Abog Luis Aguilera denuncia que el trabajador Rodney Álvarez lleva nueve años secuestrado por el Estado venezolano, quien a continuación ofrece el fundamento de dicha afirmación. Según su relato, Rodney Alvarez estaría pagando un crimen de otro ciudadano, quien habria cometido homicidio a la vista de una asamblea obrera en Ferrominera del Orinoco, en el estado Bolívar.

Expone Aguilera, en un texto recibido por Aporrea, que eL 11 de junio de 2011, el juzgado segundo de control , extensión Puerto Ordaz, a cargo de Carlos Oronó, realizó la audiencia de presentación del dirigente sindical de la empresa estatal "Ferrominera del Orinoco" Rodney Alvarez, a quien el Ministerio Público lo responsabilizó de la comisión del delito de homicidio intencional contra el trabajador de la misma empresa Renny Rojas, cuyo fallecimiento ocurrió el 9 del mismo mes en las inmediaciones de la empresa, como consecuencia de haber recibido una herida por arma de fuego, que según la defensa y el testimonio de numerosos testigos, fue "producida por el dirigente sindical de PSUV , Hector Maican, al momento de realizar la asamblea general de trabajadores con la finalidad de elegir la junta electoral que dirigiría los comicios electorales para la escogencia de la nueva junta directiva del sindicato de trabajadores (SINTRAFERROMINERA)".

Sin embargo, en esta misma fecha, el investigado Rodney Alvarez, quedó privado de libertad, recluido en la cárcel de Guaiparo del estado Bolívar. De acuerdo con el relato del abogado que atiende el caso, a partir de allí, los órganos de la administración de justicia habrían actuado en una misma línea contra este dirigente sindical, con "dos propósitos elementales: El primero sembrar el terror y el desánimo en la clase trabajadora venezolana opositora al gobierno, y el segundo propósito, coaccionar al procesado para que admitiera los hechos, por lo cual, quedaría exento de toda responsabilidad judicial Héctor Maican".

El día de los hechos -dice Aguilera- tres funcionarios de la guardia pertenecientes al comando de custodia y seguridad de las instalaciones de la empresa "Ferrominera del Orinoco", quienes se encontraban presentes en el lugar, detuvieron de inmediato dirigente sindical de PSUV Héctor Maican, reteniéndole un arma de fuego calibre 9 milímetros y recopilaron tres cartuchos percutidos. A este dirigente del "sindicalismo oficialista", el Ministerio Público le imputó el delito de lesiones leves producidas por arma de fuego contra otros dos trabajadores de la empresa, por lo que, en la audiencia de presentación éste admitió los hechos y fue condenado a cumplir la pena de 18 meses, pero en su hogar.

Señala el abogado, que el Ministerio Público, bajo la conducción de Luísa Ortega Díaz, "ordenó buscar a un enemigo político del gobierno nacional a quien responsabilizar de la muerte del trabajador Renny Rojas", pues para ese organismo había quedado "resuelto" el delito de lesiones leves, exonerando de toda responsabilidad penal al dirigente sindical Héctor Maican por el asesinato del trabajador. Ante eso, solo quedaba por resolver el homicidio de Renny Rojas, para lo cual, en la Fiscalía General decidieron imputarle el delito de homicidio al dirigente sindical Rodney Alvarez.

Considera el profesional del Derecho que, "Luísa Ortega Díaz, en complicidad con los jueces de la sala de casación penal del TSJ, en el año 2014, solicitó la radicación del caso en la ciudad de Caracas, cuya petición fue admitida con celeridad". Con el caso en Caracas, después de cuatro años, sólo restaba realizar la audiencia preliminar para continuar con el "atropello judicial contra Rodney Álvarez". Asegura el abogado que, "a un tribunal de control de la ciudad capital se le ordenó que mantuviese la medida privativa de libertad y admitiera todas las pruebas promovidas por el Ministerio Público" y que "dicho ordenamiento fue cumplido a cabalidad por el juez de la causa, admitió plenamente todo el acervo probatorio, calificó el delito de homicidio simple y ratificó la medida judicial privativa de libertad, ordenando que el imputado se mantuviese confinado en el internado judicial El Rodeo ll, donde permanece hasta la actualidad".

A la fecha de hoy, hace saber la defensa de Rodney Álvarez que el tribunal doce de juico del Área Metropolitana de Caracas a cargo de la abogada Paulette León Guevara, es quien conoce de la causa N° 12J-795-14, donde ha permanecido estacionado el proceso judicial paralizado por espacio de seis años, sin que a la fecha se haya realizado el juicio oral y público. Entretanto, ya Rodney Álvarez suma 9 años de privación de libertad sin juicio. De ahí la afirmación de que "el pasado 11 de junio se cumplieron nueve años de haber sido secuestrado Rodney Álvarez", sin ningún cambio sustancial, responsabilidad que le es atribuida al gobierno de Nicolás Maduro, lo cual, a criterio del citado abogado "pone en evidencia una vez más que este es un gobierno represor y flagrante violador de los derechos fundamentales".

En varias oportunidades durante el presente año y en años anteriores se han producido campañas, con concentraciones ante los tribunales, denuncias internacionales y tuitazos por la libertad de Rodney Álvarez y de otros trabajadores y dirigentes sindicales, para los que organizaciones laborales y movimientos tanto sociales como políticos exigen que sean puestos en libertad, por ser víctimas de la criminalización y judicialización de los reclamos y luchas de la clase trabajadora. Recientemente fue excarcelado (y puesto bajo arresto domiciliario) el trabajador Darío Salcedo, luego de un fuerte tuitazo que marcó 1ra Tendencia Nacional con esta demanda de libertad para él y para otros activistas obreros entre los cuales también se encuentra Rodney Álvarez como una de los más antíguos que permanece en una prolongada y penosa situación.