedia, ningún vocero oficial se hizo responsable, ninguna autoridad dio las condolencias a los familiares de los caídos.
Sólo Hugo Chávez, sin tener arte ni parte en ese episodio, asumió la responsabilidad del Estado e indemnizó a los familiares, y aunque con esto no se reparaba el daño infligido a estas poblaciones, sí enviaba un mensaje de respeto a los derechos humanos, que caracterizaría a su gobierno revolucionario.
Hoy como hace 28 años, el pueblo es víctima de una guerra económica inducida desde el exterior y ejecutada por sectores apátridas de la burguesía opositora, pero hoy existe una gran diferencia: la capacidad organizativa de la población venezolana.
Esa capacidad es lo que permite al pueblo entender lo que pasa y tener claridad política acerca de los riesgos que corre el país en caso de que vuelvan a gobernar factores iguales, semejantes o parecidos a AD o Copei.
Hoy el pueblo tiene el poder en sus manos para imponerse ante las dificultades en una Venezuela libre, independiente y soberana y ese mismo poder es lo que no permitirá que se reproduzcan acciones como la masacre del 27F.
