La crisis de la deuda venezolana, ¿guerra económica o doctrina de choque?

Venezuela atraviesa tiempos aciagos y turbulentos cuyas noticias nos llenan de dolor y tristeza. Las últimas de estas noticias nos llegan a través de las páginas de economía de los principales medios de comunicación mundial y no a través de las habituales columnas de política, en las cuales veíamos con dolor e indignación como durante el segundo trimestre de este año se enfrentaban con cruda violencia militantes de la oposición y las fuerzas policiales del gobierno. Estas imágenes colmaron de sensacionalismo las ya efectistas páginas de los principales medios internacionales.

Las noticias económicas que nos llegan desde hace algunas semanas nos alertan sobre la deuda externa de Venezuela y muy especialmente sobre la deuda de su principal industria petrolera, PDVSA. Deuda esta que, según fuentes oficiales, asciende ya a 41 millardos de dólares, de los cuales 3 millardos deberán ser saldados antes de que finalice el año 2017.

Lo que primeramente comenzó como un rumor sobre el temor de los acreedores por un posible « default » por parte de PDVSA, luego se convirtió en un "escandalo" cuando la agencia de notificación financiera Standard & Poors, declaró a PDVSA en "selective default", una categoría ambigua e insidiosa que quisiera indicar "el pago parcial de la deuda luego de que se haya agotado el tiempo previsto". El pánico sucedió al rumor y los medios financieros comenzaron a circular internacionalmente la noticia sobre la insolventabilidad de PDVSA y con ello, la del estado venezolano. Ser deudor en nuestro tiempo no sólo nos expone a sanciones al pago de intereses, sino también a la censura moral.

¿Y si no se tratara más que de una típica operación de manipulación y chantaje por parte del capital financiero mundial?

Este tipo de movilización de la opinión pública no es extraña en la cotidianidad de nuestra globalización financiera, pues ya parece "normal" que todas las matrices de opinión se alineen para denunciar los riesgos y amenazas en contra de algún deudor -sea público o privado- cada vez que este se encuentra en mora con sus acreedores. Habría que recordar que tal fue el caso de Argentina en el 2001, el de Irlanda en 2008 y quizás el más célebre y reciente, el de Grecia. En todos estos casos la constante es que la deuda, sea cual sea el Estado deudor, tarde o temprano y cueste lo que cueste, deberá ser reembolsada al capital financiero internacional, único y verdadero poder soberano global.

¿Esta supremacía del capital global sobre cualquier forma de existencia, sea privada o pública, individual o colectiva, no es precisamente eso que Marx denunciaba en El Capital, como "la explotación de la riqueza social, por parte de un numero cada vez más reducido de capitalistas, en su más pura y colosal forma de estafa"?

Para nadie es un misterio que el mercado financiero internacional se reduce cada vez más a pocas manos. De Tokio a Sao Paulo, de Moscú a New York, de Paris a Pekín, el flujo de capital es controlado por entidades financieras cada vez más abigarradas de las cuales no sólo depende la estabilidad del sistema financiero mundial, sino cuyos propietarios son finalmente, unos pocos vis-a-vis de la población mundial.

Según el Financial Stability Board, la estabilidad del mercado financiero mundial reposa sobre treinta bancos "too big to fail" en todo el planeta. El más mínimo pestañeo de uno incidiría en el otro y, como ya sucedió con la crisis financiera del 2008, el efecto mariposa no tardaría en impactar el resto de los bancos sobre los cuales reposa el caótico mundo de las finanzas mundiales. La complejidad del sistema financiero internacional tiende, sin embargo, a simplificarse por la vía de los accionistas, ya que estos treinta "bancos sistémicos" se encuentran en manos de sociedades de inversión cada vez más monopólicas e imbricadas entre sí. Solo a titulo de ejemplo, la sociedad de inversiones Vanguard Group forma parte del holding tanto del JP Morgan Chase como del Misubishi Bank, dos de estos "bancos sistémicos". Esta sociedad posee y administra más de 4 trillones de dólares en activos a través de todo el planeta.

¿No es esto una muestra de ese famoso 1% que posee las riquezas de más de la mitad del resto de la población mundial, denunciado por esos movimientos sociales que emergieron como respuesta a la crisis financiera de 2008? Tal como lo anunciaba Marx, la acumulación de capital se encuentra en manos de cada vez menos y esos menos, cada vez ganan más.

