La universidad y una la ley de educación universitaria

La actual situación de Venezuela posee una aparente mejora por los ingresos fiscales que el Estado venezolano ha obtenido en el último año, eso incidió en el pírrico aumento de salario que la inflación y la usura se ha devorado. Las políticas antiobreras del régimen gubernamental del señor Nicolás Maduro Moros siguen incrementándose cada día más. Los docentes de Venezuela fuimos burlados y vejados una vez más por un gobierno enemigo del magisterio y arrodillado al imperialismo. Los beneficios de los trabajadores son progresivos, pero con este último aumento y con las cuentas manejadas por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) hubo un estruendoso retroceso en nuestras reivindicaciones salariales, al verse mermado el porcentaje por las primas de antigüedad, estudios avanzados, entre otros. Esta situación es la continuidad de la aplicación del memorándum 2792 de 2018.

Por esta y otras razones el gremio magisterial debe unirse y luchar en pro de nuestras reivindicaciones socioeconómicas, esta situación me hace recordar las palabras del sociólogo brasileño Boaventura de Sousa Santos quien en una conferencia en la Universidad Nacional de Tres de Febrero en Argentina señaló "La dominación está unida, pero la resistencia está fragmentada" es por ello que apreciamos la lucha de los profesores dependiente de las gobernaciones, los de básica y los universitarios; cada quien por su lado y cuando en marchas coincidían estaban juntos, pero no revueltos e igualmente están los obreros y administrativos que también están dispersos.

En Barquisimeto en el 2018 se creó la Coalición Intersectorial de los Trabajadores del estado Lara (CITEL), que en teoría congregaba a diversos sectores gremiales para unificar la lucha, pero la realidad concreta fue diferente, sus principales integrantes no comprendieron la importancia de la lucha ante el poderoso patrono que es el gobierno y la fuerza que pudieron llegar a tener. CITEL fue una organización de derecha, sectaria, antidemocrática, excluyente cuyo trabajo fue figurar en los medios de comunicación, pensar en el derrocamiento del presidente Maduro y reconocer al señor Guaidó como presidente interino; es por ello que la base jamás se sintió representada por ese pequeño grupo de reaccionarios y sin conciencia de clases. Los resultados fueron muy claros: se dividieron y fueron derrotados, ahora de dicha organización solo queda el recuerdo del circo que hacían. Actualmente, las condiciones objetivas y materiales están dadas para la lucha en el plano de la democracia; salvando las distancias y sin cometer anacronismo recordamos el mayo francés de 1968, el octubre mexicano de 1968 en Tlatelolco y el caracazo de 1989. El cantautor del pueblo Alí Primera decía: "Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos…vamos compa carajo que para amanecer no hace falta gallinas sino cantar de gallos, ellos no serán bandera para abrazarnos con ella y el que no la pueda alzar que abandone la pelea no es tiempo de recular ni de vivir de leyenda…".

El profesor universitario no tiene el estímulo salarial para realizar su labor y aun así presta sus servicios en el marco de sus posibilidades, ya que hemos tenido que recurrir a otras actividades económicas para llevar el sustento a nuestros hogares. El maltrato al educador venezolano por parte del gobierno se hace cada vez con mayor fuerza, al respecto es pertinente citar al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa en su libro Los Maestros Eunucos Políticos (1976), pág. 27 Editorial Vadell Hermanos: "Suprimir la libertad del maestro es el más ruin atentado contra la cultura y contra el decoro de la Nación, porque el maestro es el forjador de la nacionalidad; es el creador moral del pueblo; es el que cuida y acrecienta el tesoro espiritual de la patria".

Vemos también el pésimo estado en que se encuentran las universidades públicas del país: techos y paredes derrumbadas, fluido eléctrico funciona a medias, transportes inservibles, baños dañados, no hay presupuesto para material de oficina y limpieza y muchas cosas funcionan es por colaboración de la comunidad universitaria. Ahora le pregunto, estimado lector: ¿Las condiciones están dadas para el regreso a clases 100 % presenciales? Si bien es cierto la autogestión es signo de sentido de pertenencia, también es indicativo de vientos de privatización. Boaventura de Sousa Santos aseguró refiriéndose a las universidades públicas: "El ideal del neoliberalismo es que las universidades se autofinancien, no debe recibir dinero del Estado y para eso tienen que ser empresas, deben buscar recetas, tienen que ser emprendedoras y eso es realmente lo ideal de la destrucción de la universidad".

