Para nadie es un secreto que estamos en el medio de una guerra donde el componente que más nos golpea es el conjunto de sanciones que se anuncia desde la Casa Blanca y se cristalizan, los cuales afectan negativamente la economía a nivel internacional y nacional, pulverizando las más importantes garantías económicas y sociales que alcanzo el pueblo venezolano durante el desarrollo de la Revolución Bolivariana encabezada por el Comandante Hugo Chávez Frías.
Recibimos a los venezolanos con gran optimismo, el anuncio del Plan de Crecimiento y Recuperación económica por parte del Presidente Nicolás Maduro Moros, el cual realizaría esfuerzos para desdolarizar la economía, anclando el valor del bolívar soberano al Petro y este a su vez con las reservas de petróleo de una pequeña porción de la Faja del Orinoco. Se comunicó al pueblo venezolano el incremento del salario mínimo a medio Petro (3600 Bolívares Soberanos) y posteriormente se publicó el acuerdo de precios justos con los empresarios, cuya idea fuerza era estabilizar los precios de los productos de primera necesidad y desacelerar la escalada inflacionaria.
Transcurrido un par de meses de las medidas, ya se puede realizar un análisis de la situación de la economía venezolana. Sin ir muy lejos la conclusión es, la inflación inducida o no (la burguesía y por la negligencia e incapacidad desde lo público) destruyó el salario mínimo. Transformó en sal y agua el primer mes de los tradicionales aguinaldos y la pobre capacidad de ahorro de la clase media. Todo indica que se han abierto soterradamente las puertas a una especie de neoliberalismo que la palabra salvaje se quedaría cortísima. Los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres.
En un artículo que publiqué en este medio, llamaba la atención de los dos riesgos que se corrían si no se actuaba con mano de hierro para sostener la medida con la ferocidad de quien defiende su vida en la batalla final. Estos riesgos son el aceleramiento de la espiral inflacionaria y una mayor concentración de la propiedad de los medios de producción y de la cadena de distribución en manos de un grupo de empresarios mafiosos sin escrúpulos ni ética capitalista y menos humana. Ambos fenómenos se están cumpliendo.
Rectificar requiere desmontar varios mitos, y sacudirse de la hipocresía que conllevan los relatos políticos que intentan imitar el drama de la película "La vida es bella".
El primer mito a desmontar es el síndrome "Agárrense de las mano". No se puede continuar en una situación de guerra económica declarada y visibilizada con las armas convencionales de la paz, es necesario dar repuestas beligerantes para garantizar la gobernanza y la soberanía de la economía interna y neutralizar las condiciones para un estado fallido. Creo que es tiempo, que se movilice al ejército para colocar en cintura al sector de la burguesía, los pequeños y medianos empresario que complotan permanentemente contra el pueblo utilizando los recursos del acaparamiento y el sobreprecio. Es necesario que las instancias públicas que tengan como responsabilidad hacer cumplir los acuerdos y las medidas asuman sus compromisos serio, quienes no estén en disposición de realizar la tarea deben ser removidos de los cargos de dirección, instancias incompetentes cerradas para construir la intencionalidad revolucionaria necesaria. Las Fuerzas Armadas deben salir de la modorra y atacar al enemigo, combatir en su interior la corrupción y la impunidad, pues lo que lo está colocado sobre el tablero geopolítico es la soberanía y la democracia. La coyuntura no está como para estar promoviendo al ambiente de fiesta. Los ministros no pueden andar encendiendo luces en el Ávila como si no estuviera sucediendo nada en el país y viviéramos en la Isla de la fantasía.
En este contexto, una tarea pendiente es reiniciar un proceso de reconstrucción de la autoridad del estado en materia económica con la finalidad de colocar en cintura a todos los actores que estén infrigiendo la ley y juegan al agravamiento de la crisis, la desestabilización del orden democrático y la paz. No hay de otra, lo demás son cuento de caminos y retórica neoconservadoras y contrarrevolucionarias.
El otro mito a derrumbar está relacionado a la sobre valoración que se le atribuye al Poder Popular. Es cierto hemos avanzado en la construcción de un Poder Popular, pero en la actualidad se encuentra en su fase embrionaria, y no posee la fuerza suficiente para asumir el rol fundamental de coordinación de la actividad económica, no posee los recursos materiales ni jurídicos para enfrentarse a los delitos económicos. A ello, se suma el poder de los distribuidores y comerciante sobre las comunidades. Según cifras, el pueblo venezolano realiza el 70 por ciento sus compras en las bodegas y el 30 por cientos en los grandes supermercados. Las comunidades no suelen denunciar a los vampiros de las bodegas porque estos han sabido construir una sociedad de cómplices, utilizando la figura del crédito y otros mecanismos de dominación.
Mientras la inflación avanza en un ambiente institucional dormido, con modorra y fariseísmo los precios suben: Un kilo de queso 750 Bolívares, El kilo de pollo, 650 BsS., carne de res y cerdo, 950 BsS., el cartón de huevos 700 BsS., el kilo de arroz 280 BsS., el azúcar 170 BsS., el café de 250 g en 250 BsS.
Lo público duerme en los laureles esperando un milagro divino, y el Presidente Nicolás Maduro, como un mago tratando de salvar el barco. El tiempo político del Presidente Madura se mueve aceleradamente y la institucionalidad de su entorno anda nadando en lo mediático y transportándose sobre un morrocoy. Se está haciendo un lugar común dentro del pueblo para devolver un saludo: "La vaina esta buena, pero muy mal distribuida" ¿Quién le pone el cascabel al gato?
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