La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió acumular en una sola causa las acciones judiciales de amparo presentadas por varias organizaciones civiles contra los propietarios de las plantas televisivas GLOBOVISIÓN, RCTV, VENEVISIÓN y TELEVEN, así como contra los programas El Observador, El Informador, El Noticiero TELEVEN, La Entrevista, 30 Minutos, Titulares de Mañana, Grado 33 y Noticias Globovisión.
A la Sala Constitucional le han sido presentados escritos contra estos medios por la presunta violación de los derechos constitucionales a la democracia, a la igualdad, al pluralismo político, a la formación ciudadana, a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación plural, a la información libre y sin censura ya la información veraz e imparcial, así como por violación de derechos humanos (producto de las acciones supuestamente auspiciadas por los medios a través de sus mensajes y programaciones).
Uno de los recursos contra los canales privados fue introducido hace tiempo, en octubre de 2002, por el Foro Constitución y Paz, Emergencia Patriótica 333, Guardianes de la Luz, Movimiento por la Paz y el Desarrollo Social y la Coordinadora Popular de Caracas.
Posteriormente, otro de los recursos, específicamente dirigido contra Globovisión, por violación de derechos humanos, fue presentado por varias de las mismas organizaciones, así como por la Asociación Bolivariana de Abogados con la Constitción, la Fundación Centro de Formación Forjadores de la Patria, la Asociación Civil Organización para la Acción Social para la Comunidad y la A.C. Frente Revolucionario de Reservistas.
Actualmente los accionantes se encuentran asistidos por profesionales del derecho agrupados en el Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, movimiento gremial encabezado por el abogado Julio Lattan.
Hoy estas iniciativas son respaldadas por la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos (ANMCLA) de la cual forma parte Aporrea.org, por dirigentes sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), por el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ) y otros movimientos sociales coordinados en la campaña “Por Todas Nuestras Luchas”, tal como lo han resuelto recientes plenarios de trabajadores y el V Encuentro Nacional de ANMCLA. Durante el último Foro Social Mundial efectuado en Caracas, se llevó a cabo una asamblea popular televisada en vivo, dentro del auditorio de Catia TV, con la participación de unos doscientos activistas de organizaciones populares, medios alternativos y participantes del FSM venezolanos y extranjeros, que manifestaron su disposición de apoyar nacional e internacionalmente una campaña contra el “psicoterrorismo mediático violador de derechos humanos” que caracteriza la conducta de los medios capitalistas de comunicación en nuestro país.
Las delegaciones parlamentarias de los partidos representados en la Asamblea Nacional fueron notificadas de los recursos interpuestos ante el TSJ, así como la Comisión de Medios del parlamento, hace algo más de un mes y los demandantes están a la espera de sus respectivos pronunciamientos. Consideran obligación de los diputados dar apoyo a iniciativas de las organizaciones sociales en defensa de los derechos colectivos y difusos de los ciudadanos, que denuncian son violados constantemente por estos medios privados de manipulación informativa.
La ofensiva antipopular y antidemocrática de los medios corporativos cobró especial relevancia durante las jornadas golpistas de abril del año 2002, hecho en los que estuvieron clara y hasta confesamente comprometidos, así como durante el sabotaje petrolero 2002-2003 y durante las llamadas “guarimbas”, con la consecuente violación de por lo menos veinticinco artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (de acuerdo con el contenido de las demandas).
Los accionantes aseguran que las violaciones continúan y así lo muestran otros más recientes episodios que dan cuenta de la recurrencia de tales prácticas lesivas a la libertad de información y expresión del pueblo.
Las causas han quedado acumuladas a la causa sustanciada en el expediente Nº 2040615 –nomenclatura de la Sala Constiucional- y la información relacionada puede ser ubicada en el sitio Web del TSJ ( www.tsj.gov.ve ). Ahora se está a la espera de que sea convocada la audiencia oral del juicio y las organizaciones sociales están prestas a acompañar la acción judicial con la movilización combativa del poder popular contra el poder mediático del capital.
Todo esto no es más que parte del camino hacia el objetivo final de esta lucha, que es el establecimiento de un sistema público nacional de comunicaciones en manos de las comunidades, los trabajadores y las organizaciones sociales; es decir, la socialización del espacio radioeléctrico, logro que pasa por el retiro de las concesiones sobre el espacio radioeléctrico de la nación a los que acaparan para una minoría el dominio de las ondas que surcan el aire del mismo modo que los latifundistas acaparan la tierra: en este caso a los golpistas contrarrevolucionarios violadores de los derechos humanos y democráticos. Esto es lo que debe significar, en términos de comunicación social, el Socialismo del Siglo XXI que el pueblo Venezolano aspira a construir.
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