Enfermedades, hacinamiento, cobro de audiencias…

Detenidos pendientes de proceso esperan que se reactive la justicia en Anzoátegui con el reinicio del año judicial

"Palacio de Justicia"

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Familiares de presos, en cola a la entrada del centro de detención en Anzoátegui

Familiares de presos, en cola a la entrada del centro de detención en Anzoátegui

Tras la ceremonia de Apertura de Actividades Judiciales del Año 2021, procesados que se encuentran privados de libertad en centros de detención venezolanos, renuevan sus esperanzas de justicia. Muchos de ellos se encuentran a la espera de que se reanuden sus procesos judiciales, mientras se enfrentan a la pandemia del Covid-19, a las irregularidades carcelarias y a las roscas o mafias institucionales.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, en su discurso de apertura del año judicial, se refirió a lo que para él vendría siendo la implantación de un "nuevo modelo" que de acuerdo con su evaluación estaría "mejorando el acceso a la justicia" mediante la eliminación de la "carga burocrátrica" que en palabras del propio Magistrado "genera mecanismos de corrupción".

Precisamente, estos problemas los han venido sufriendo muchos ciudadanos y ciudadanas que no han podido disfrutar hasta ahora de ese mentado "nuevo modelo", como los detenidos a la espera de audiencias judiciales y realización de juicios en el Estado Anzoátegui, y particularmente de El Tigre, cuyas instituciones judiciales han mantenido paralizadas por muchos meses sus funciones, no se sabe bien por qué, mientras tribunales de otras regiones se encontraban activos.

Presos y detenidos a la espera de reanudación de sus retrasados procesos se han puesto en contacto de diversas maneras con este medio de comunicación popular (Aporrea) para manifestar sus quejas sobre el hacinamiento que les lleva a tener que dormir en el suelo, la falta de medidas de bio-seguridad, las deficiencias en la atención sanitaria y de salud, el cobro de cuotas de "protección" para no ser asesinados en las cárceles, o los pagos a fiscales y jueces para poder tener acceso a la realización de sus audiencias (las cuales no son convocadas o son diferidas a quienes no pagan), según sus persistentes denuncias. Se habla de "macollas" de fiscales y jueces, de redes delictivas de funcionarios que incluso ocultan pruebas de inocencia para alimentar sus negocios, multiplicando el sufrimiento humano de los detenidos y de sus familias. Las mafias judiciales tienen nombres y apellidos conocidos en el medio, donde parece faltar por completo la contraloría institucional y donde la contraloría ciudadana está vetada.

Aunque se habla de la agilización de operaciones a través de los mecanismos digitales, en el caso del Estado señalado, que tomamos como el "mal ejemplo", ni siquiera habrían sido escuchadas las solicitudes de la Defensoría del Pueblo, frente a los tribunales cerrados y los procedimientos tortuosos.

Frente a todo esto y ante el balance y los anuncios hechos por el presidente del TSJ, se mantienen la totalidad o al menos la mayoría de las demandas de justicia por parte de los afectados y afectadas:

- Dar curso a los procesos, activar las preliminares, audiencias y juicios, que cese la paralización judicial. Garantía del Debido Proceso, cumplimiento de las citas y de las audiencias previstas.

- Que el TSJ y la Magistratura se pronuncien y emitan órdenes expresas para que se cumpla con la activación tribunalicia y la eficiencia en el ejercicio de las competencias y funciones, bajo una supervisión estricta de los procedimientos, a fin de evitar la continuación de irregularidades y abusos, incluyendo la posible intervención de centros carcelarios y procedimientos especiales de emergencia.

- Pronunciamiento del Ministerio Público y del Fiscal General de la República por la parte que le corresponde, así como de la Defensoría del Pueblo, con arreglo a sus competencias y obligaciones constitucionales.

- Que la recién estrenada AN interpele a las autoridades judiciales, fiscales, de seguridad y carcelarias, respecto a las denuncias y reclamos de los privados de libertad y carentes del debido proceso.

- Garantía de atención médica adecuada y oportuna para todos los casos de problemas de salud y especialmente de Covid-19 en los centros de detención, con suministro de medicamentos y tratamientos u hospitalizaciones, cuando sean requeridas, jornadas diagnósticas para los presos, supervisión de la situación por los poderes del Estado y por las ONG y organizaciones de familiares, así como de Derechos Humanos.

-Reanudación de contactos y visitas de familiares a los presos dentro del marco de las medidas de bio-seguridad frente a la pandemia del Covid-19.

- Garantía de alimentación suficiente y adecuada, supervisión y auditoría del suministro alimentos en las cárceles y centros de detención, con acceso a la contraloría social por parte de los familiares de los privados de libertad o de quienes estén sujetos a situaciones de detención.

- Alto al comercio judicial y a la extorsión en la administración de justicia, vigilancia y seguimiento estricto de las actuaciones, con sanciones severas a los responsables de irregularidades, hechos de corrupción y otros delitos en el manejo de los asuntos judiciales.

- Cese de las violaciones de Derechos Humanos de los privados de libertad y detenidos en espera de juicio, supresión de todo tipo de torturas, tratos crueles y degradantes.

- Revisión de la situación de todos los casos a la luz del reconocimiento de la gravísima situación y de la necesidad de corrección de todas las situaciones de injusticia.

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21/09/20 - www.aporrea.org/ddhh/n358975.html



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