Los bonos de la deuda de PDVSA están en manos de estos pocos que controlan las finanzas mundiales (entre estos Goldman Sachs y JP Morgan, dos de los "too big to fail") y la presión financiera ejercida en contra de Venezuela para que cumpla con el servicio de la deuda ha encendido las alarmas a nivel internacional para señalar, con una mezcla de escandalo financiero y de censura moral, a las autoridades de Venezuela como las principales responsables de la insolventabilidad de la empresa petrolera estatal. No obstante, lo que desde luego omiten estas matrices de opinión es que como afirma Mauricio Lazzarato, la deuda es ante todo una forma de dominación del capital financiero internacional sobre el conjunto de la población mundial, pues la deuda , publica o privada, funciona como un dispositivo de control del capitalismo tardío para disciplinar la población de las sociedades modernas, moviéndose entre el ámbito de la vida material (distribución de las riquezas entre deudor y acreedor) y el orden de la moral (a través del agenciamiento de la culpa).

Lazzarato tiene razón cuando afirma que la deuda es la tecnología de biopolítica por excelencia de nuestro tiempo, pues a través de ella se ha configurado la más nueva y acabada figura de la subjetividad capitalista moderna: el hombre endeudado. Y esto es cierto tanto de los sujetos individuales -el ciudadano de clase media de las sociedades capitalistas modernas, el cual vive del crédito para satisfacer sus necesidades de consumo- como de los Estados nacionales -quienes acceden al crédito para financiar sus déficit fiscales.

Muy a despecho de la usual retórica de victima que ha asumido el gobierno actual de Venezuela, las raíces de la profunda crisis económica y financiera que hoy atraviesa este país no es consecuencia de la deuda externa ni de las sanciones económicas y financieras impuestas por el gobierno de los EEUU. La crisis de la deuda es un elemento más dentro de la larga y dolorosa crisis estructural del capitalismo rentístico que hizo su primera aparición en la década de los 80 y que desde entonces, ninguno de los distintos gobiernos venezolanos ha conseguido solventar. Esto quiere decir que ninguna propuesta económica, ni de derecha ni de izquierda, he logrado crear las bases productivas para salir del laberinto estructural que hoy representa la extrema dependencia que la economía venezolana padece con respecto al petróleo como único recurso generador de riquezas a nivel nacional.

Volver sobre las bases estructurales de la economía venezolana no es el objeto de estas notas, para ello existe una abundante literatura que analiza desde diferentes puntos de vista esta fatalidad económica. Sin embargo, creo que es importante señalar que siendo un impasse que padece el país desde el ultimo cuarto del siglo pasado, la respuesta que se le ha dado durante las últimas dos décadas ha sido, a la luz de la crisis que vive actualmente el país, terriblemente desacertada.

En el caso de Venezuela los orígenes de la deuda actual se remontan a diez años atrás, cuando el fallecido presidente Chávez decidió comenzar a emitir deuda soberana (es decir, bonos soberanos de la Republica) para financiar el gasto publico. Paradójicamente, la emisión de la deuda venezolana tuvo lugar durante la década del 2000, momentos en los cuales el país suramericano gozaba del boom de los precios del petróleo más altos de la historia económica del país. Así y de acuerdo con un estudio de la Plataforma por la Auditoria Pública y Ciudadana de la Deuda, entre 2003 y 2014, la deuda soberana de Venezuela pasó de 38.814 millones de dólares a 131.040 millones de dólares americanos. Esto implicó un aumento del 330% en menos de nueve años. Paradójicamente, durante este mismo período el precio promedio del petróleo venezolano pasó de 25,66 $/bl en 2003 a 93,73 $/bl en 2014.

¿Qué justificó tal decisión? Una visión económica y política sobre dimensionada e irrealista. En realidad este auge de emisión de deuda buscaba financiar no solamente el gasto público y con ello las misiones y los proyectos sociales, sino también y aun más el consumo interno a través de la asignación de divisas para la importación. Esta medida de endeudamiento que reposaba sobre los altos precios del petróleo, se edificó sobre el imaginario de una grandeza y una solidez económica y financiera ficticias, la cual halló su fundamento en la idea de que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo y que con los precios internacionales del barril orbitando en torno a los 100$, el país terminaría teniendo suficientes recursos financieros para solventar sus deudas.

Muy lamentablemente hoy la realidad es otra. luego de más de tres años de precios internacionales del petróleo promediando 35$/b, la economía venezolana sufrirá una recesión del 12% en 2017 ( cifra según el FMI), la cual combinada con una hiperinflación sin precedentes de 1134%, según FMI, horadan profunda y trágicamente la vida económica y social de la población venezolana.