Según declaraciones al Diario El Impulso del 6 de junio del año en curso del Dr. Nelson José Silva Sánchez, director decano del Instituto Pedagógico de Barquisimeto señaló: "hay un déficit tremendo con respecto a otros tiempos. Antes teníamos 12 mil estudiantes y ahora 3 mil". También afirmó que el déficit de docentes en la institución alcanza el 20 %, ¿acaso nos quedaremos sin universidades? El historiador Reinaldo Rojas escribió en un artículo publicado en el diario El Universal del 17 de junio de 2019: "Sin cátedras y sin catedráticos no existe universidad, como tampoco existe sin estudiantes ya que la universidad es una comunidad académica que nace de la relación pedagógica entre alumnos y profesores".

En este mismo orden de ideas reconocemos la inversión que está realizando el Estado en mejorar la infraestructura de la UCV, patrimonio material de la humanidad, pero nos parece sumamente grave haber nombrado una protectora a esta universidad, estas figuras de protectores que no aparece en la constitución nacional son autoridades paralelas colocadas donde el gobierno no está presente para hacerse su voluntad; eso es totalitarismo.

Igualmente, nos parece abyecta la conducta de la Dra. Cecilia García Arocha porque ha jugado un papel partidista a través de su investidura como rectora de esta casa de estudios y eso le ha quitado seriedad y preponderancia a su cargo. Y, lo peor de todo, es que otros rectores de universidades parecen seguir los pasos de la Dra. García Arocha y no tienen una política propia en los consejos universitarios de sus respetivas universidades. Haber reconocido al ingeniero y exdiputado suplente a la AN de 2015 Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela fue una total aberración jurídica-política.

Mientras exista una confrontación radical entre gobierno y las universidades, y ninguno acepta al otro como autoridad, jamás vamos a resolver el conflicto y el diálogo es la única solución al problema. El gobierno debe reconocer y respetar la autonomía universitaria y la universidad debe respetar el papel del Estado en la educación venezolana, ambas partes deben reconocerse y apegarse a la constitución nacional y demás leyes del Estado venezolano. Tampoco podemos pretender que la función del Estado con la universidad sea únicamente la asignación de recursos y que la autonomía universitaria implique que la universidad sea un Estado dentro de otro Estado, todo el sistema educativo universitario venezolano debe estar articulado y no temerle a la tesis del estado docente que también debe estar presente en la educación universitaria.

El chavismo al ver que no pudo penetrar en ningún sentido a las universidades tradicionales, creó un sistema paralelo donde se cristaliza no una tesis del estado docente, sino la imposición del gobierno en todo sentido, si bien es cierto que estas universidades lograron una masificación escolar, que se hacía inminentemente necesaria, se logró con una calidad un tanto precaria, calidad que se ha elevado un poco. En estas universidades la autonomía de cátedra es sumamente limitada, también vasta entrar a los espacios físicos de estas y apreciamos una simbología abrumadora en referencia al fallecido presidente Hugo Chávez, figura de adoración mítica y fetichista por cierto grupo de seguidores del régimen que parecen feligreses de una congregación religiosa. Igualmente, nos preguntamos: ¿Dónde están los investigadores y las investigaciones producidas de la UBV, Misión Sucre y la UNFEA?

En la educación y la cultura se encuentra el desarrollo integral de un país, es por ello que el Estado no debe escatimar recursos para estos importantes sectores. En las universidades debe estar las investigaciones en las áreas experimentales y sociales para dar respuestas a las necesidades y problemas del país. La universidad debe ser la piedra angular para el crecimiento técnico-científico y humanístico de la nación. Como hemos referido en artículos anteriores, las universidades debe ser la escuela del pensamiento crítico de la sociedad y, es por ello, la importancia de la autonomía universitaria. Siempre he escuchado que lo más importante de una universidad son los estudiantes, postura que no comparto, pues la universidad es un todo y, por ende, toda la comunidad universitaria es importante y ninguna debe sobreponerse a la otra, ya que cada actante de la misma cumple su rol.

En la Asamblea Nacional se debate la creación de una nueva ley de universidades, el Estado tuvo que esperar 52 años para realizar un cambio de tan importantísimo estamento legal, aunque en el año 2010 bajo el régimen del Teniente Coronel Hugo Chávez se había redactado una nueva ley de universidades la cual fue vetada por el presidente de la República y se engavetó; esa ley colocaba la autonomía universitaria en un plano extremadamente pobre, puesto que le otorgaba máximo poder al CNU y al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, contradiciendo el artículo 109 de nuestra constitución nacional.

La actual ley de universidades es anacrónica, ya no responde a la universidad que tenemos y mucho menos a la que queremos. Hace unos meses hubo reuniones en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (UPTAEB) para realizar propuestas a la nueva ley; donde participaron varias universidades de la región tanto públicas como privadas; pero hasta el momento de redactar el presente escrito, desconocemos sobre el alcance de dichas reuniones en lo concreto y si verdaderamente se tomó en cuenta para la redacción del proyecto de ley, el cual no se ha hecho público.

