30 Dic. 2019 - Mauricio Fredes Fredes tenía 33 años, vivía en la Población Santa Magdalena de la popular comuna de La Pintana, una de las más pobres de la capital del país. Trabajaba en el rubro de la construcción como pintor y yesero. Una parte de lo que ganaba era para su abuela, con la que vivía y que recibía una mísera pensión. Ahora ya no contará con el aporte de su nieto, porque perdió la vida el viernes 27 de diciembre en la Plaza de la Dignidad, a la que había llegado a protestar cansado de tantas injusticias.

Fredes debió escapar de una violenta embestida de los efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, en el contexto de la estrategia de “copamiento” y “tolerancia cero” con las protestas ciudadanas, diseñada por el Intendente Felipe Guevara. En la intersección de la Alameda con calle Irene Morales cayó a una fosa de 1,80 metros de profundidad que tenía cables energizados y agua. Las labores de rescate se dificultaron y prolongaron a raíz de la persistencia de la acción represiva de la policía. Fue trasladado hasta la ex Posta Central, pero ingresó al recinto asistencial sin signos de vida.

Su cuerpo fue entregado por el Servicio Médico Legal en la tarde del domingo. Mientras la carroza fúnebre avanzaba por las calles de Independencia cercanas al Cementerio General, una multitud lo acompañaba con consignas y una versión instrumental de “El derecho de vivir en paz”.

A este doloroso episodio se suma el atropellamiento de un joven por carros lanza gases de Carabineros el 20 de diciembre y el incendio el 27 de diciembre del Cine Arte Alameda, presuntamente por una bomba lacrimógena. Y el caso de una menor de 10 años de edad que habría sufrido graves afectaciones a su salud debido a un uso indiscriminado de gases lacrimógenos, la noche del sábado 28, en el contexto de una velatón pacífica que se realizó en homenaje a Mauricio Fredes en el lugar de su muerte y que también fue reprimida.

Por todo ello, pareciera que la paciencia de la oposición política y las organizaciones sociales ha comenzado a agotarse. Desde Unidad Social se exige la salida de Guevara y el General Director de Carabineros, Mario Rozas. La instancia ha procurado además coordinarse con los partidos políticos para estos efectos, mientras se habla también de posible acusación constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la estrategia de represión de la movilización ciudadana.

UNIDAD SOCIAL

La Mesa de Unidad Social solicitó la salida del Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y del General Director de Carabineros, Mario Rozas, en el mismo lugar en el que murió Mauricio Fredes, en Alameda con Irene Morales, en el marco de la violenta represión desencadenada el pasado viernes para impedir la protesta ciudadana en la Plaza de la Dignidad.

Según los dirigentes, el hecho de que Carabineros haya copado la Plaza de la Dignidad es un acto ilegal e inconstitucional, ya que no hay estado de excepción en el país. Además, señalaron que la muerte de Fredes y el incendio del Cine Arte Alameda, que habría sido el resultado de una bomba lacrimógena, muestran el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza por parte de Carabineros.

El dirigente de Unidad Social y vicepresidente de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (CONFUSAM), Esteban Maturana, señaló que Rozas y Guevara han actuado al margen de la ley. “Deben renunciar. Están faltando a su primera obligación constitucional y legal, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes vigentes en el país. No lo están haciendo. Están al margen de la ley”, afirmó. Agregó: “Santiago no resiste un día más en manos de estos psicópatas”.

Hoy se dirigirán a La Moneda para entregar una carta con la petición. “Esta situación no da para más. Insistimos en que es un peligro público la presencia del Intendente a cargo de la seguridad pública de la región”, reiteró Maturana.

Luis Antonio Jara, dirigente de Unidad Social y coordinador nacional del Movimiento Litio para Chile, señaló que los recientes hechos de violencia “son responsabilidad política del Gobierno de Sebastián Piñera; el actuar de la policía no es al azar, sino que obedece a una política de represión que se ha adoptado desde La Moneda y que se ha mantenido en forma invariable desde el pasado 18 de octubre”.

“Piñera se niega a escuchar la voluntad del pueblo y se niega a reconocer las causas del descontento, y defender un modelo de privilegios para una élite. Por ello, durante estos 70 días ha mantenido la guerra contra la ciudadanía”, aseveró.

CRECE LA CONDENA

A esta demanda se suma una acusación constitucional que la oposición está preparando en contra del Intendente Guevara, luego de los devastadores efectos de la implementación de su estrategia de “tolerancia cero” para las “manifestaciones sin autorización”, aumentando el despliegue policial en el sector de la Plaza de la Dignidad, y luego de que un carro de Carabineros atropellara a un manifestante. A ello se han sumado los últimos hechos.

En ese contexto, el pasado viernes 27 la Mesa de Unidad Social convocó a 13 partidos de oposición a un encuentro en el que acordaron insistir en la salida de Rozas. A la reunión asistieron representantes de los Partidos Progresista, Comunista, Humanista, Igualdad, Demócrata Cristiano, Socialista, Revolución Democrática, Convergencia Social, Radical, PPD, Comunes, Liberal y Ecologista Verde.

No es todo. El domingo, a través de un hilo de Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó la estrategia del Intendente Guevara, expresando “su preocupación por la continuidad de los hechos de violencia y uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile, en el contexto de las protestas sociales en Chile en las últimas semanas”.En esa línea, la entidad, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), condenó la estrategia de Guevara, afirmando que “la ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos en que habitualmente se desarrollan manifestaciones de protesta, puede impedir o limitar seriamente el derecho a la protesta social pacífica en Chile”.



“La CIDH recuerda al Estado de Chile que la protesta social es un derecho humano protegido por el sistema interamericano y que medidas que pretendan impedir o limitar gravemente su ejercicio, como el ‘copamiento’ de espacios públicos dispuesto por la Intendencia Metropolitana, son inconvencionales”, agregó la entidad internacional.

La CIDH lamentó diversos incidentes que se han producido durante los últimos días, como “el atropellamiento de un manifestante por carros de Carabineros el pasado 20 de diciembre, el incendio el 27 de diciembre del Cine Arte Alameda, presuntamente por una bomba lacrimógena, y la muerte el 27 de diciembre de Mauricio Fredes, manifestante que huía de una carga policial y cayó a un hoyo con agua y cables de electricidad”.