Gonzalo Gómez, integrante del equipo de Aporrea.org, miembro de la ANMCLA y de la Fuerza Socialista de profesionales y Técnicos, expresó que así como la Asamblea Nacional se niega a acatar la modificación del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta por el TSJ e instaló en comisión permanente para analizar el caso, además de solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia toda la documentación relativa a dicha sentencia, debería mostrar mayor sensibilidad frente a sentencias del Tribunal que afectan los derechos colectivos y difusos del pueblo, dejando en la impunidad gravísimas violaciones cometidas por las televisoras privadas.
El TSJ acaba de emitir una sentencia en la que "comete el exhabrupto doctrinal" de tratar los derechos humanos como algo que puede ser desistido o declinado, al revocar otra sentencia suya en la que acumulaba varias causas judiciales dirigidas contra las televisoras golpistas por violación de derechos humanos, entre ellos el de libre expresión e información, cometida de manera persistente, pero de manera especial en torno a los hechos del 11 de abril de 2002, el paro-sabotaje petrolero y las llamadas "guarimbas" -explicó Gómez.
Le "llama la atención que un conflicto de competencias relacionado con la materia impositiva escandalice y movilice a los parlamentarios mientras dejan pasar, omiten o ignoran otras situaciones que incluso podrían considerarse como mucho más preocupantes, donde las organizaciones sociales que intentan defender los derechos del pueblo ante la justicia son burladas y toreadas con leguleyismo y maniobras dilatorias, frente algo que recquiere una respuesta tan inmediata como un Amparo". "Con esto no estoy opinando sobre el conflicto entre la AN y el TSJ, específicamente", agregó.
Varias organizaciones sociales, encabezadas actualmente por el Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, introdujeron un Recurso de Amparo contra los dueños de Globovisión por violación de derechos humanos y otros recursos judiciales contra los demás medios golpistas. Después de haber admitido el recurso y de haber acumulado las causas contra los distintos medios -prosiguió Gómez- el TSJ decidió dejar sin efecto dicha acumulación y con eso se cerró el paso a la posibilidad de enjuiciar a los dueños de RCTV y de las otras plantas televisoras por las violaciones de derechos cometidas durante las sucesivas jornadas golpistas de las que fueron conductor e instrumento fundamental. Gómez es adherente, junto con voceros de varias organizaciones sociales, de estas iniciativas de acción legal y afirma que "en lugar de estimular que el pueblo acuda a las instancias encargadas de impartir justicia, lo que hacen estas instituciones es reafirmar nuestra desconfianza y convicción de que el nuevo modelo socialista las debe demoler y abrirle paso al Poder Popular".
"Ahora sólo nos queda el juicio contra Globovisión por violación de derechos humanos, si es que se dignan a convocar la Audiencia, porque sacaron del juego a RCTV y a otros canales, y encima multaron a los accionantes, a los cuales señalan de haber desistido y hacerlos perder tiempo, porque la Sala Constitucional dice que los abogados dejaron de hacer las diligencias y mostraron desinterés"... Pero resulta que, según Gómez, los abogados le mostraron los escritos diligenciados, con sello y firma de recepción, pero estos, por lo visto no aparecen en los expedientes. "No soy abogado, pero consulto con abogados revolucionarios como los del FNAB y el equipo que lleva los casos de las Víctimas del 11 de Abril y de Yumare, así con defensores de derechos humanos, a quienes apoyo desde hace tiempo desde el punto de vista comunicacional, y el TSJ no puede venir a argumentar que nosotros declinamos y aunque así lo hiciéramos, los derechos humanos no pueden ser renunciados; es obligación del TSJ y de la Fiscalía celar por ellos por encima de cualquier otra cosa".
"Esto es algo que la Asamblea Nacional debiera revisar, mostrar interés en una acción que viene de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, que además contribuye a avalar la decisión presidencial respecto a la señal de RCTV, que reforzaría su piso jurídico y contribuye a combatir el chantaje internacional de los medios privados y la SIP de que supuestamente aquí el gobierno atropella la libertad de expresión, cuando resulta que somos nosotros los ciudadanos los que estamos clamando porque el Estado asuma nuestra defensa, ya que nos han mantenido indefensos jurídicamente, aunque movilizados como pueblo en lucha, mientras los medios capitalistas violaban reiterativamente la Constitución, atacaban nuestras libertades democráticas, instigaban la violencia fascista del golpismo contra el pueblo, que no fue pura propaganda sino que costó muertos...". Dice G. Gómez que "también tenemos en nuestras manos copias de las cartas dirigidas a la AN y a su Comisión de Medios, cuando el TSJ admitió uno de los recursos, donde les pedíamos desarrollar el debate parlamentario sobre esto y respaldar a los ciudadanos en esto".
Por consiguiente, Gómez plantea que "así como los diputados Escarrá y Roberto Hernández hablan por la AN sobre la revisión e investigación de posibles violaciones con sentencias en las que se considera que se violan las competencias de la Asamblea Nacional, les llamamos a investigar también sentencias emitidas frente a las solicitudes populares; es decir, las respuestas del TSJ a quienes somos parte de ese Poder Popular cuya Explosión se quiere propulsar para hacer posible el socialismo, y entonces, les llamamos a establecer también en este caso las responsabilidades a que hubiere lugar, porque esto también es competencia de la AN”.
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La impunidad de fiesta y los derechos maltrechos
Fecha de publicación:12-03-2007