El anuncio hecho en junio que expuso la medida implementada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), sobre el incremento del precio para obtener el pasaporte y la prórroga, ha sido sorpresivo por lo desproporcionado del aumento.
De manera desafortunada la opinión pública no ha reaccionado contra esta medida, que afecta directamente a la población que procura el documento, asunto que no debería representar un privilegio alguno sino el derecho que tienen los ciudadanos a la identificación al momento de salir del país, trámite que no debe ser entendido tampoco como un negocio para el Estado y mucho menos un elemento que abra las puertas a la corrupción.
De acuerdo a la legalidad en Venezuela, es en el Artículo 56 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela donde se expresa la identificación como un derecho. Sin embargo, en lo relativo con el pasaporte, su consideración en la Ley Orgánica de Identificación publicada en Gaceta Oficial Nº 38.458 de fecha 14 de Junio del 2006, describe la naturaleza del documento, pero no manifiesta ninguna potestad sobre determinaciones crematísticas.
Como se conoce, desde enero no se registraba ningún incremento en dicho trámite. Desde entonces pasó a costar 14.013.378,50 bolívares los nuevos y la prórroga 7.006.689,25.
El nuevo ajuste anunciado supera exponencialmente la anterior tarifa y se coloca en 200 dólares para el documento y 100 para la prórroga. Al cambio oficial que establece el Banco Central de Venezuela, (BCV), de 198,651 Bs. serían 39.730.000 y 19.865.000 Bs. respectivamente.
Según se deduce el valor del pasaporte está relacionado con el ajuste por inflación y la continua devaluación del bolívar, y como este trámite está anclado al Petro, las variaciones de la moneda virtual inciden en su precio.
Un análisis del caso remite a señalar, tal como lo registró la revista colombiana Semana en su portal, y no así ningún medio venezolano, que se trata del pasaporte más costoso de América Latina y el cuarto más caro del mundo.
La comparación extendida por la señalada publicación refiere que en Colombia el documento tiene un costo de 70 dólares, lo cual traduce 258 mil pesos, teniendo como base un salario mínimo de 980.657 pesos, lo que equivale a 272 dólares.
En tanto que en Ecuador cuesta 70 y en Brasil 80 dólares. Por su parte en Perú, 29 dólares.
Por encima del pasaporte venezolano se ubica el de Chile, como el segundo más caro de la región, 132 dólares, con base al salario mínimo de ese país que es de 458 dólares.
Para la mayoría de los venezolanos el actual incremento del documento de identificación significa 98 salarios mínimos, de acuerdo al monto de 400 mil Bs, un aproximado de 2 dólares estipulado desde el 1º de mayo de este año. Y aunque el incremento del servicio está anclado en dólares y al Petro, paradójicamente los trabajadores nacionales no ganan en divisas ni en la moneda virtual.
Vale recordar que Saime ha sido un organismo muy cuestionado públicamente. La trama de corrupción alrededor de las diferentes gestiones administrativas se sustenta en una práctica consuetudinaria orquestada por gestores y empleados cómplices que hacen negocios sucios a expensas de estos incrementos. Sobre el caso solo basta remitirse a las diversas imputaciones y órdenes de aprehensión libradas por el Ministerio Público en diferentes fechas.
Los usuarios reconocen que esta institución solo funcionó de forma eficiente una sola vez, y fue durante la primera dirección de Dante Rivas en 2010. ¿Qué pasaba antes? Ineficiencia, ineficacia, corrupción. Y qué ocurrió después, se reinauguró el esquema perverso.
¿Cómo pudo sobrevivir una gestión exitosa en Venezuela con criterios de servicio público, precio y entrega oportuna, y después la experiencia quedar desecha, puesta al desnudo como un organismo desacreditado por los continuos actos de corrupción e inoperancia?
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