En un artículo anterior (leer) se mencionaron algunas distorsiones derivadas del esquema implementado para comercialización de gasolina en el país. Luego de pasadas dos semanas, no deja de tener vigencia el hecho de que cualquier política de fijación de precios o distribución de gasolina que se adopte, depende para su efectivo funcionamiento, de la existencia de cantidades suficientes para abastecer el mercado nacional de forma regular, cosa que todavía no está garantizada. Hecha esta salvedad, hay que considerar otros aspectos:

1. Discriminación territorial: A la ya existente discriminación de precios se suma la nada novedosa discriminación de acuerdo al territorio en el cual se habita. Desde hace años, algunas regiones del país como Táchira, Zulia, Mérida, entre otras, han sufrido una escasez crónica de combustible, y la implementación del nuevo esquema no ha servido para que los habitantes de estas regiones puedan acceder con relativa normalidad al suministro de gasolina. Caso contrario ocurre con algunas ciudades como Caracas y Valencia, en las cuales las colas han desaparecido luego de la apertura de las estaciones de servicio durante las 24 horas del día. Para efectos de distribución, el gobierno privilegia a la zona central del país en detrimento de buena parte del territorio nacional, también con la clara intención de prolongar el stock proveniente de Irán.

1. No existe control biométrico: En la mayoría de las estaciones de servicio no funciona el sistema de biopago vinculado a la plataforma Patria, con lo cual no existe un control efectivo sobre las cantidades surtidas por cada usuario. Esto abre la posibilidad de que se excede el cupo mensual de los 120 litros de gasolina, de que parte de esta sea destinada al mercado negro y contribuye a que se mantenga el carácter regresivo del subsidio, además de que desestimula el uso racional del combustible. En algunas zonas del país el único incentivo para comprar combustible no subsidiado es evitar las largas colas que se forman, pero si estas desaparecen, cualquiera puede exceder su cupo mensual si el sistema biométrico no funciona como mecanismo de racionamiento. Este es un problema que está pendiente de resolver, aunque todavía no existen garantías de que el suministro se normalizará de forma sostenible.

1. Sustitución del subsidio al transporte público: Se ha establecido un plazo de 90 días en el cual se otorga un subsidio al 100% del consumo para unidades de transporte, con lo cual es propicio iniciar de forma inmediata una discusión en términos de establecer qué medidas se tomarán luego de transcurrido ese plazo. Lo más conveniente desde el punto de vista técnico es ir desmontando gradualmente ese subsidio mientras que de forma paralela, se establece un subsidio directo a la población que utiliza transporte público. Para poder gozar de dicho beneficio puede aprovecharse la plataforma patria y depositar en la cuenta de cada usuario una bonificación dirigida al pago del pasaje, de esta forma se estaría transfiriendo de forma proporcional y progresiva los beneficios del subsidio desde los transportistas hacia los usuarios directamente, eliminando a su vez el incentivo existente de que algunos transportistas desvíen el combustible hacia el mercado negro. Por otra parte, los ajustes de tarifas de transporte se harían en paralelo con los ajustes o reducciones graduales del subsidio indirecto y su contraparte de aumento en las transferencias hacia los usuarios.

1. Sustitución del subsidio al transporte de carga y su impacto en los precios: En este caso, antes de que venza el plazo de duración del subsidio, a través de mesas técnicas puede establecerse el impacto del incremento del combustible en los precios de los artículos de primera necesidad, revisando su incidencia en las estructuras de costo. Esto se haría en conjunto con representantes gremiales de las industrias afectadas por el incremento del costo del combustible, estableciendo un cronograma de reducción del subsidio para con ello amortiguar el impacto en los precios finales. Dicha reducción y su impacto esperado debe ser apropiadamente comunicada a toda la población. Hay que agregar que los costos de transporte ya han sido incorporados a los precios finales desde hace muchos meses atrás, y que aquéllos son mucho más elevados en las zonas de producción agrícola, debido a dificultades para obtener combustible y al largo rosario de alcabalas y funcionarios "matraqueros" que parasitan en las principales vías del país. Por otro parte, hay que derrumbar el mito de que el aumento del precio de la gasolina debe tener un alto impacto en los niveles de inflación, ya que en algunos países no petroleros dicha incidencia es menor al 5% y estudios en Venezuela indican cifras similares, además de ser un impacto muy puntual.

1. ¿Existirá un mecanismo de ajuste periódico?: En una economía con hiperinflación como la venezolana, cualquier ajuste de precios realizado en moneda nacional está destinado a rezagarse en un plazo muy corto. En el caso de la gasolina subsidiada, el precio de 5.000 bolívares por litro no cubre los costos de producción en la actualidad, y transcurridos seis meses puede convertirse en una cifra insignificante debido a la hiperinflación. Se debe diseñar un mecanismo de ajuste de precios que puede ser periódico, pero este debe ser proporcional al ingreso de los trabajadores, debe generar ingresos fiscales y se debe establecer el destino de dichos ingresos (que puede ser para financiar un sistema de transporte público u otorgar subsidios directos a la población vulnerable). El gobierno parece no prestarle mucha atención a estos elementos.

1. Exoneración de tributos: El Decreto N° 4.220 reimpreso en la Gaceta Oficial N° 41.896 del 08 de junio de 2020 concede la "exoneración al Impuesto al Valor Agregado, Importación y Tasa por Determinación del Régimen Aduanero, así como cualquier otro impuesto, tasa o contribución aplicable de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, a las importaciones definitivas y las ventas realizadas en el territorio nacional, de combustibles derivados de hidrocarburos, así como de insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina". Con esto queda claro que no existirá ningún beneficio fiscal percibido por el estado venezolano derivado de la comercialización de gasolina, ni ninguna redistribución de ese ingreso. Haciendo un cálculo sencillo sobre la base de las 200 estaciones de servicio que comercializan en divisas, esto puede representar cerca de 20 millones de dólares al mes que el fisco deja de percibir por concepto de IVA, solamente en las 200 estaciones "premium" como se les ha llamado. Con esa cantidad se pueden adquirir cerca de 1.000 unidades de transporte al mes y solventar los problemas de movilidad que afectan a los trabajadores venezolanos. Y esto sin mencionar los ingresos que se dejan de percibir proveniente de otras vías.

Es pertinente que se genere al menos una discusión respecto a estos elementos, e ir elaborando propuestas para un mejor uso de los recursos energéticos de la nación, marcando una clara distancia de la improvisación, impericia e incluso irresponsabilidad del gobierno al momento de adoptar medidas, que más que derivadas del diseño de políticas, parecen producto de la desesperación.

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