“Pero lo más importante, es que lo vemos a un nivel masivo, y lo vemos durante una cantidad de tiempo muy mantenido con consecuencias muy graves para la población”, agregó.
Globos oculares estallados, balines en el cuerpo y fracturas por impacto de bombas lacrimógenas son algunas de los centenares de lesiones causadas por la represión policial a las multitudinarias protestas en las que hace dos semanas se exigen una mejor calidad de vida en Chile.
Alrededor de un centenar de representantes de organizaciones sociales expusieron el viernes sus denuncias ante cuatro delegadas del grupo de Bachelet, que escuchó por cinco minutos a cada uno, incluidos delegados de pueblos originarios, de agrupaciones homosexuales y estudiantes. También entregaron informes al grupo.
Amnistía Internacional llamó al gobierno y al presidente Sebastián Piñera a poner todas las medidas “para evitar que esto siga pasando día con día”. Lo criticó porque “nos está mandando un mensaje pésimo, porque es su obligación parar esta represión y este tipo de política, las cifras hablan por sí solas”.
“Hicimos una exposición, incluso con fotografías de pacientes que han perdido no sólo la visión sino algunos también el globo ocular”, contó el doctor Enrique Morales, presidente del Colegio Médico, uno de los presentes.
Según la agrupación gremial, desde el estallido de la crisis hace 16 días, los médicos han atendido a 157 personas con lesiones oculares por balines o bombas lacrimógenas, de las cuales varias presentaron estallido ocular con la consiguiente pérdida de visión. Las cifras van variando y no consideran a pacientes atendidos en centros de salud privados.
“Independientemente de que el director de Carabineros (policía) diga que se está haciendo todo bien... tenemos la certeza, así como la gran mayoría de las personas que asistimos a esta reunión, que esos protocolos no se están respetando”, aseguró Morales.
El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su último balance dijo que registra 1.574 heridos en hospitales, incluidos 473 por disparos de perdigones, 305 por armas de fuego no identificadas, 40 por bala, 30 por balines y 157 con lesiones oculares. Han presentado 179 acciones judiciales en actuaciones de agentes del Estado, incluidas cinco querellas por homicidio y 18 por violencia sexual.
El equipo de Naciones Unidas, que no da entrevistas de prensa ni anuncia su itinerario, recogerá testimonios e informes en todo el país, en una labor que se extenderá hasta el 22 de noviembre.
“Las lesiones que se presentan en las personas son disparos a corta distancia (por bombas) lacrimógenas lanzadas hacia el cuerpo. En general (hay) uso excesivo de la fuerza y violencia... porque hemos atendido muchos lesionados”, dijo a la AP el enfermero Byron García.
María José Guerrero, presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero, afirmó a la AP que en el país hay una “violencia político-sexual, porque son los agentes del Estado quienes realizan este tipo de violencia sexual, en un contexto de extrema vulnerabilidad, donde a las mujeres se las hace desnudar, donde se las lleva a lugares de puntos ciegos de las cámaras...”.
“Estas cifras (18 denuncias de violencia sexual) ocultan bastante lo que ha ocurrido”, señaló.
Las protestas estudiantiles por un alza en el transporte subterráneo derivaron el 18 de octubre en disturbios en los que el metro resultó con daños graves e incendios, así como en saqueos de supermercados y farmacias, entre otros comercios. Esas protestas iniciales derivaron luego en manifestaciones multitudinarias que no han cesado y las redes sociales difunden nuevas convocatorias para esta semana.
