7 mayo 2018 - Este sábado, después de tres días de espera por parte de la organización campesina en lucha por el rescate de tierras, llegó la comisión interinstitucional encargada de inspeccionar el estado del fundo La Victoria (642 hectáreas) ubicado en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, en la franja territorial conocida como Sur del Lago.

Según informan integrantes de la cooperativa campesina “El Capital”, la comisión contó con la presencia de Luis Soteldo, presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTi), junto con las constituyentes María Alejandra Díaz – quien integra la comisión encargada de investigar la reciente ola de desalojos campesinos – y Emma Ortega, vocera por el sector campesino.

“Presumimos, por lo que el presidente del Inti nos dijo el día de la inspección, que va a haber un rescate parcial del fundo, aunque no nos han confirmado nada todavía” afirman, desde la Cooperativa campesina “El Capital”, que según informan sus integrantes, está compuesta por 200 familias.

El del predio la Victoria es uno de los muchos casos de rescate de tierras cuya dilación administrativa y legal ha generado hostigamiento, desalojo y judicialización de la comunidad campesina que lo había puesto a producir. “Este fundo tenía ya varios años improductivo, cuando en 2013 se hizo la denuncia de tierra ociosa. Sus supuestos dueños al parecer lo utilizaban para pedir créditos al Estado, pero sin producir nada” relatan.

En 2014 se empezó entonces el procedimiento de rescate, el cual sin embargo nunca se llegó a concluir. Debido a las dificultades y conflictos que parecía enfrentar ese proceso, en 2016 las familias que allí estaban cultivando aceptaron salir del predio, como condición para su regularización.

Sin embargo, pasaron los meses sin que eso se materializara. A finales de 2016, decidieron entonces volver a ingresar al fundo -cuyas tierras seguían ociosas- y ponerlo a producir. El contexto de la guerra económica librada contra la revolución bolivariana y la necesidad de generar alimentos fue sin duda uno de los motores que impulsaron esa decisión. Sembraron entonces maíz, arroz y plátano.

Pero en noviembre de 2017 la comunidad campesina es desalojada de forma violenta. Todas las siembras fueron destruidas por el destacamento 115 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según atestiguan las y los integrantes de la cooperativa.

También fueron arrestados y judicializados 34 campesinos de la organización, incluidos dos menores de edad. Algunos de ellos estuvieron detenidos por 4 meses por parte de la Fiscalía 16 de la zona Sur del Lago.

El caso del predio La Victoria no es una excepción: el hostigamiento, atropello, judicialización de las comunidades campesinas, junto con la criminalización de las luchas contra el latifundio, son factores que se han incrementado en los últimos dos años. Detrás: los intereses económicos de viejos y nuevos latifundistas, en cuyo favor han jugado procedimientos legales y administrativos de rescate no culminados, así como la connivencia de algunos funcionarios y miembros de las fuerzas públicas.

La gravedad de la situación ha requerido la intervención directa del Presidenta de la República, Nicolás Maduro, quien el pasado 9 de abril se pronunció firmemente en contra de los desalojos y atropellos, ratificando su apoyo al movimiento campesino. “¡No quiero terratenientes, corruptos ni cómplices de latifundistas en el gobierno bolivariano!” expresó, pidiendo a la Asamblea Constituyente instaurar una comisión especial que investigue los hechos.

A raíz de eso, diferentes comunidades campesinas del País que habían sido afectadas, tomaron la iniciativa de exigir al INTi que se retomen los casos inconclusos de rescate de tierras y acordando un cronograma de inspecciones para llevar a cabo esos procesos en los casos que se declaren procedentes.

Si inicialmente se había planteado la inspección de una decena de casos a nivel nacional, pronto hubo que darse cuenta que esa era sólo la punta de un iceberg: para ejemplificar, nada más en el estado Portuguesa habrían alrededor de 40 casos de rescates sin concluir, tanto que requirieron una nueva programación de inspecciones, según relata uno de los voceros del Consejo Presidencial Campesino de esa entidad, José Lucena.

El procedimiento de rescate de tierras ociosas, según estipulado en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aprobada por el Comandante Chávez en 2001 por vía habilitante, requiere una inspección del predio, un análisis técnico, político y social y el estudio de los extremos legales, es decir de la cadena titulativa de las tierras, para poder definir la procedencia o meno del rescate.

Vale la pena recordar también que, en la mayoría de los casos de denuncia de tierras ociosas presentados ante el INTi en todos estos años de revolución, se ha llegado a descubrir que las tierras no son de quienes se nombraban como sus dueños. De ahí que mientras no se compruebe la titularidad, se tenga que hablar de “supuestos dueños”.

En el caso del fundo la Victoria, inicialmente se indicaba como dueña a la señora María Auxiliadora Bracho de Muchacho, progenitora de Ramón Muchacho, ex alcalde del municipio de Chacao en Caracas y prófugo de la justicia venezolana. Sin embargo, en los últimos documentos el predio – que sigue siendo improductivo - figura como propiedad de otros supuestos dueños, quienes la organización campesina vincula a personalidades políticas del estado Zulia.

Mientras esperan el resultado del procedimiento de rescate, las campesinas y campesinos de la cooperativa “El Capital” reafirman su compromiso con la Revolución Bolivariana: “queremos que el Presidente Maduro sepa que cuenta con las masas campesinas, que estamos comprometidas con la Revolución” afirman. De cara a las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, acotan: “queremos demostrarle al mundo que Venezuela es libre e independiente”, mientras al País piden “respeto para las luchas campesinas. Que se le dé su respuesta, para que podamos producir”.