A pesar de la retórica macartista difundida por los medios de comunicación internacionales, la política económica desplegada durante el periodo de Chávez (1999-2013) no fue nunca ni socialista, ni comunista. Si fue en cambio una política económica de tipo capitalista y reformista basada en presupuestos keynesianos de intervención y de regulación estatal del mercado. Es innegable que los altos precios del petróleo con los cuales Venezuela contó durante la década del 2000, le permitió al gobierno del presidente Chávez redistribuir la renta petrolera de una manera mas equitativa que en periodos anteriores. Pero también es cierto que esto se hizo a través de una política de inversión social que contribuyó al crecimiento de la demanda interna y al aumento de las importaciones. Tales medidas se acompañaron de un control de cambio y de precios que hicieron del Estado un interventor de la economía domestica y un regulador del intercambio comercial internacional, al mismo tiempo que se llevó a cabo un plan de nacionalizaciones y de expropiaciones parciales de activos que se consideraron estratégicos para la nación. Todas estas medidas contribuyeron indudablemente a fortalecer la creación de un capitalismo de estado que a la vez que captaba enormes masas de capital provenientes de la renta petrolera, reaccionaba contraciclicamente ante los vaivenes de la economía venezolana. No obstante, el despliegue de este tipo de políticas públicas dista mucho de la construcción de un "estado socialista", si por "socialismo" entendemos, por supuesto, la significación que se le dio a esta palabra durante la primera mitad del siglo pasado, a saber la que supone la abolición de la propiedad privada y el control absoluto de los asuntos económicos de una sociedad por parte del Estado.

A decir verdad, la política económica del periodo Chávez buscaba la creación de un estado de bienestar que garantizara seguridad social y empleo a toda la población venezolana. Esto se logró parcialmente convirtiendo al proletariado (obreros, campesinos, empleados públicos, amas de casa, etc) en consumidores. Es decir integrándolos al circuito productivo capitalista, convirtiéndolos en mano de obra que luego sería explotada material e ideológicamente (a través de la creación de redes patrimonialistas y clientelares), pero garantizándole beneficios sociales a través de las misiones sociales.

Hoy la situación es dramáticamente distinta. Pues cuando el Estado venezolano comenzó a experimentar dificultades para financiar el sistema de bienestar que había diseñado en base a una visión económica ficticia, este trasladó sus necesidades financieras al campo de lo social, lo cual ha implicado la implementación de estrategias económicas que podríamos llamar de "choque", de acuerdo con la definición operada por Noemí Klein en su famoso libro The Shock Doctrine. Se trata pues de medidas que buscan crear las condiciones económicas y sociales propicias (altos índices de inflación, hambre, pauperización social, disfuncionamiento de los servicios públicos, etc) para la ineluctable puesta en marcha de planes neoliberales de ajuste económico diseñados por el FMI y el Banco Mundial.

Entre estas medidas de desastre económico caben destacar, por un lado, la disminución drástica y sin precedentes de las importaciones de insumos básicos como medicinas y alimentos, lo cual ha afectado profundamente los derechos económicos y sociales de la población venezolana. Esta situación adquiere trágicas dimensiones en el caso del sector salud y muy especialmente en el caso de las medicinas, dado que la caída abrupta en las importaciones de insumos químicos y farmacéuticos ha afectado la producción nacional de medicamentos y de materiales quirúrgicos, dejando a la población desprovista de medicinas que le garanticen el derecho básico a la vida. Lo mismo sucede en el sector de alimentos, sector en el cual tanto la escasez de insumos básicos, como la inflación, someten a la población a una profunda y alarmante condición de hambre y de precariedad. Aunque en Venezuela no sean llamadas por su nombre, tales medidas son medidas de choque y de austeridad económica implementadas en otros momentos y circunstancias históricas para luego justificar los planes neoliberales de "saneamiento y ajuste".

A esto habría que añadirle que el actual gobierno venezolano ha establecido desde 2015 un nuevo plan de desarrollo económico (los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana) que algunos expertos venezolanos han denunciado como de "nueva ola de acumulación por desposesión", ya que se trata de la implementación de políticas de explotación y expropiación de recursos naturales de tipo "extractivitas", las cuales buscan compensar la escasez de divisas provenientes de la exportación del petróleo, a través de la explotación indiscriminada de los recursos mineros, forestales, así como de la biodiversidad del país. La implementación de las "zonas económicas especiales" (copiados del modelo chino), aunado a la explotación de los recursos petrolíferos y mineros de la franja norte del Orinoco parecen ser las únicas vías diseñadas por el gobierno nacional para sacar al país del atolladero económico y financiero en el cual se encuentra sumido en la actualidad. Habría que añadir que estos megaproyectos de explotación son llevados a cabo por el capital transnacional en una superficie de más de 142 mil metros cuadrados, en los cuales se proyecta extraer el patrimonio y las riquezas naturales de la nación favoreciendo, una vez más, al capital financiero transnacional.

