El contexto: una política antiobrera y antipopular

Desde 2013 hasta agosto de 2018, el gobierno de Nicolás Maduro aplicó una política de ajuste económico inflacionario, que fue ejecutado a partir de la contracción unilateral y gradual de los dólares asignados a las importaciones para dirigir esos recursos al pago de la deuda externa. Eso provocó una disminución generalizada de la oferta de mercancías, y por ende una depauperación de la capacidad de compra de los salarios del pueblo trabajador.

En pocas palabras, redujeron el consumo popular para cancelar el endeudamiento con el capital financiero mundial. Según datos del BCV en el 2013 el monto de las importaciones fue 57.183 millones de dólares, al contrario el mismo organismo señala que en el 2018 el monto de las importaciones solo fue 14.866 millones de dólares. A pesar de la poca confiabilidad de esa última cifra, que se contrapone a la estimada por la Cepal, igual se denota la enorme contracción de las importaciones, que le permitió al gobierno de Nicolás Maduro cancelar en ese período más de 80 mil millones de dólares en deuda externa.

En agosto de 2018, el gobierno de Nicolás Maduro inició la aplicación de una política que le sigue imponiendo el costo del saqueo de la economía venezolana al pueblo trabajador. Por eso, reivindicamos que se catalogue como un paquete antiobrero y antipopular. En el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, impusieron nuevas tablas salariales para la administración pública, el memorándum 2792, la megadevaluación cotidiana del tipo de cambio oficial, el recorte de los aumentos salariales, la exoneración del ISLR a las transnacionales petroleras y de los aranceles a los importadores y una eliminación del control de precios que estimuló las importaciones privadas de bienes de consumo final.

En resumen, redujeron la presión fiscal a los grandes capitales y disminuyeron los egresos estatales y costos empresariales por concepto de pago de salario y beneficios laborales al pueblo trabajador, porque eliminaron de facto los contratos colectivos, aminoraron las escalas salariales y suspendieron los aumentos del salario mínimo. Los datos nos evidencian su resultado: en agosto de 2018, el salario mínimo era 1.800 Bs. y el dólar oficial estaba en 60 Bs., solo 30 dólares mensuales. El 29 de agosto de 2019, el salario mínimo es 40 mil Bs. y el dólar oficial está en 18.410 Bs., solo 2,17 dólares mensuales. La canasta básica de agosto de 2018 era 20.817 Bs. y el salario mínimo 1.800 Bs., en ese momento cubría el 8,64% de su costo. En junio de este año, la canasta básica era 2.625.578 Bs. y el salario mínimo Bs. 40.000, solo alcanzaba a cubrir el 1,52% de su costo.

Aumento de la protesta y la estrategia del madurismo crítico

Las consecuencias de la ejecución por el gobierno de Nicolás Maduro de ese conjunto de medidas reaccionarias y la paralela destrucción de los servicios públicos por un inmensa corrupción que bloquea el mantenimiento, la inversión y las condiciones laborales adecuadas; han provocado un aumento exponencial del descontento y la movilización popular, a pesar del uso constante de la represión estatal y de la coacción en los centros de trabajo y en las comunidades. Según el Observatorio Venezolana de Conflictividad Social (OVCS), desde 2015 ocurre un crecimiento de las protestas, que son ocasionadas por reclamos reivindicativos relacionados con la mejora de las condiciones de vida y por demandas políticas que se resumen en la exigencia de la salida del gobierno de Nicolás Maduro. En el 2015 hubo 5.851 protestas registradas, en el 2016 6.917, en el 2017 9.787, en el 2018 12.715, y en el primer semestre de 2019 10.477.

En ese marco el descontento del pueblo trabajador va cada vez más en aumento, de allí que ante el profundo rechazo que origina la política antiobrera y antipopular del gobierno, los dirigentes de organizaciones políticas integrantes del movimiento chavista que apoyan la continuidad gubernamental de Nicolás Maduro, como el PCV con su Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y la Plataforma Campesina, despliegan una estrategia de canalización y subordinación de la movilización de núcleos del pueblo trabajador y sectores populares como el campesinado. Niegan que la actual situación que padecen las clases subalternas del país sea producto de una política sistemática del gobierno de Nicolás Maduro para beneficiar al capital transnacional y local. En su opinión equivocada son consecuencia de los ataques de Estados Unidos y de las acciones aisladas de funcionarios estatales e "infiltrados" en el Estado.

En el marco de esa estrategia oportunista, desestiman realizar con sus militantes una caracterización correcta del carácter de clase y de los objetivos de la política del gobierno, y por eso se proponen lograr reuniones para pedir concesiones al mismo Nicolás Maduro, quien dirige la ejecución del paquete antiobrero y antipopular, porque los supuestos responsables serían los ministros Wilmar Castro Soteldo, en el caso campesino, y Eduardo Piñate, en el caso de la clase trabajadora.

Distraen y engañan a sus honestos y comprometidos militantes creando falsas expectativas en Nicolás Maduro, y al mismo tiempo los terminan cansando con marchas y concentraciones para consignar cartas y peticiones a inspectorías, a ministros o al mismo jefe del gobierno que aplica el paquete antiobrero y antipopular, priorizando solicitar el cambio de un ministro que supuestamente engaña y desinforma.

De esta forma el PCV con su FNLCT, evita una oposición frontal a la política antiobrera y antipopular del gobierno de Nicolás Maduro, que permita establecer una necesaria unidad de acción de la clase trabajadora para arrancarle conquistas al Estado, a partir de un proceso de lucha autónomo e independiente de los jerarcas chavistas y de la oposición patronal subordinada al gobierno imperialista de Donald Trump.

Por otra parte, en el espacio unitario Trabajadores en Lucha (TL), lamentablemente hay sectores que colocan en el mismo lugar político al bloque gubernamental chavista y a los partidos de la oposición patronal, con el objetivo de negar la posibilidad de la unidad de acción con trabajadoras y trabajadores agrupados en la Coalición Sindical, que se oponen en la calle a las medidas antiobreras y antipopulares del gobierno de Nicolás Maduro, pero que con más o menos autonomía militan o simpatizan con organizaciones de la derecha tradicional.

Esa posición niega que es el gobierno de Nicolás Maduro quien en la actualidad aplica un paquete antiobrero y antipopular, y que con esa agrupación sindical se puede constituir una unidad de acción en el marco de demandas reivindicativas propias de la clase trabajadora, como un salario igual a la canasta básica, defensa de los contratos colectivos y rechazo a la criminalización de las trabajadoras y los trabajadores que luchan.

La unidad de acción implica realizar acuerdos tácticos con direcciones sindicales integradas a los partidos patronales que están dispuestas a intervenir en el impulso de la movilización obrera y popular por situaciones circunstanciales, como la presión de sus bases o intereses partidistas. Por supuesto, esos acuerdos tácticos nunca suponen que se pierda nuestra independencia política porque continuamos enfrentando en la propaganda y agitación la influencia concreta de los partidos patronales en el movimiento obrero y popular.



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Omar Vázquez Heredia

Militante comunista y profesor universitario

 @omargvazquez

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