Reza el artículo 303 de nuestra Constitución:"Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A."
Siempre me intrigó este artículo: ¿por qué no se hizo uno similar para todas las empresas del Estado? Y quienes lo redactaron sintieron que PDVSA, S.A. regía la política del Estado, pero cabría la posibilidad (¿necesidad?) que hubiese un ente diferente que lo hiciera. Yo sugiero que sea revisado.
El ente que rige la política de los hidrocarburos nacional existe y es el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo (MPPP). Ahí se deben definir los proyectos a desarrollar y sus alcances, se otorgan los contratos de emprendimientos y se establecen los beneficios de la Nación, que es la dueña del bien, que recibe la renta y los beneficios de los proyectos, según la prescripción legal y legítima establecida, en beneficio de la República; así se conforma la cartera de productos a generar y los ingresos asociados, para satisfacer la demanda interna de combustibles, lubricantes y otros derivados, la cuota de exportación, de acuerdo a nuestros compromisos externos (por ejemplo, la OPEP), y otras pertinencias, lo que conforma el aporte al presupuesto nacional. El MPPP otorgará los proyectos a las empresas operadoras: a PDVSA, y a otras, sean de capital público, mixto y/o privado, que pueden coexistir en el marco legal de la República, y que ejercen toda o fraccionada, la cadena productiva industrial: exploración, producción, transporte, mejoramiento, refinación y comercialización (nacional e internacional).
En resumen, el MPPP es el órgano rector y planificador. PDVSA, S.A. es una empresa nacional de los hidrocarburos y cumple los planes asignados por el Ministerio, como puede haber otras, con capital público, mixto o privado, para completar la cuota de producción y exportación acordada bajo la égida del Estado (modelo Estado-céntrico), en toda la cadena productiva de la industria de los hidrocarburos.
Todo lo anterior regido mediante una Ley de Hidrocarburos unificada, con claridad en los objetivos y precisión en los beneficios, para Venezuela y los participantes.