Tales políticas no ayudan al desarrollo económico del país, sino por el contrario, lo hunden cada vez más en la dependencia y en la primarización de la economía, a través de la explotación y exportación de materias primas que le garanticen al capital transnacional una espectacular acumulación de riquezas, al mismo tiempo que el control de vastos territorios ricos en recursos naturales. A cambio, Venezuela habrá obtenido no solamente la expropiación de sus recursos naturales con las funestas consecuencias sociales y ambientales que ya conocemos a través de la explotación petrolera, sino también una economía nacional cada vez más dependiente de los vaivenes de la demanda y de los precios de las materias primas en el mercado internacional.

Todo esto nos permite afirmar que si la era Chávez estuvo marcada por una política económica de captación y de redistribución de la renta petrolera, lo cual se logró a través del despliegue de políticas económicas de tipo keynesiano que le permitieron a la población el acceso a beneficios sociales, así como a la democratización del consumo; el periodo que le ha sucedido (2013-2017) marca el comienzo de la implementación de políticas económicas de "ajuste estructural disimulado", que buscan crear las condiciones de caos económico, social y político que luego justifiquen la implementación de medidas de restructuración y de saneamiento económico de carácter neoliberal.

¿Cómo explicar de otra manera la acelerada precarización de bienes y servicios básicos necesarios para la vida como lo son las medicinas y los alimentos, así como la creciente pauperización de la población y la explotación indiscriminada de recursos naturales, sino a través de medidas económicas de choque, ya experimentadas en Argentina, Grecia o Ucrania en años anteriores?

Noemi Klein ha demostrado que la implementación de políticas de ajuste económico no siempre ha adquirido la misma forma en todos los lugares donde se han empleado. No obstante, la creación de condiciones de desastre, caos o disfuncionamiento sistémico de la economía es una constante que ha permitido imponer por la vía de la desorientación y el desasosiego medidas que en condiciones "normales", la población no hubiese tolerado ni admitido. Utilizando la premisa según la cual la finalidad es la misma, pero los métodos son distintos, la maquina de guerra del capitalismo ha sabido metamorfosearse tanto geográfica como históricamente para insertar nuevos mercados en el circuito global e irrestricto de capitales y mercancías. Tal fue el caso de la Chile de Allende, del Irak pos-Hussein y de la crisis de la deuda griega. Lamentablemente tal parece ser también el caso venezolano. La única diferencia es que estas medidas de choque han sido implementadas en el marco de una creciente retórica de confrontación contra los EEUU y en menor medida contra Europa, sin que por lo tanto esto afecte negativamente los términos del intercambio económico y de la inversión directa extranjera de estos países en Venezuela. Prueba de ello es que tanto en la Faja Petrolífera del Orinoco como en el Arco minero, participan innumerables empresas multinacionales, tales como Chevron (EEUU), Total(Francia), Statoil(Noruega) o Gold Reserve(Canada), las cuales gozan de un "régimen especial de inversiones" implementado durante el gobierno de Maduro, que comprende desde el despliegue de medidas para el "estimulo a las inversiones" en la zonas económicas especiales, hasta la creación de tasas de cambio preferenciales para las empresas internacionales de petróleo.

¿Cómo se explica esta escalada retórica a nivel político y que a nivel económico las transacciones tengan lugar as business as usual?

La repuesta esta del lado de la política de nuestro tiempo, cuyo nombre es populismo.

El reciente auge del populismo -de derecha o de izquierda- en varios países del mundo – muy especialmente en EEUU con la llegada de Trump a la presidencia - parece haber despertado el interés intelectual por parte de pensadores y analistas políticos. Aunque este tema no es objeto de discusión en el marco del presente articulo, creo que es necesario destacar que, muy a pesar de que la mayoría de los detractores del populismo provengan de intelectuales liberales, es decir de aquellos que ven en él una grave amenaza para el futuro de la democracia representativa, la plasticidad y heterogeneidad del populismo permite que este tipo de discurso se adapte a las diversas corrientes y circunstancias políticas existentes. De esta manera y muy a pesar de la retórica incendiaria que pueda emplear el discurso de Trump en EEUU, de Erogan en Turquía o de Victor Orvan en Hungría, raras veces sus políticas van en contra de los intereses del capital transnacional.

