5 Enero 2020 - 4 ene CI.- Como recuerdo de los años del terror, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- llegaron a Bojayá, Chocó, con el nuevo año. Según la población, al menos cuatro comunidades fueron sitiadas por este grupo paramilitar, cuyos accionares desencadenaron una crisis humanitaria en la región durante el 2019.
Mientras las ciudades se preparaban para recibir el nuevo año, el 31 de diciembre los caseríos del Medio Atrato Corazón de Jesús, Loma de Bojayá, Cuia y Pogue, fueron hostigados por las AGC. Se calcula que hubo presencia de al menos 300 paramilitares y, como estrategia de coerción, llevaron regalos a los niños y reses a las familias.
Según los pobladores, aproximadamente a las 11:00 a.m comenzaron a llegar hombres armados y vestidos de civil que, al ser abordados, se identificaron como miembros de las AGC; afirmaron que habían llegado para ocupar el territorio y advirtieron que no se podía hicer ninguna llamada.
Esta situación fue denunciada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en su cuenta de Twitter:
En la población de Pogue se presentó una situación de confinamiento que, a pesar de que fue negada por Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, fue confirmada por los habitantes del caserío.
Estos hechos cristalizan la violencia que se vive a diario en la región chocoana y que, tanto los líderes de la región, como organismos de DDHH nacionales e internacionales, han denunciado en varias ocasiones.
Los Antecedentes
El confinamiento de 20 indígenas en el municipio de Juradó y el desplazamiento de más de 700 familias habitantes del Bajo Atrato chocoano en agosto del 2018; una incursión paramilitar en Riosucio para marzo del año pasado y el desplazamiento de doce familias que habitaban a la orilla del río Salaquí. La toma paramilitar que se vive actualmente en el Medio Atrato tiene unos antecedentes de consolidación y estrategias del terror que no han cesado, sino que por el contrario, se han recrudecido durante los últimos años.
Desde el primer semestre del año pasado, las comunidades indígenas del Bajo Atrato se movilizaron por la vida, en medio de un contexto de confinamiento, constantes amenazas y asesinatos sistemáticos de los líderes sociales de la región.
Aunque el Chocó no encabezó la lista de los departamentos con el índice más alto de líderes sociales asesinados, el temor y la zozobra sí permanecieron durante todo el año pasado en los habitantes de la región. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz- “…en algunos territorios, como el Chocó, unos grupos armados ya se consolidaron en zonas y no tienen necesidad de matar a los defensores. La solución no solo está con la llegada de la Fuerza Pública, sigue faltando el componente social en estos territorios”.
Debido a esto, en agosto se llevó a cabo la ‘Caravana Humanitaria por la Vida’ en el Bajo Atrato, con el fin de evidenciar y denunciar las condiciones de vida y la situación de derechos humanos. Según el informe final, “fue notable el temor constante de los habitantes siendo el silencio un factor generalizado de la población en materia de casos de violaciones de derechos humanos, convirtiéndose en una conducta marcada e impuesta en los territorios que logramos visitar”. Asimismo, se insistió en la estrecha relación que hay entre los grupos paramilitares y el ejército desde hace más de 20 años.