Residentes del conjunto urbanístico socialista Alí Primera en Barquisimeto denunciaron este sábado el desalojo arbitrario del cual están siendo víctimas en los últimos días por personal del Banco Nacional de Vivienda y Habitat (Banavih), quienes además llegan acompañados por efectivos del FAES como medida intimidatoria.

El conjunto residencial de 4.032 viviendas, localizado a 7 kilómetros de Barquisimeto, fue entregado por el gobierno nacional en el año 2014 garantizando la prestación de los servicios públicos adecuados, además de la instalación de una escuela Simoncito, un automercado y un servicio de transporte en la zona.

No obstante, -explicaron los vecinos- eso duró a medias cuatro años, y desde hace dos la situación empeoró. Desde el principio la dotación de agua fue limitada, y desde hace dos años hay fallas severas de servicio de gas y electricidad lo cual se ha agravado a raíz de la pandemia, así como el servicio de transporte público.

En el lugar, no se terminó de construir el supermercado, ni tampoco existen las instalaciones educacionales ofrecidas, motivo por el cual en los últimos meses muchas familias no pueden quedarse en sus viviendas todos los días sino que a veces se quedan en las casas de familiares en Barquisimeto a fin de poder ir al trabajo, realizar compras de alimentos y atender a los niños.

Esta situación generó controversias y denuncias entre algunos residentes y la realización de unas inspecciones por parte del Banavih para establecer si realmente los residentes habían abandonado su vivienda y supuestamente en ese caso, otorgárselo a otras personas.

La situación se agudiza porque la medida no fue anunciada oficialmente y el lunes se presentaron los funcionarios de la institución pública con efectivos del FAES, violentando las cerraduras de las viviendas motivo de inspección y desalojando sin derecho a defensa a los dueños.

La gente, la mayoría de los cuales no quieren dar sus nombres por miedo a represalias, señalan que ellos han pagado su vivienda y por lo tanto son los únicos dueños, pero ahora tienen miedo hasta de salir de sus casas porque pueden ser desalojados y al regresar encontrarse en la calle como a muchos les ha paso, dicen.

Se trata de una violación de derechos humanos, sostienen, pues les están eliminando el derecho a su vivienda a personas que ya habían sido adjudicadas y que llevaban años en la propiedad.

Otros denunciaron que muchos de los apartamentos desalojados son entregados a familiares de los funcionarios del banco y de los efectivos del FAES.

Natalie Crespo es una de las personas afectadas por la medida de desalojo, quedando en la calle con su hijo de 5 años, hasta el lunes cuando presuntamente la recibirán en la Banavih.

Crespo habló con El Universal y entregó un comunicado que elaboró para dejar constancia escrita y pública de su situación en donde explicó que el día 09 de octubre de este 2020 a las 11 de la mañana, sus vecinos la llamaron para avisarle que en la puerta de su apartamento se encontraban unos analistas funcionarios de la Misión Vivienda y efectivos del FAES y le dejaron una citación porque creían que no habitaba en su apartamento y se retiraron.

Dos horas después, las mismas personas regresaron, violentaron la cerradura e ingresaron a la vivienda sin presentar ninguna orden judicial. Yo -informó Crespo- regresé a las 4 de la tarde de mi trabajo y me di cuenta que habían cambiado la cerradura por lo que no pude entrar a mi casa.

El sábado acudí a las oficinas de Banavih y fui atendida por la abogado Arlennys Torrealba quien me dijo que me pondría a la orden del ministerio público por desacato porque le habían informado que yo había quitado la cerradura que pusieron en mi puerta los funcionarios de Banavih, y me desmintió cuando le informé que los funcionarios habían ingresado a mi vivienda y cambiado la cerradura.

“Me dijo que me atenderían y que esperara allí, pero esperé muchas horas y como nadie apareció, porque ese día no trabajaban, me dijeron después que me fuera y volviera el lunes con todos mis recaudos”.

Aclaró la afectada que era adjudicataria del Conjunto Socialista Alí Primera desde el año 2014, que vivía allí junto a su hijo. Señaló asimismo que existe una prohibición de desalojos en el país con motivo de la pandemia, pese a ello le dijeron que tenían que estudiar su caso para ver si la desalojaban de esa vivienda y se la adjudicaban a otra familia.

A las puertas de la sede de Banavih había una larga cola de personas que al ser consultadas por El Universal, informaron que eran desalojados del Alí Primera y que no estaban en sus viviendas cuando hicieron las inspecciones por estar en su trabajo, otros habían salido a comprar comida y otros atendiendo a familiares enfermos o haciendo cola en los bancos ya que se encontraban en la semana de flexibilización.

La mayoría están preocupados pues a la par de haber quedado en la calle, fueron citados para evaluar si les devuelven su propiedad, la cual la mayoría ya ha cancelado.

Según los funcionarios de la entidad oficial se trata de “ordenes de Caracas que están obligados a cumplir, y deben inspeccionar apartamento por apartamento”. Calificaron de arbitraria una medida de esta naturaleza sobre todo en las circunstancias que se viven en el país.

Explicaron que su ausencia relativa de algunas viviendas se debe a la ausencia total de servicios públicos, “no hay agua, gas y sufrimos diariamente más de 8 horas sin luz. No tenemos gasolina, por lo que movilizarse desde allá se hace difícil y el transporte público es demasiado escaso para la cantidad de gente y a veces muchos residentes se quedan varados en Barquisimeto porque ya no consiguen transporte que los regrese a sus casas”.

Consideran un abuso de autoridad realizar las inspecciones con efectivos del FAES como si los habitantes de los apartamentos fueran delincuentes.