Colombia: CIDH confirma uso excesivo de fuerza letal contra manifestantes

08.07.21 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer la respuesta “desproporcionada” y “letal” de las fuerzas estatales de Colombia frente a las protestas que estallaron el 28 de abril contra el gobierno, luego de una visita extraordinaria al país.

Así lo determinó la CIDH en el informe presentado este miércoles sobre la visita que representantes de ese organismo hicieron en junio pasado al país, para revisar numerosas denuncias de violencia policial y civil que dejó decenas de muertos y miles de heridos durante las manifestaciones.

“La Comisión Interamericana recibió información sobre el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, con base en la discriminación étnico-racial, contra periodistas, contra misiones médicas; irregularidad en los traslados por protección, denuncias de desaparición, el uso de la asistencia militar de manera inadecuada”, resumió la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, en una rueda de prensa.

El documento presentado hoy, que contiene 40 recomendaciones al Estado colombiano, recoge múltiples hechos de violencia especialmente contra el derecho a la vida y la integridad personal, y en él advierte sobre la disparidad en las cifras de víctimas mortales, que según dijo Urrejola, la sociedad civil eleva a 84 personas.

Colombia es un país en el que el respeto a los derechos humanos está en tela de juicio desde hace décadas. Sobre todo, en lo demostrado durante los gobiernos de Álvaro Uribe en los que surgió la práctica de los “falsos positivos”, por los que se ha imputado a diez militares y un civil por el asesinato de al menos 120 personas.

Pero en las protestas contra el Gobierno de Duque, la violación a los derechos fundamentales sigue ocurriendo de manera continuada.

La CIDH manifestó su preocupación por el alto número de denuncias de desaparición durante las manifestaciones en las que fueron detenidas más de 7.000 personas a través de la figura del traslado por protección.

En ese sentido, el informe recopila graves testimonios por “tratos crueles, inhumanos y degradantes que podrían configurar tortura” y que habrían ocurrido durante esas detenciones.

La CIDH también recibió información de la Defensoría del Pueblo según la cual hubo 112 hechos de violencia basada en género y orientación sexual por parte de la fuerza pública, así como ataques sexuales contra mujeres, entre las que aparecen una policía y una periodista.

“Para la CIDH, la violencia de género perpetrada por agentes del Estado es un mecanismo de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI”, agregó Urrejola.

La Comisión destacó las denuncias de violencia contra periodistas y medios de comunicación y de limitaciones a su labor informativa, así como agresiones a misiones médicas que pusieron en riesgo al personal de salud y manifestantes heridos.

Por esas violaciones, recomendó al Estado colombiano separar a la Policía y a su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) del Ministerio de Defensa para “garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos”, evitando así cualquier perspectiva militar.

Separar Policía de Mindefensa

Una de las principales recomendaciones que hace la CIDH a Colombia es separar a la Policía Nacional y al ESMAD de la estructura del Ministerio de Defensa. Eso con el propósito de "garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos, y no bajo una perspectiva militar".

El presidente Iván Duque respondió en declaraciones a medios que nadie puede recomendar a un país ser tolerante con la criminalidad y anunció que la Policía seguirá siendo parte del Ministerio de Defensa porque así es como mantiene una coordinación con todas las fuerzas y puede cumplir labores humanitarias y de protección.

Por su parte, la Cancillería de Colombia informó que el Gobierno coincide con algunas de las observaciones de la CIDH, pero se aparta de otras como la instalación de un mecanismo especial de seguimiento a los derechos humanos en el país, porque el Estado “cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos”.

Con información de agencias.



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