08-03-21.-El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció otro balance con respecto a las actuaciones judiciales en el país, destacando «No es el deber ser que existan limbos jurídicos. Deben existir procesos judiciales completos».

Saab indicó que desde su llegada al MP, se han contabilizado 60.132 condenas en las distintas áreas en que trabajan los fiscales, a quienes felicitó como lo hizo al presentar la memoria y cuenta la semana pasada ante la Asamblea Nacional.

En su recuento, destacó como primer caso los actos de corrupción en Petrozamora.

En este hecho, «un grupo de 12 acusados se acogieron a la admisión de los hechos, siendo condenados el 28 de febrero. Los detenidos de nombres: Juan Carlos Barreto, César Varela, Héctor Roque y Juan Carrillo, recibieron una pena de 9 años de prisión, por los delitos de daños a la industria petrolera con siniestro y agavillamiento. También se le condenó por obstrucción de la libertad del comercio de la industria petrolera y peculado doloso», precisó el Fiscal.

Mientras que Eulogio del Pino, Orlando Chacín, Gustavo Malavé, Henry Sánchez y Adolfo Torres, acotó que por no admitir los hechos les fue decretado el pase a juicio oral y público.

Caso Cadivi

Por su parte Tarek William Saab, señaló que fue sentenciado el exgerente de importaciones y seguimiento a las exportaciones de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Francisco Navas Lugo, por cobrar comisiones a las empresas para la liquidación de divisas. Al hombre lo condenaron a 7 años y 8 meses de prisión por los delitos de obtención ilegal de divisas y enriquecimiento ilícito.

Homicidios, los más graves

Entre los casos de delitos comunes, los más graves se refieren a los homicidios. Muchas veces pasan desapercibidos, pero para los familiares de las víctimas son un asunto dramático y trascendental

Es por ello que el Fiscal mencionó la sentencia dictada por el Tribunal 4º de Juicio de Barinas, contra Luis Alberto Jiménez Araujo, quien fue condenado a cumplir 24 años de prisión, por la comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil, en grado de autor, y ocultamiento de arma de fuego.

Dicho condenado fue el ejecutor del homicidio de Luis Rafael Lara García, ocurrido el 21 de septiembre del 2014, cuando la víctima se encontraba realizando compras con su esposa e hijos dentro de las instalaciones del Mercado Bicentenario de Barinas.

«Quiero referirme también a dos condenas recientes en casos de tráfico de drogas. En Venezuela el tráfico de drogas es un delito con las penas más altas, debido a que es considerado por la jurisprudencia como un delito de lesa humanidad»

El pasado 18 de febrero, fue condenado José Gregorio Carreño, tras admitir su participación en el tráfico de 472,6 kilogramos de cocaína, los cuales le fueron incautados el 3 de agosto del 2015, en el municipio Boconó del Estado Trujillo, mientras transportaba la droga oculta en un camión. «Vale señalar que este ciudadano además usaba un documento falso a nombre de otra persona».

A Carreño se le sentenció a cumplir 24 años de prisión por tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, bajo la modalidad de transporte; asociación; uso de documento falso; usurpación de identidad, y legitimación de capitales

Por otro lado, el 25-F, fueron condenados Víctor Lenín Oviedo Flores y Ramón Breto Román, quienes se acogieron al procedimiento especial por admisión de hechos, siendo condenados a cumplir la pena de 18 años de prisión. Ambos fueron detenidos por funcionarios de la GNB, en Quebradón estado Mérida, tras encontrarles un cargamento de 118,7 kilogramos de cocaína, en el vehículo que manejaban.

«Queremos mencionar la condena a 4 años, 1 mes y 4 días de prisión dictada este 1 de febrero, contra Renzo Rafael Ramírez, Junior Bravo y Aníbal Rojas por ejercicio ilegal de las actividades mineras», dijo Saab.

Para finalizar reiteró: «Queremos dar visibilidad la lucha metódica que culmina con condenas, para que no haya impunidad. Exhortamos a todo el sistema de justicia para que agilicemos los casos y evitemos el retardo procesal, que afecta al derecho humano de acceder a la justicia. No es el deber ser que existan limbos jurídicos. Deben existir procesos judiciales completos».