Según declaraciones del diputado Ricardo Sánchez, la nueva ley de universidades estará lista para finales del mes de julio, ahora bien, ¿cuál será su contenido? Esperamos que no sea una copia de la ley que fue vetada en 2010. Esta futura ley de educación universitaria sería la cuarta de este tipo en la historia jurídica venezolana. La primera fue en 1953 con Marcos Pérez Jiménez, luego la de noviembre de 1958 bajo la presidencia del Dr. Edgar Sanabria y la tercera en 1970 en el gobierno del Dr. Rafael Caldera.

Claro está que el marco jurídico de la educación universitaria antes de 1953 se encontraba dentro de las leyes de educación, en los estatutos, códigos y decretos desde 1827 con el libertado pasando por el código de 1843. Incluso, en la ley orgánica de educación de 2009 tiene un aparte referente a la educación universitaria (ver artículos del 32 al 36). La ley de 1953 no reconocía la autonomía, la de 1958 gozaba de un amplio aspecto en este sentido y la reforma de 1970 se mantenía la autonomía, pero en menor proporción, creó las universidades experimentales.

Históricamente los gobiernos de turno han querido dominar a las universidades, y más aún los de corte de dictadura militar, ven la situación educativa como un problema de gobierno y no de Estado. En Venezuela solo existen cinco universidades autónomas, las cuales son: UCV, ULA, LUZ, UDO y UC; las demás son experimentales, territoriales, institutos universitarios, colegios universitarios y universidades privadas.

Una ley de universidades debe reconocer la autonomía de cátedra y la gratuidad de la educación, la autonomía universitaria y sancionar penalmente a quien incurra en la violación del recinto, reconocer la sindicalización del sector docente y el legítimo derecho a la protesta, tanto de los trabajadores como los estudiantes, valorar e incentivar en su máxima expresión los estudios de posgrado y demás cursos y actividades científicas, literarias y artísticas de los profesores, obreros y administrativos. Cada universidad debe estar presta para la acreditación de saberes a las personas que demuestren sus competencias en una determinada área del conocimiento. La educación universitaria debe guiarse con base a la autonomía, la alta probidad, respeto, pensamiento crítico, democracia, solidaridad, libertad, justicia social, la extensión, investigación, calidad académica y formación permanente.

Para el ingreso del personal ordinario académico debe seguir siendo por concurso público de oposición y para el contratado por concurso de credenciales y dicha contratación debe ser mínimo por un año. Para la elección de las autoridades debe participar en igualdad de condiciones: el personal docente (independientemente de su categoría), administrativo, obrero y estudiantil (pre y posgrado) y dicho mandato debe ser revocable a la mitad de su período, toda autoridad de las universidades públicas debe ser electa por la comunidad universitaria, ninguna puede ser colocada a dedo por el Ministro de Educación Universitaria (caso de las UPT, UNEARTE, UNEFA, UBV…). La democracia participativa y protagónica es para todos, no para lo que le convenga al gobierno. Los consejos universitarios y consejos directivos deben rendir cuentas cada seis meses a una asamblea de trabajadores de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, obreros y administrativos), así como también los gremios y sindicatos a sus afiliados y las representaciones estudiantiles a sus representados.

La participación de las comunidades en las universidades debe ser en el sentido cultural y social, la universidad debe estar para los intereses de la nación y no del gobierno y mucho menos de un partido político. Una ley no debe tener la tan trillada y desubicada frase patria socialista, ni tampoco patria capitalista. La universidad debe ser asesora en materia cultural, social, política, científica y educativa del Estado, en el caso educativo se encuentra la UPEL. El cobro de matrícula en las instituciones privadas debe pasar por la autorización del Estado, toda empresa pública y privada debe realizar una inversión social en las universidades públicas, con sus estudiantes y personal docente.

En el caso de la UPEL que es la formadora de los futuros educadores por excelencia del país, pero no es la única. Debemos tener en consideración una cosa y es que si la UNESR, UCV, UNA, LUZ y Misión Sucre también forman educadores y los egresados se integraran en el mismo sistema educativo venezolano, todas esas universidades en el caso de la formación tanto de profesores como licenciados en educación deben tener el mismo currículo, tal vez con ciertas diferencia de forma más no de fondo de acuerdo al contexto.

Una ley de universidades debe salir plenamente del seno de las universidades y de expertos del Ministerio de Educación Universitaria, de la OPSU y el CNU y no de un parlamento que solo obedece órdenes del ejecutivo nacional, un parlamento burgués, proimperialista y colonizado.

 

dali_upel_ipb@yahoo.es



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