02.09.20 - La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), junto a 115 organizaciones e individuos venezolanos, le solicitaron a la administración de Donald Trump que no ponga fin a una excepción en las sanciones de EE.UU., que le permite a Petróleos de Venezuela (PDVSA) comercializar crudo por diésel.
La solicitud, realizada a través de una carta abierta, fue dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
"En Venezuela, el diésel se utiliza principalmente para la generación de energía y el transporte de carga a granel, incluidos alimentos, medicamentos y suministros humanitarios. Cortar el acceso al diésel en el país podría empeorar las condiciones de vida de millones de venezolanos", indica la misiva.
Asimismo, las organizaciones recuerdan que el diésel es utilizado para los generadores eléctricos de respaldo que se emplean en casi todas las clínicas privadas y algunos hospitales públicos del país, incluidos los que fueron enviados por la Federación Internacional de la Cruz Roja.
"Con menos diésel, estos centros de salud podrían ver paralizadas sus actividades, en medio de la pandemia de covid-19", advierten.
De igual forma, apuntaron, los camiones pesados dependen del diésel para transportar suministros desde los puertos y aeropuertos a las ciudades, así como para movilizar animales vivos a los mataderos. Además, este combustible también es usado para el transporte de pasajeros.
"Más del 70% de la población venezolana depende del transporte público. Si no hay diésel, la movilidad de quienes tienen menos recursos será la más afectada", agregan, mientras resaltan que "las restricciones adicionales a las importaciones de combustible a Venezuela solo agravarían el sufrimiento del pueblo".
La carta surge después que algunos informes de prensa señalaran que el régimen de Donald Trump planea eliminar algunas exenciones a las sanciones contra Venezuela, que permiten la importación de combustibles al país suramericano, a partir de octubre de este año.
Desde Washington se han intensificado las sanciones y medidas coercitivas unilaterales —que han causado pérdidas superiores a los 100.000 millones dólares, según voceros oficiales— contra Venezuela.
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