Las políticas económicas llevadas a cabo por Maduro en Venezuela desde el 2013 parecen inscribirse en este registro y aunque las recientes sanciones financieras en contra de PDVSA induzcan a pensar lo contrario, la administración de Trump no ha sido sorda ante las demandas de los industriales del sector energético que poseen inversiones en Venezuela o que comercian crudo y destilados venezolanos. Esto explica porque las sanciones han sido selectivas y limitadas al sector financiero, especialmente a las transacciones con bonos ya existentes de la deuda de PDVSA -de los cuales ya hablamos más arriba -y a la repatriación de los dividendos de Citgo (el complejo de refinerías que posee PDVSA en la costa del Golfo de los EEUU) y no han sido extendidas al comercio bilateral de bienes y servicios, dentro del cual obviamente el petróleo ocupa una importancia capital. Aquí como en otros aspectos de la vida política y económica del país, la realidad suele ser simulada o disimulada por las matrices de opinión pública, dependiendo del plus valor político que se le quiera extraer.

Sea como sea, la realidad económica de Venezuela parece enrumbarse hacia una situación cada vez más entrópica, en la cual las soluciones ofrecidas hasta ahora por el gobierno se han evidenciado estériles y contraindicativas. Nada justifica que Venezuela posea los peores indicadores macroeconómicos de toda América Latina. Ningún país miembro de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) -incluida Cuba quien sufre un bloqueo económico desde hace más de cuarenta años- presenta el deterioro económico y social que presenta Venezuela actualmente. Peor aun, los logros en materia social que se conquistaron durante las dos décadas precedentes hoy se han visto hondamente horadados, tal como lo muestra los últimos indicadores en materia de desnutrición y mortalidad infantil.

La solución a la crisis no se encuentra sin embargo, del lado de una sesuda y todo poderosa elite tecnocrática capaz de resolver con un golpe de magia, los terribles problemas económicos que afectan a todos los venezolanos. Esta alternativa, cara a los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quienes miran con encanto las políticas del FMI y del Banco Mundial, ya fue experimentada en Venezuela durante la década de los 90 dejando como saldo altos índices de pobreza, de hambre y de desinversión económica y social. Una vuelta al modelo neoliberal experimentado en aquel entonces no haría más que agravar la actual crisis económica y social, cuyas consecuencias, como es de costumbre, las padecen los más desfavorecidos.

Por otro lado y como he intentado demostrarlo mas arriba, es inverosímil que las soluciones que puedan emerger del gobierno de Maduro representen una alternativa sostenible. La recientemente elegida Asamblea Nacional Constituyente, la cual posee facultades "soberanas" y "plenipotenciarias", no parece legislar en asuntos económicos sino es bajo el mandato y la tutoría del Jefe del Ejecutivo, quien el pasado 7 de septiembre entregó para su aprobación y promulgación ocho leyes que deberían tener un impacto en el sector económico, muy particularmente en torno a la creación de un nuevo régimen para los inversionistas y un nuevo régimen tributario para el desarrollo del Arco Minero del Orinoco. ¿Cuáles son las características de ese nuevo régimen y cuales serán los beneficios económicos y sociales para la nación, única propietaria de los recursos naturales de Venezuela?

Creo que frente a estas dos visiones económicas, Venezuela se debate entre lo malo y lo peor, sin que por tanto se hayan escuchado todas las voces que tienen algo que decir al respecto. Entre estas voces se encuentran aquellos que desde hace varios años exigen la realización de una auditoria ciudadana de la deuda con vistas a determinar cual deuda es legitima y cual no. Lamentablemente este tipo de propuestas no tienen resonancia ni en la ANC ni en las autoridades del alto gobierno bolivariano. Estimo que ha llegado la hora de escuchar y hacer efectiva estas propuestas. Esto arrojaría un poco de luz al manejo tan poco transparente que se le ha dado a la gestión de la finanzas públicas en Venezuela y muy particularmente, al servicio de la deuda externa. Por otro lado, esto podría permitir que en el corto plazo se asignen recursos para la importación de medicinas y alimentos y con ello solventar parcialmente la grave crisis humanitaria que atraviesa el país, en lugar de destinar dichos recursos al pago de la deuda.

Por último, creo que la nueva política económica venezolana debe ser el resultado de un gran debate nacional sobre las prioridades y las alternativas que se presentan al país a corto, mediano y largo plazo. No es el momento para sucumbir ni a la inoperancia de una ortodoxia vanguardista, ni al radicalismo infantil.

Los tiempos apremian y el futuro de Venezuela dependerá indudablemente de decisiones audaces y acertadas que le garanticen a las generaciones futuras un porvenir de equidad y de libertad , al mismo tiempo que un desarrollo que le permita preservar su biodiversidad y su patrimonio étnico y cultural.

 

leninbandres@gmail.com



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