04.03.20 - La paralización de la planta de urea y amoníaco de Cochabamba porque, según el gobierno de facto de Bolivia no es un negocio rentable, continúa hoy generando polémica en el país suramericano.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) nombrado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, Herland Soliz, así lo afirmó la víspera en declaraciones a El Deber Radio, pero aseguró que disponen del fertilizante necesario para abastecer el mercado interno y los contratos con clientes extranjeros.
A inicios de mes, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, anunció que el traslado de la fábrica ubicada en Bulo Bulo a Santa Cruz duraría tres meses con un costo de 150 millones de bolivianos (más de 21 millones de dólares) y la producción del fertilizante sería paralizada.
La decisión de las autoridades golpistas generó rechazo entre los productores de coca del trópico de Cochabamba y se declararon en emergencia ante las futuras afectaciones al desarrollo económico de la región.
El expresidente Evo Morales (2006-2019) impulsó la construcción de esa planta para diversificar la industrialización de los recursos naturales y, según fuentes oficiales, es considerado uno de los proyectos de grandes dimensiones y estándares internacionales para beneficio del sector agrícola al potenciar sus producciones con agrofertilizantes.
Datos oficiales revelan que la planta alcanzó una producción de mil 200 toneladas métricas por día (TMD) de amoniaco, insumo necesario para producir dos mil 100 TMD de urea.
El consumo de ese fertilizante en Bolivia hasta 2019 era de 19 mil toneladas métricas por año.
La paralización de la planta de urea y amoníaco se suma a la campaña del régimen golpista para desacreditar y desprestigiar los programas y proyectos implementados por el líder aymara.
El hecho más reciente fue la solicitud este lunes de los trabajadores de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) para dialogar con el gobierno de facto para evitar la quiebra de la empresa.
El 28 de febrero los trabajadores de la entidad enviaron una carta al Gobierno de Áñez en la que solicitan el encuentro con el objetivo de 'salvar' la firma.
La mala gestión gubernamental fue emplazada en el documento que poco a poco va mellando la imagen y utilidad de la compañía, '[?] reduciendo el rendimiento operativo y en consecuencia llevándonos a un fracaso seguro e inmediato'.
Asimismo, los firmantes señalaron que la falta de liquidez financiera impide el funcionamiento normal de acuerdo a los compromisos contraídos y el pago de salarios, compra de combustible y de servicios de catering, esenciales para el trabajo diario de cualquier aerolínea.